La condena a ocho años de cárcel a un general retirado y dos oficiales de policía por la matanza en 1997 de 45 indígenas en el estado de Chiapas representa el comienzo del fin de la impunidad, señalaron esta semana grupos humanitarios.
En su calidad de director de la policía auxiliar de Chiapas, en el sur del país, el general retirado Julio César Santiago Díaz fue declarado culpable de homicidio por omisión a raíz de la matanza de un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres tzotziles en la localidad de Acteal.
La justicia local encontró también culpables de homicidio y lesiones por omisión de indígeneas desplazados por la violencia en el estado a los oficiales de policía Roberto García y Roberto Méndez, según el comunicado difundido el miércoles por la Procuraduría General (fiscalía).
El 22 de diciembre de 1997, paramilitares atacaron a refugiados tzotziles, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asentado en las selváticas montañas del norte de Chiapas desde enero de 1994.
De acuerdo con declaraciones de testigos, en el episodio resultaron heridas 25 personas y desaparecieron otras cinco, y los cuerpos de seguridad locales intervinieron cuatro horas después de perpetrado el ataque.
A mediados de 1999 autoridades judiciales sentenciaron a más de 30 años de prisión a 57 personas, la mayoría indígenas, como autores materiales de la matanza.
En diciembre pasado fueron sentenciados a seis años de cárcel dos funcionarios públicos del estado por haber protegido a quienes perpetraron el ataque en Acteal.
Las últimas sentencias significan "el comienzo de la aplicación de la justicia en uno de los casos más graves de violación de las garantías individuales en Chiapas", dijo este jueves a IPS Fabián Sánchez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
Sin embargo, la condena es mínima "si se considera la magnitud de la hechos", además de que dejó intactos a "otros actores políticos a los que no se les ha abierto aún juicio", destacó el jurista.
Además, "el procedimiento debió haber sacado a la luz el papel del ejército como capacitador de las bandas paramilitares en la región", y ese es un asunto que "queda pendiente para la plena aplicación de la justicia", señaló Sánchez.
Organizaciones no gubernamentales esperan conocer en estos días cuáles fueron los fundamentos jurídicos en que se basó el juez para dictar la sentencia, declaró el abogado.
Santiago Díaz se encontraba en momentos en que se cometía la matanza a la orilla de la carretera a Acteal y durante varias horas se abstuvo de actuar o pedir apoyo a otras unidades policiales, pese a que escuchaba disparos y ráfagas de metralleta en esa comunidad del municipio de Chenalhó.
Además, el militar en retiro "reportó a sus superiores que no había novedad cuando le fue requerida la información sobre la situación que prevalecía en la comunidad", informó la Procuraduría General.
Las sentencias fueron pronunciadas una semana después de una serie de emboscadas y enfrentamientos en Chenalhó y otros municipios cercanos, con saldo de varios muertos y heridos.
Mientras, se intensificó la presencia del ejército y la policía en la zona zapatistas. El municipio de Polhó, declarado autónomo por los rebeldes, es intensamente transitado por vehículos castrenses y sobrevolado por helicópteros de las fuerzas armadas.
"Polhó no es Los Pinos (residencia presidencial), aquí no se esconden asesinos" y "aquí no hay criminales" son algunas de las leyendas escritas en grandes mantas colocadas por los lugareños.
Hacia Polhó se desplazó en los últimos años gran número de indígenas que huyen de la violencia destada por bandas de paramilitares que dominan a comunidades de la región.
El incremento de la presencia de efectivos militares y policiales en la zona se da en el marco de una operación de búsqueda de supuestos responsables de las últimas emboscadas, así como de miembros de un grupo de traficantes de drogas y armas.
En medio de ese clima, el presidente Ernesto Zedillo destacó que en Chiapas "hay fundamentalmente paz social", por lo que ese estado dejó de ser el "paradigma del enfrentamiento".
Zedillo calificó de "excepción" y de "casos aislados" los acontecimientos violentos en las comunidades del estado sureño.
Hasta hace poco, Chiapas representaba el modelo "del desacato al estado de derecho en el país", pero "hoy eso ha cambiado radicalmente", afirmó el mandatario en una visita a la entidad.
Zedillo declaró que su gobierno aplicó la política y los recursos económicos necesarios para dar la batalla a "la verdadera amenaza de Chiapas: el atraso, la desigualdad y la injusticia".
Las autoridades judiciales estiman que "la vida de 45 indígenas apenas vale ocho años de cárcel para uno de los principales responsables y amnistía perfecta para casi todos los demás", sostuvo el diario La Jornada en un editorial.
Además, "las responsabilidades políticas y penales correspondientes al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y a sus colaboradores más cercanos no han sido ni siquiera investigadas", agregó el periódico, que se edita en la capital mexicana.
"En un contexto de paz social y de conflictos sociales disminuidos resulta difícil justificar la masiva, constante, onerosa y agraviante presencia militar en amplias regiones del estado", afirmó La Jornada.
Contra el "triunfalismo oficial" se superponen los reportes diarios de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras que dan cuenta de la "persistencia de la injusticia, miseria, opresión, cacicazgo, racismo y opresión" en Chiapas, concluyó el diario.
El gobierno asegura perseguir a los culpables de la matanza indígena. (FIN/IPS/pf/mj/ip hd/00)
