Francisco Graziano, quien fue responsable de la reforma agraria en Brasil a comienzos del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmó que los proyectos en la materia de los últimos 15 años fracasaron porque se basan en un modelo de producción inviable.
Las críticas de Graziano, un ingeniero agrónomo y ex presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), se sumaron a que plantean por otros motivos el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Iglesia Católica.
Las autoridades necesitarían disponer de 40.000 millones de dólares para otorgar tierras de inmediato a los 4,6 millones de familias de campesinos que las piden, y esa inversión está fuera de las posibilidades del Estado.
Además, Graziano afirmó esta semana que ese gasto sería inútil.
Cuatro presidentes, José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Itamar Franco (1992-1993) y Fernando Henrique Cardoso (1993-1998 y reelecto ese año), entregaron 25 millones de hectáreas de tierra a 600.000 familias de campesinos durante los últimos 15 años.
Esa superficie equivale a ocho veces la superficie de Bélgica, pero Graziano señaló que no se ha advertido ningún aumento de la producción agrícola en el período.
Cardoso aceleró en forma considerable el proceso, ya que en cinco años entregó 12 millones de hectáreas a 370.000 familias, las cuales recibieron apoyo técnico y financiero para iniciar la producción.
Sin embargo, Graziano indicó que la "inviabilidad económica de los nuevos asentamientos lleva a una de cada cuatro familias asentadas a deshacerse de la tierra en la primera oportunidad que tiene".
El ex presidente del INCRA acusó al MST de "enriquecerse" desde el punto de vista institucional a costa de la reforma agraria, y de reclutar desocupados en los cinturones de miseria de las grandes ciudades brasileñas para engrosar las filas de quienes piden terrenos.
Las cuestiones de la tenencia de la tierra y el empleo agrícola han cambiado en forma sustancial en el mundo moderno, por el impacto de nuevas tecnologías que tienden a acelerar la pérdida de puestos de trabajo en el campo, apuntó el experto, quien se define como "un izquierdista que nunca dejó de serlo".
Graziano abogó por un nuevo modelo de reforma agraria con asentamientos que no se dediquen en forma exclusiva a la agricultura, sino que también produzcan viviendas, muebles y otras mercaderías.
También propuso que se amplíe la gama de actividades de quienes trabajan en áreas rurales, y que por ejemplo los guardias forestales sean a la vez guías turísticos.
El modelo de la propuesta es un kibbutz (establecimiento rural de explotación colectiva) que Graziano visitó hace siete años en Israel, en el cual 900 personas ocupaban apenas diez hectáreas y combinaban los cultivos agrícolas, la cría de 400 cabezas de ganado lechero y la explotación de una pequeña granja.
La diferencia de esa experiencia con los modelos aún en boga en América Latina era que la gran mayoría de los habitantes del kibbutz se dedicaban a actividades no agrícolas, entre ellas un restaurante, una escuela y una institución preescolar, un hotel e incluso el montaje de piezas para la industria, explicó Graziano.
Las declaraciones del ex presidente del INCRA aumentaron la polémica acerca de la reforma agraria, ya caldeada por las protestas de los "Sin Tierra", su represión por parte de las fuerzas de seguridad y críticas de los obispos católicos a la "lentitud" e "insuficiencia" del reparto de tierras.
El gobierno de Cardoso, quien ha calificado el proyecto en curso como "la reforma agraria más grande del mundo", rechazó el diagnóstico de Graziano y aseguró que el actual programa Nuevo Mundo Rural "integra los asentamientos a la vida productiva".
Georges de Lamazière, portavoz del presidente, afirmó que Cardoso y su actual ministro de Reforma Agraria, Raúl Jungmann, han logrado "unir la reforma agraria con la agricultura familiar mediante una conexión directa".
Los principales dirigentes del MST admitieron que comparten algunas de las críticas de Graziano, pero sostuvieron que las principales dificultades de la reforma agraria son la falta de subsidios y la fuerte reducción del crédito para proyectos agrícolas.
El economista y dirigente del MST Juan Pedro Stédile apuntó que durante la dictadura militar (1964-1985) se destinaron 31.000 millones de dólares a subsidios para los campesinos, y que esos subsidios cesaron por completo desde el retorno de la democracia.
Stédile criticó el actual modelo de desarrollo agrícola volcado hacia la exportación, y afirmó que las grandes empresas multinacionales utilizan los avances técnicos como una forma más de explotación en el marco de ese modelo.
El dirigente aseguró que en la actualidad un establecimiento rural debe tener por lo menos 50 hectáreas para generar un ingreso equivalente a un salario mínimo (80 dólares por mes).
Según datos del gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, entre 1985 y 1996 desapareció casi un millón de establecimientos agrícolas, y 96 por ciento de ellos tenían menos de 100 hectáreas, indicó.
Sólo 17 por ciento de los actuales establecimientos rurales del país son considerados viables, y 60 por ciento de ellos están al borde de la quiebra.
Más allá de la polémica acerca del modelo de producción, persiste una profunda y tradicional desigualdad en la propiedad de la tierra.
Mientras 4,6 millones de familias piden tierra para trabajar, uno por ciento de los propietarios acaparan casi la mitad de las tierras cultivables. Esa concentración de la propiedad no se ha modificado en los últimos 30 años. (FIN/IPS/rs/mp/dv/00
