Compañías de Estados Unidos y Europa que construyen gasoductos en Birmania son cómplices de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar de ese país, denunció hoy la organización Derechos de la Tierra Internacional (Earthrights International, ERI).
"Las violaciones no son incidentales ni están desvinculadas de los gasoductos, son un resultado directo de la participación de las compañías" extranjeras, según un informe de ERI.
Tres compañías invirtieron en la construcción de los gasoductos en la región: la estadounidense Union Oil of California (Unocal) y la francesa Total participan en las obras de Yadana, mientras la británica Premier Oil lo hace en el consorcio que construye el proyecto de Yetagun.
El informe se basa en testimonios de primera mano obtenidos a partir de 1995 de centenares de habitantes que denunciaron ser víctimas o testigos de las violaciones.
Ka Hsaw Wa, perteneciente a la minoría étnica karen y codirector de ERI, consiguió las entrevistas que documentan cientos de casos de violaciones, asesinatos y confiscación de propiedad perpetradas por el régimen militar.
La mayoría de los testimonios refieren al gasoducto de Yadana, que se concluyó a principios de este año y ya comenzó a funcionar.
El proyecto de 1.000 millones de dólares, operado por un consorcio que incluye a Unocal, Total y el gobierno birmano, transportará gas natural desde Birmania hasta Tailandia.
Habitantes de aldeas karen, tavoyan y mon, en las regiones de los gasoductos, aseguran que la zona no estaba tan militarizada antes de que comenzaran las obras.
Ahora son hostigados por el ejército cuyas violaciones fueron denunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas y numerosas vías más.
"Me gustaría que las compañías extranjeras regresaran a su país, así los soldados retornan a Rangún", dijo un aldeano tavoya entrevistado en 1999.
El informe también analiza denuncias de trabajo esclavo y otras violaciones a los derechos humanos cometidas en el gasoducto de Yetagun, valorado en 70 millones de dólares.
Premier Oil integra el consorcio que explota los yacimientos marítimos de gas en Yetagun, en el golfo de Martaban.
Yetagun "es un problema tan grande como el proyecto de Yadana, y Premier se benefició con estos crímenes tanto como Total y Unocal", sostiene el informe.
ERI también divulgó documentos internos de las compañías que, según sostiene, comprueban que las empresas sabían que se empleaba mano de obra esclava en sus obras.
"Las compañías sabían gracias a sus consultores que ocurrían violaciones en torno de sus proyectos, pero siguieron trabajando", según el informe.
Las tres compañías niegan firmemente las acusaciones de complicidad en la violación de derechos humanos.
Charles Jamieson, presidente de Premier Oil, dijo discrepar con aquellos que pretenden aislar a Birmania. "Creemos en una relación constructiva, en lugar de cerrar el país al mundo", dijo.
John Imle, ex presidente de Unocal, reconoce que cuando el proyecto se estaba elaborando, el régimen militar obligó a muchas personas a trabajar por la fuerza.
"Sé que en la primera etapa del proyecto unidades militares… reclutaban por la fuerza a la mano de obra", dijo. Pero no aseguró que esto ya no ocurre.
"Cuando visito a los aldeanos me dicen, 'Nos alegramos de que estén aquí, por favor, quédense' ", sostuvo Imle, en referencia a los centros de salud y educación que instaló la compañía.
En 1997, un tribunal federal de Estados Unidos aceptó considerar una demanda contra Unocal y Total de 14 víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos relacionadas con el proyecto de Yadana.
El juez federal Richard A. Paez declaró que las corporaciones trasnacionales y sus autoridades pueden ser responsabilizadas por violar los derechos humanos en países extranjeros, y que los tribunales de Estados Unidos tienen la autoridad de dilucidar esos casos.
La decisión califica algunos de los argumentos de Unocal de "inexplicables" y "difíciles de imaginar".
Los demandantes del caso son representados por un equipo de abogados de ERI, el Centro de Derechos Constitucionales, de Nueva York, y los estudios jurídicos de Hadsell and Stormer y Paul Hoffman.
El caso es importante porque sienta las bases para que las víctimas en otros países demanden a las compañías estadounidenses por violar los derechos humanos.
Desde 1994, activistas intentan sin éxito que los accionistas de Unocal obliguen a la compañía a reconsiderar sus obras en Birmania.
Este lunes, grupos de derechos humanos, religiosos y por la democracia en Birmania se reunirán nuevamente fuera de la asamblea de accionistas de Unocal, que se celebrará en la ciudad de Los Angeles, para llamar la atención sobre el problema. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/aq/hd-if/00)
