Su decisión de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, un símbolo de la dictadura militar, ha costado al gobierno de Brasil el rechazo de la misma opinión pública que condenaba la radicalización del Movimiento de los Sin Tierra (MST), blanco de la medida.
Más de 40 militantes del MST fueron detenidos por participar el 2 de este mes en 19 ciudades en la invasión de edificios gubernamentales o de intentarlo, en algunos casos con daños al patrimonio público y con amenazas a funcionarios.
Dos detenidos ya fueron enjuiciados bajo la ley creada por el régimen militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985.
Juristas y el gobernador del estado de SFo Paulo, Mario Covas, cuya policía mantiene presos a 14 "sin tierra", se unieron a las críticas de la oposición al empleo de una legislación autoritaria.
Incluso el ministro de Desarrollo Agrario, Raul Jungmann, y el general Alberto Cardoso, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, se manifestaron en contra de la medida.
La ofensiva campesina del martes pasado buscó forzar al gobierno a acelerar la reforma agraria y a otorgar más créditos de bajo costo a las familias ya asentadas. EL MST exigía una negociación directa con el presidente Fernando Henrique Cardoso o con algún ministro del area económica.
La reacción del gobierno fue ordenar a la Policía Federal de la represión de los "delitos agrarios", recurriendo a la ley de Seguridad Nacional y colaborando con la policía de los estados.
El gobierno federal también anunció sanciones contra la invasión de tierras paracticada por el MST y descentralizó la reforma agraria, facultando a las autoridades estaduales a realizar asentamientos en sus territorios.
Cardoso acusó el MST de "desviarse de la democracia" y de pretender "la toma del poder" y amenazó movilizar a las Fuerzas Armadas para expulsar a los militantes de 14 edificios públicos ocupadas el 2 de mayo. La dirección del MST decidió abandonar los edificios el viernes, atendiendo a la recomendación de los partidos de izquierda.
La Federación Nacional de Policías Federales, organización sindical de los 12.000 agentes subordinados al Ministerio de Justicia, orientó sus afiliados a desechar el uso de la ley de Seguridad Nacional en la represión a los "sin tierra".
El presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Reginaldo de Castro, calificó de "típicas de gobiernos militares" las medidas adoptadas y las amenazas del gobierno, considerando un error resucitar una ley de origen ilegítimo.
El gobierno se equivoca al tratar una "cuestion social", que es la lucha por la redistribución de la tierra, como policial e incluso militar, coincidieron Castro, el gobernador Covas, correligionario de Cardoso en el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y dirigentes de la oposición.
El gabinete de Cardoso afirmó que las duras medidas son necesarias para afrontar una amenaza a la democracia. Las fuerzas militares serían empleadas para desalojar los edificios públicos ocupados por los campesinos, en los casos en que los gobernadores se resistieran a movilizar a la policía estadual para la tarea represiva.
"Es una exageración", porque no hubo ni hay riesgo institucional, comentó el abogado Miguel Reale, profesor de la Universidad de SFo Paulo y varias veces invitado a encabezar el Ministerio de Justicia.
Las decisiones gubernamentales se basaron en encuestas de opinión pública que indican una notable caída de la simpatía popular hacia el MST debido a la toma de sedes oficiales y la con retención de funcionarios como "rehenes".
Sondeos independientes confirman la gradual pérdida de la popularidad del movimiento por la reforma agraria desde hace cuatro años, cuando contaba con la aprobación de más de 80 por ciento de la población, que incluso estaba de acuerdo con sus operaciones de ocupación de predios rurales improductivos.
La opinión pública rechaza las acciones más radicales y violentas. La reforma agraria, sin embargo, mantiene un fuerte respaldo popular como medio de resolver la gran concentración de tierras, el desempleo y el éxodo rural, un factor que aumenta la pobreza urbana.
El MST tuvo que suspender su ofensiva de la semana pasada, ante la reacción del gobierno y el distanciamiento de sus aliados izquierdistas, especialmente el Partido de los Trabajadores, cuyos líderes tratan de restablecer las negociaciones con las autoridades.
Pero las medidas gubernamentales, que recuerdan a muchos la represión política del tiempo de la dictadura militar, pueden ofrecer al MST la oportunidad de recuperar un amplio respaldo y alianzas.
La Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura, representación sindical de los asalariados rurales y pequeños agricultores, promueve para este miércoles en Brasilia el "Grito de la Tierra", un acto por la reforma agraria en que espera reunir a 10.000 personas.
La Confederación, de posiciones más moderadas que el MST, condenó la decisión gubernamental de "penalizar acciones del movimiento social".
El MST ganó un nuevo mártir, el campesino Antonio Tavares Pereira, de 38 años y cinco hijos, muerto por la policía durante las manifestaciones del 2 de mayo en el sureño estado de Paraná. Además, denunció que hay cuatro desaparecidos, y testigos afirman haber visto a otro manifestante con un tiro en la cabeza tras el ataque de la policía.
La violencia de la represión puede ampliar también el apoyo de que el MST tiene en el exterior, con manifestaciones de solidaridad con los militantes encarcelados, a quienes el movimiento considera "presos políticos".
El MST logró un amplia popularidad interna e internacional cuando 19 de sus miembros fueron asesinados durante una marcha en el norteño estado de Pará, en abril de 1996. Ninguno de los 155 policías militares que dispararon contra los campesinos en ese episodio ha sido condenado por la justicia, pese a que la matanza fue filmada y exhibida por la televisión.
El MST, fundado hace 15 años, es hoy el grupo opositor de mayor capacidad de movilización en Brasil. Su dirección asegura tener más de 100.000 familias en los campamentos que ha organizado a lo largo del país a la espera de su radicación definitiva en tierras agrícolas.
También tiene el apoyo de gran parte de las familias asentadas en proyectos de reforma agraria desde los años 80, que suman cerca de 400.000, según el gobierno. (FIN/IPS/mo/ff/hd ip/00
