Con más de 20 años de retraso, los sistemas de justicia del Cono Sur de América comienzan su cooperación para investigar los crímenes de la Operación Condor, organizada en los años 70 por las dictaduras militares para llevar su represión más allá de las fronteras nacionales.
El Supremo Tribunal Federal brasileño acogió hace dos semanas un pedido del juez argentino Claudio Bonadio para investigar en Brasil la desaparición de tres ciudadanos de su país. Las Fuerzas Armadas y la policía de Brasil tendrán que facilitar informaciones a la justicia argentina.
Los argentinos Horacio Domingo Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock y Lorenzo Ismael Viñas desaparecieron luego de arribar a Brasil.
Los dos primeros viajaban por avión desde Panamá a Buenos Aires y se sospecha que fueron secuestrados en el aeropuerto de Río de Janeiro en marzo de 1980. El tercero salió en autobús de Santa Fe, Argentina, en junio del mismo año, pero no llegó a su destino, que era Río de Janeiro.
La decisión del Supremo Tribunal Federal (corte suprema de justicia) de Brasil estimuló una ola de reportajes sobre la Operación Condor, con nuevas revelaciones sobre la colaboración y actuación transfronteriza de los servicios de represión política de los regímenes militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
También se debe investigar la desaparición de brasileños en los países vecinos, señaló Cecilia Coimbra, del Grupo Tortura Nunca Más, una organización no gubernamental que presiona al Estado brasileño a aclarar los casos oscuros de la represión política durante el régimen militar (1964-1985).
Por lo menos 15 brasileños desaparecieron en el exterior, la mayoría de ellos en Chile y Argentina, según el Grupo.
Además, resurgieron las sospechas de que los ex presidentes brasileños Joao Goulart (1961-1964) y Juscelino Kubitschek (1956- 1960) fueron asesinados y no víctimas de enfermedad o accidente, como consigna la historia.
Goulart vivía exiliado en Argentina cuando murió supuestamente de problemas cardíacos en 1976. Las sospechas de asesinato se debieron a que no se permitió la autopsia ni el traslado de su cuerpo a su tierra natal, en el sur de Brasil.
La integración represiva ganó gran publicidad en 1978, cuando los uruguayos Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez fueron secuestrados en el sur de Brasil, torturados y llevados en forma clandestina a Montevideo. Policías y militares de ambos países participaron en la acción, que fue denunciada por la prensa.
Pero hechos, personajes y la magnitud alcanzada por la Operación Cóndor permanecieron ocultos aún después del fin de los gobiernos militares de la región.
La información sale a la luz gradualmente, por el esfuerzo de familiares de desaparecidos, organizaciones de derechos humanos y por acontecimientos casuales, como revelaciones de antiguos participantes de la operación.
El abogado paraguayo Martín Almada descubrió a principios de los años 90 los archivos secretos en que la policía del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) guardaba el testimomio de sus actos represivos.
Algunos de esos documentos consignaban la entrega de opositores argentinos y uruguayos, luego desaparecidos, a militares llegados de Argentina.
De otra documentación surge que la Operación Cóndor fue puesta en marcha en 1975, a iniciativa del régimen chileno del general Augusto Pinochet, que dos años antes había derrocado al presidente socialista Salvador Allende.
El coronel retirado brasileño Carlos Alberto Ponzi confirmó al diario Jornal do Brasil los acuerdos de militares del Cono Sur para el intercambio de informaciones y de militantes de izquierda capturados en los distintos países.
Fue "una guerra sucia de ambos lados y también la izquierda actuaba internacionalmente", se justificó el coronel, que dirigió de 1975 a 1980 el Servicio Nacional de Informaciones en el estado de Río Grande del Sur, fronterizo con Argentina y Uruguay.
Pero la colaboración entre los militares era anterior al Cóndor. En efecto, a partir de 1969, el ejército brasileño impartió cursos de entrenamiento a militares del Cono Sur para el combate contra la guerrilla urbana, reveló Marival Chaves, ex miembro de los servicios de información y de represión política del ejército.
Brasileños que estuvieron exiliados en Chile y pudieron escapar a la represión de Pinochet aseguraron que agentes de la dictadura de Brasil participaron en las torturas aplicadas a prisioneros políticos, especialmente en el Estadio Nacional de fútbol, de Santiago, que fue convertido en prisión.
En contraste con ese estrecho vínculo de los regímenes militares de las décadas del 70 y el 80, poco se avanzó luego en la colaboración internacional para la investigación y aclaración de asesinatos y violaciones de derechos humanos en aquella época.
Pero el intento del juez español por someter a juicio en España a Pinochet empezó a modificar ese cuadro. La uruguaya Celiberti prestó testimonio esta semana ante un tribunal de Roma, que tomó la iniciativa de investigar la muerte de ciudadanos italianos, supuestamente víctimas de la misma Operación Condor.
Esos ciudadanos italianos habrían sido detenidos en Brasil en 1978 y llevados a Uruguay.
Así mismo, el diario chileno La Nación difundió el testimonio del estadounidense Michael Townley sobre la participación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de Chile, en el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats, que había sido jefe del ejército y ministro del Interior del gobierno de Allende.
Townley, ex agente de la DINA que también intervino en el asesinato de otro ex ministro chileno, Orlando Letelier, perpetrado en 1976 en Washington, realizó su revelación a la jueza argentina María Servini, que viajó a Estados Unidos para ampliar la investigación de la muerte de Prats.
El asesinato en Buenos Aires del exiliado general chileno y de su esposa, Sofía Cubert, fue cometido en septiembre de 1974, cuando todavía gobernaba en Argentina la presidenta constitucional Isabel Perón.
El reemplazo de Prats por Pinochet al frente del ejército había abierto el camino para el derrocamiento y la muerte de Allende, en septiembre de 1973.
También fue asesinado en Argentina, en 1976, el ex presidente boliviano Juan José Torres, depuesto en agosto de 1971, tras gobernar durante un año con apoyo de la izquierda, y desaparecieron decenas de exiliados. (FIN/IPS/mo/ff/hd ip/00
