Las iniciativas para reconocer oficialmente la religión rastafari en el Caribe ganan terreno en Jamaica y en San Vicente, donde el gobierno presentó una ley para proteger las trenzas de los rastas encarcelados.
Pero algunos aspectos de la fe rastafari, en particular el uso ritual de la marihuana, siguen siendo trabas para los legisladores interesados en lograr un ambiente menos represor para esta creencia.
En Jamaica, lugar original de la fe, existe la dificultad adicional planteada por los rastas que reclaman indemnización por la brutalidad con que aseguran fueron tratados en el curso de los años.
El flamante Defensor Público, Howard Hamilton, declaró que los derechos de los rastas figuran entre sus prioridades y que buscará la aceptación formal de esa fe.
Entretanto, en San Vicente, el ministro de Salud Joseph "Burns" Bonadie anunció que pretende aplicar una recomendación del jurista Frederick Smith, quien expresó que se debería permitir a los rastas presos conservar su particular peinado.
Esa opción no existe en Trinidad y Tobago, pese a que la Ley de Prisiones vigente desde hace 160 años hace una excepción para las mujeres y los musulmanes, y podría dar lugar a una concesión similar a los rastas, según Michael Mollineau, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Prisiones.
El conocido empresario rastafari Nyabinghi (Brian el Cuarto), de Trinidad, dijo que si bien piensa que los rastas deberían beneficiarse con esa ley, habría que hacer una distinción entre los que llevan las trenzas como una moda y aquellos que las usan porque responden a fines religiosos.
"Existe la necesidad de crear conciencia en la gente acerca de la fe rastafari", expresó.
Sin embargo, mientras la cuestión de las trenzas parece despertar amplio consenso, el consumo de marihuana todavía es un tema sumamente conflictivo, aunque hay mayor apertura en ciertos sectores sociales.
En una iniciativa no relacionada directamente con las prácticas de los rastafaris, el gobierno de Guyana mitigó considerablemente las penas por posesión de marihuana mediante una enmienda a la ley de 1988 sobre Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas.
Antes, la posesión de menos de cinco gramos de marihuana podía llevar a una condena de tres a cinco años de cárcel, pero ahora los servicios comunitarios figuran como opciones menos drásticas de los tribunales.
En Jamaica, el Senado autorizó al gobierno en octubre a crear una comisión nacional que examine, entre otras cosas, la despenalización de la posesión de marihuana con fines "médicos y personales".
Eso siguió a una resolución en septiembre del gobernante Partido Nacional Popular (PNP) para que la comisión "considere los aspectos legales, medicinales económicos y socioculturales del uso" de la marihuana. Una fracción partidaria había pedido antes la total legalización de la droga.
Gente como el trinitario rastafari Ras David, que trabaja como empleado en una compañía estatal y también cultiva y vende marihuana, dijo que el uso de la hierba es una práctica sagrada para todos los rastas.
David se quejó porque el precio de la marihuana aumentó astronómicamente en los últimos dos años por los allanamientos policiales en los campos cultivados, lo cual dió lugar a un incremento de las importaciones desde Colombia y San Vicente.
"Estoy seguro que si nos dejaran tranquilos veríamos a menos jóvenes en las calles. Como la hierba trae paz, habría menos bandidos y ladrones", aseguró.
El vicentino Junior Cottle, que dirigió protestas del grupo Comité de Ciudadanos Preocupados y Agricultores de Marihuana de San Vicente ante los allanamientos de 1998 ordenados por Estados Unidos, dijo que el comercio de la hierba creaba trabajo y beneficiaba la economía isleña.
Cottle dijo que más de 7.000 hectáreas están cultivadas con marihuana, lo cual en forma directa o indirecta da trabajo a unas 8.000 personas.
Desde entonces, Cottle siguió adelante y formó el grupo Desarrollo Alternativo para el Progreso Popular, que actúa a la sombra del Frente Unido para el Progreso (UFP), que hizo una marcha de protesta el mes pasado en Kingston contra la administración de James Mitchell.
Sin embargo, algunas autoridades están convencidas que el cultivo y la venta de marihuana representan mucho más que una simple función ritual rastafari.
Por ejemplo, cuando el senador independiente Trevor Munroe propuso en Jamaica despenalizar la posesión de marihuana para uso médico y personal, surgió la acusación que sólo ayudaría a proteger y aumentar "un gran negocio".
Paul Chang, quien encabeza la Alianza Nacional para la Legalización de la Marihuana, propuso bares y quioscos especiales en los conciertos donde se pueda vender la hierba al público.
Los grupos rastafaris del Caribe, por su parte, ejercieron presión en 1998 en la Conferencia sobre Drogas de la Organización de las Naciones Unidas para hacer una distinción entre la hierba y los estupefacientes "pesados".
Un informe de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca estadounidense señaló que no hay pruebas de que la marihuana actúe como aliciente para el posterior consumo de narcóticos más fuertes.
Los rastas señala el éxito que tuvo en Jamaica un fármaco derivado de la marihuana para tratar el glaucoma y otro para prevenir bronquitis y asma.
David observó que mientras los derechos y rituales de pequeños grupos religiosos como los orishas y baptistas son reconocidos oficialmente en Trinidad y Tobago, la fe considerada como una de las mayores fuerzas unificadoras del Caribe sigue siendo proscripta. (FIN/IPS/tra-en/wg/da/ego/aq/cr/00
