La muerte de un manifestante en Brasil, como resultado de la represión policial ocurrida el martes en el estado de Paraná, agravó el clima de confrontación entre el gobierno y el Movimiento de los Sin Tierra (MST).
Antonio Tavares Pereira, campesino de 38 años y padre de cinco niños, fue herido de un tiro en el vientre en la mañana, cuando unos mil policías militares reprimieron a 1.300 integrantes del MST en una carretera, cerca de Curitiba, capital del estado de sueño estado de Paraná.
Tavares Pereira fue hospitalizado de inmediato, pero falleció es mismo martes por la noche.
El secretario de Seguridad Pública estadual, José Tavares, trató de restar responsabilidad a la policía en el hecho, arguyendo que el herido fue llevado al hospital a las 9:09 hora local, más de una hora antes del principal enfrentamiento, y que fue encontrado en otra carretera, donde no hubo problemas.
Sin embargo, Roberto Baggio, uno de los coordinadores del MST en Paraná, dijo que lo informado por Tavares era mentira, ya que la represión a manifestantes que pretendian entrar en Curitiba comenzó entre las 8:15 y 8:30 horas y que varios testigos comprueban la presencia de Tavares Pereira en el grupo "brutalmente atacado".
Hay probablemente "otros muertos ocultados por la policía" que dispersó a los participantes en la protesta y luego "los cazó" con violencia, acusó Baggio, quien estimó en 300 los heridos en la refriega, además de numerosos "desaparecidos".
El secretario de Seguridad Pública aseguró que la policía solo tiró balas de caucho y no munición letal en la operación. Sin embargo, el Instituto Médico Legal confirmó que fue una bala de plomo la que provocó la muerte del campesino.
La viuda María Sebastiana Pereira dijo estar segura que su esposo, miembro del MST desde hace seis años, fue muerto por la policía durante el ataque a los campesinos, cuando fueron obligados a dejar los autobuses en los que viajaban.
La Comisión Pastoral de la Tierra, órgano de la Iglesia Católica, emitió una nota con un "rechazo vehemente" a la versión del secretario Tavares y acusó el gobernador estadual de Paraná, Jaime Lerner, de practicar una política de "violenta represión" a los campesinos.
"Durante su gobierno fueron asesinados 15 trabajadores rurales, muchos por la misma policía militar", crímenes que permanecen impunes en su totalidad, destaca la nota.
Tavares indicó que la operación del martes fue necesaria porque el MST pretendía "invadir edificios públicos en Curitiba", como lo hizo en otras 12 capitales del país el martes por la mañana.
Además, justificó la violencia policial señalando que los campesinos estaban "fuertemente armados" de machetes y hoces, e informó que 200 de estos elementos y una pistola fueron requisados por las fuerzas de seguridad.
"Son instrumentos de trabajo y un símbolo del movimiento, y no armas", contrarrestó Baggio, quien estuvo algunas horas detenido.
El objetivo era una "manifestación pacífica" en favor de la reforma agraria y en solicitud de más crédito para los campesinos asentados, añadió.
Baggio sostuvo que la represión policial fue "ilegal, sin amparo constitucional", ya que no se basó en ninguna orden judicial.
El gobernador Lerner "usa la policía para matar y masacrar, identificando al MST como enemigo", denunció el dirigente.
En tanto, otro coordinador del MST, Gilmar Mauro, anunció en Brasilia que el movimiento abandonará las sedes gubernamentales ocupadas en una docena de grandes ciudades, pero aclaró que los campesinos sin tierra se mantendrán acampados delante de los edificios.
En la "jornada de luchas", iniciada el martes con esas ocupaciones y manifestaciones en 19 capitales estaduales del país, el MST tuvo como principal blanco las sedes pertenecientes al Misterio de Hacienda y no las del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario encargado de sus reclamos.
La reforma agraria depende de recursos que sólo el presidente Fernando Henrique Cardoso y el ministro de Hacienda, Pedro Malán, pueden liberar y, en cambio, el titular de la cartera de Desarrollo Agrario, Raul Jungmann, "no tiene poder", arguyó Mauro.
Por eso el MST pide para poner fin a sus acciones una audiencia con Cardoso, Malán o, al menos, con el jefe del gabinete civil de la Presidencia, Pedro Parente, vinculado al área económica del gobierno.
Parlamentarios de oposición de izquierda criticaron la radicalización del MST y tratan de negociar un diálogo entre campesinos y el gobierno para contener la escalada de violencia de ambas partes.
Pero las autoridades consideran a la lucha de los trabajadores rurales "sin tierra un caso policial".
El presidente Cardoso acusó el movimiento de "desviarse del orden democrático", justificando la represión llevada a cabo por los gobiernos estaduales a través de sus policías, desde mediados de abril.
El MST entiende que no es una reforma agraria lo hecho en el marco del programa gubernamental que, según el Ministerio de Desarrollo Agrario, ya asentó más de 300.000 familias desde la asunción de Cardoso en 1995, "más que la suma de asentamientos hechos por todos los gobiernos anteriores".
En este período también se expropiaron tierras de grandes terratenientes, en una extensión mayor al territorio de Bélgica, como nunca antes en la historia brasileña, afirmó el ministro Jungmann.
A pesar de ello, el MSP sostiene que lo realizado es insuficiente para solucionar el problema del latifundio en Brasil, donde uno por ciento de los propietarios concentra 44 por ciento de las tierras del país, mientras cinco millones de familias carecen de terrenos para trabajar.
El movimiento de campesinos coordina campamentos en todo Brasil, que acogen casi 100.000 familias a la espera de que se les entreguen tierras para cultivar.
Además, la política agrícola del actual gobierno obligó a 400.000 familias a dejar el campo en sólo dos años, según datos oficiales, lo cual supera el total de familias asentadas en cinco años, recuerdan líderes del MSP. (FIN/IPS/mo/dm/if ip/00
