El Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por la ausencia en la jurisdicción federal de Estados Unidos de una tipificación de ese delito que concuerde con las disposiciones de la Convención internacional en la materia.
El organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó también inquietud por el número de casos de malos tratos perpetrados por policías contra ciudadanos y por similares episodios de violencia que se registran en las cárceles.
Gran parte de esos malos tratos atribuidos a policías y guardias de cárcel se basan aparentemente en la discriminación, dijo el cómité encargado de examinar los informes de los países sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura.
Fuentes allegadas al comité estimaron que las conclusiones y recomendaciones sobre el informe de Estados Unidos, divulgadas el lunes, "se asemejan al promedio normal" de observaciones que el organismo formula a los países miembros de la Convención.
Sin agregar comentarios de fondo, la delegación de Estados Unidos presente en la audiencia agradeció las conclusiones del comité y aseguró que recibirán atención por parte de las autoridades de Washington.
La semana pasada, cuando comenzó a debatirse el caso de Estados Unidos, el subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de ese país, Harold Hongju Koh, se había declarado "muy orgulloso de nuestros antecedentes en materia de eliminación de la tortura".
Koh agregó, sin embargo, que "reconocemos (la existencia) de áreas permanentes de preocupación dentro de Estados Unidos".
Amnistía Internacional, organización de derechos humanos con sede en Londres, había demandado previamente al comité una condena de Estados Unidos por los casos de torturas que identificó en su mayoría en las acciones de policías y guardias de cárcel.
El comité de la ONU, integrado por 10 expertos independientes, mostró preocupación también por los casos denunciados de abusos sexuales contra mujeres detenidas y encarceladas, perpetrados por funcionarios oficiales y personal de las prisiones.
Las mujeres detenidas y encarceladas afrontan situaciones frecuentes de humillación y degradación, dijo el comité.
Otra preocupación del organismo se refirió al empleo de instrumentos de choques eléctricos y a otros métodos de restricción que violan disposiciones expresas de la Convención contra la Tortura.
Durante el presente período de sesiones, del día 1 al 19, el comité observó que en Polonia algunas fuerzas de policía actúan de manera agresiva con los detenidos, en episodios que en ciertos casos han ocasionado muertes.
También preocupó al comité la persistencia en el ejército polaco de la práctica denominada "fala", que implica la perpetración de abusos y humillaciones contra los nuevos reclutas.
En el caso de Portugal, el comité declaró inquietud por los informes permanentes acerca de muertes y malos tratos producidos "por el contacto entre el público y los policías", al igual que por la violencia entre reclusos en las cárceles.
En el análisis de la situación en China, el organismo manifestó preocupación por las denuncias continuadas de graves episodios de torturas, en especial relacionados con pobladores tibetanos y de otras nacionalidades minoritarias.
El comité recomendó a las autoridades de Beijing que incorporen al ordenamiento jurídico nacional una definición de tortura que concuerde con los términos recogidos por la Convención.
La misma definición del delito fue reclamada por el comité al gobierno de Paraguay, en recomendaciones que mencionan también la comisión de actos permanentes de torturas en locales de la policía.
El organismo citó así mismo casos de torturas en las fuerzas armadas paraguayas, relacionadas con los malos tratos deparados a los reclutas.
En respuesta a preguntas del comité, la delegación del gobierno paraguayo dijo que su país había juzgado a los miembros de la dictadura del general Alfresdo Stroessner acusados de delitos de torturas, que en algunos casos merecieron penas superiores a 25 años de prisión.
Paraguay, dijo la representación, fue el único país del Cono Sur de América (Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay) que no dictó leyes de amnistía con relación a los delitos cometidos por las dictaduras que predominaron en esa región en las décadas del 70 y el 80.
Pero la delegación lamentó que muchos responsables de torturas en su país se encuentren todavía prófugos.
Al respecto, lamentó que Brasil se rehúse a extraditar a Stroessner con el pretexto de que goza de asilo político. De la misma manera, agregó, Honduras niega la entrega del ex ministro del Interior de la dictadura, Sabino Augusto Montanaro. (FIN/IPS/pc/mj/hd/00)
