Dos mil organizaciones de la sociedad brasileña recurrieron a la comunidad internacional para corregir la exclusión de derechos humanos esenciales de los programas oficiales del país.
Una delegación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de otras instituciones entregó en Ginebra al Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales el Informe de la Sociedad Civil, que denuncia el incumplimiento de los compromisos del gobierno en esas áreas.
Brasil ratificó en 1992 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), aprobado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 1966.
Pero, hasta ahora, el gobierno no rindió ningún informe sobre planes y metas para aplicación del convenio, una obligación que debía cumplir dos años después de la ratificación del Pidesc.
Ante la omisión, las ONG tomaron la iniciativa de elaborar un "informe alternativo" y llevarlo al Comité de la ONU, explicó Romeu Olmar Klich, secretario del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, una red de más de 300 entidades brasileñas.
"Fue un proceso participativo, con cerca de 2.000 organizaciones discutiendo en 18 audiencias públicas en todo el país", señaló Klich, un pastor presbiteriano.
La sociedad se anticipó al gobierno, "un hecho sin precedentes" en el Comité de la ONU, que lo consideró un ejemplo para otros países en que el Estado no cumple el Pidesc, agregó.
El Comité de la ONU realizará su próxima sesión en septiembre y examinará entonces el caso de Brasil. Si el gobierno no presenta su propio documento, el informe alternativo será tratado como oficial, según ha asegurado la presidenta del cuerpo, Virginia Bonoan-Dandan, dijo Klich.
Usualmente, las ONG se manifiestan a través de un "contrainforme", que critica o corrobora la versión oficial, contribuyendo a las conclusiones del Comité. Brasil es la excepción.
El diputado Nilmario Miranda, quien presidió hasta el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y participó en la misión a Ginebra, cree que el gobierno presentará su informe este año, ante las presiones internas e internacionales.
Brasil es señalado internacionalmente como escenario de frecuentes violaciones de los derechos humanos, de masacres de niños, campesinos sin tierra, indígenas y presos. También es sinónimo de desigualdad social, por su mala distribución del ingreso y una extremada concentración de la riqueza en manos de una pequeña minoría.
El documento elaborado por las ONG y por diputados y fiscales del Ministerio Público, "miembros del Estado pero independientes, que responden a la sociedad", destaca violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
La miseria y el hambre en que viven por lo menos 26 millones de brasileños, el caso de los 2,5 millones de niños sometidos a trabajo penoso, la desventaja de los negros y las mujeres en términos de ingreso, salario, educación y poder, son algunas de las situaciones denunciadas y no consideradas por el gobierno.
Sólo seis por ciento de los integrantes del Congreso son mujeres, y la presencia de éstas no supera diez por ciento en las legislaturas estaduales. Hay únicamente una mujer entre los gobernadores de los 27 estados de Brasil y 302 alcaldesas en un total de 5.506 municipios.
En tanto, 63 por ciento de las víctimas de agresión física en el hogar son mujeres.
El presupuesto gubernamental para asistencia a los indígenas se redujo más de 50 por ciento de 1995 a 1998 y son insuficientes la expropiación de tierras y las inversiones para asentar a los trabajadores rurales sin tierra. La fuerte concentración de la propiedad de las tierra aún persiste, observa el informe de la sociedad civil.
En la cuarta Conferencia Nacional de Derechos Humanos, realizada en mayo de 1999, el gobierno anunció la ampliación de su programa, para la inclusión de los derechos económicos y sociales, pero nada efectivo se hizo, observó el diputado Miranda.
El olvido en que cayeron esos derechos se agrava debido a la inequidad social.
El problema tiene origen en la división de los derechos humanos en civiles y políticos de un lado, y económicos, sociales y culturales de otro, realizada al aprobarse los pactos internacionales de 1966. Eso se debió a la guerra fría, señaló Miranda.
Pero ahora se los reconoce como "indisolubles y universales", especialmente después de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, que tuvo lugar en Viena en 1993, agregó.
El movimiento por la afirmación de ese principio de indisolubilidad y universalidad debe llevar a la creación de instrumentos semejantes al Tribunal Penal Internacional, previsto para juzgar violaciones de derechos civiles y políticos.
Habrá tribunales también para los derechos económicos, sociales y culturales y en el futuro, instituciones como la Organización Mundial de Comercio deberán tenerlos en cuenta, sostuvo Miranda, referente en Brasil de la defensa de los derechos humanos.
El movimiento de promoción de esos derechos es "poderoso e inatacable", porque se basa en la ética, no responde a intereses particulares y defiende principios consagrados en la mayoría de las constituciones nacionales, como ocurre en Brasil, afirmó el diputado. (FIN/IPS/mo/ff/hd/00
