La declaración pública de ingresos de un legislador que tiene una dieta de 10.000 dólares mensuales y apenas 300 como profesor universitario no resultaba en Argentina una contradicción , al menos hasta ahora, cuando el gobierno, hambriento de recursos, comenzó a mirar con lup a las enormes disparidades salariales en de la función pública.
El presidente y el vicepresidente perciben menos de 5.000 dólares por mes, pero los ministros ganan cerca de 10.000 y entre los legisladores de ambas cámaras y de las provincias, las diferencias son enormes. Hay quienes obtienen 3.000 dólares por mes, mientras otros ingresan 27.000, aún en provincias en que la mitad de la población está por debajo del nivel de subsistencia.
Según un informe realizado por el ministerio de Economía, los legisladores argentinos perciben en promedio 655.000 dólares al año, frente a 360.000 en Estados Unidos. El cuadro es más grave aún si se ve que en Formosa, una de las provincias más pobres de Argentina, la cantidad anual es de 1,9 millones.
Cada legislador de Formosa recibe por día una dieta de 15 dólares, más una partida mensual de 30.000 para asesores por la que no se les pide cuentas.
Las dietas, aún las de los concejales, aumentan por la adjudicación de recursos para contratar asesores. Por ejemplo, un senador de la provincia de Buenos Aires gana 11.000 dólares, pero llega a 27.000 por mes con la partida adicional que puede manejar a discreción.
En Argentina, donde el desempleo afecta a casi 15 por ciento de la población económicamente activa, el salario mínimo es de 500 dólares por mes y g ran parte de los asalariados perciben aún menos que esa suma mensual, hay también cientos de miles de desocupados que piden la prórroga de subsidios entre 130 y 200 dólares mensuales.
El costo salarial en la administración pública aumentó 74 por ciento en los años 90. Cada agente costaba en 1999 al Estado en promedio 2.000 dólares por mes, pero en la actividad privada, el costo es de 1.161 dólares, y se cumplen jornadas más prolongadas, de acuerdo con un estudio de la Fundación Norte y Sur, dirigida por el economista Orlando Ferreres.
El gobierno de Fernando de la Rúa, instalado en diciembre, intentó esta semana impulsar un proyecto para equiparar salarios en la función públic a, una iniciativa trabada por la resistencia de dirigentes, incluso oficialistas, a resignar recursos que se utilizan para financiar su actividad política.
No obstante, ante la amenaza de revelar públicamente los montos percibidos por los funcionarios, Humberto Roggero, jefe del bloque de diputados del opositor Partido Justicialista, admitió que "debe haber topes"..
«'No puede haber legisladores o funcionarios que ganen más que el presidente", observó Roggero.
El vicepresidente Carlos Alvarez consideró este martes "una verguenza' ' que concejales de pequeñas ciudades ganen 7.000 dólares al mes, y legisladores provinciales perciban 14.000, mucho más que el presidente. "La política debe comenzar por hacer el ajuste", advirtió.
La declaración de ingresos de Guillermo Argüello, diputado nacional y profesor universitario, podría ser una más de las que han sido presentad as ante la organización no gubernamental Poder Ciudadano, que se encarga de difundir esos informes antes de cada instancia electoral.
Pero el motivo de escándalo de la declaración de Argüello es la brecha que se evidencia entre su salario como legislador, 10.000 dólares, y el que percibe como profesor en la universidad pública, sólo 300 dólares, dos ingresos absolutamente legales y compatibles que conviven en una misma economía, en un mismo sector público y en una misma persona.
Estas cuestiones, sumadas al malestar que las revelaciones determinan entre la población, decidió a los parlamentarios oficialistas a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto que pretende acabar con las "groseras" desproporciones observadas.
El gobierno de De la Rúa consiguió, desde que entró en funciones, reducir de 72 a 46 por ciento la importancia relativa de la corrupción en las encuestas de opinión pública. La corrupción es la segunda preocupación de los argentinos, después del desempleo, de acuerdo con los sondeos.
La imagen pública de De la Rúa de hombre honesto, austero, preocupado por llevar adelante una gestión transparente y justa, le permitió ganar las elecciones presidenciales de octubre, por contraste con su antecesor, Carlos Menem, cuya administración de 10 años fue siempre sospechosa de corrupción.
Pero el capital de De la Rúa como hombre honesto podría agotarse rápidamente. El presidente está ahora presionado por varios desafiós: reducir el déficit fiscal, atraer inversiones, aumentar el empleo, y sobre todo, cumplir su promesa de distribuir los beneficios del desarrollo entre los que menos tienen.
En este sentido, su gobierno tropieza con dificultades casi cotidanas.
La primera es el déficit público, el más alto en 10 años. Para enfrentarlo, el gobierno impulsó un controvertido aumento de impuestos, una reforma laboral resistida por un fuerte sector sindical, y una reducción de gastos en la administración pública que parece no tener fin.
El Ministerio de Economía informó que debe recortar otros 600 millones de dólares, y observa con lupa los salarios de legisladores y funcionarios, sobre todo en las provincias, donde la brecha entre presupuestos oficiales y población general es mayor, y también en la plantilla de empleados públicos, que sufrió sucesivos recortes en los años 90.
El gobierno pretende conseguir 200 millones por el ajuste de salarios de los dirigentes, aunque está oblifado a negociar, porque las autoridades federales no pueden imponer una política salarial a las provincias-, y otros 400 millones por reducción de salarios de empleados públicos y retiros voluntarios.
La reforma impositiva -sólo aumentó dos por ciento la recaudación de abril. Mientras, la persistencia de la recesión y del desempleo y los estallidos sociales en el interior contra la reducción de subsidios a los desocupados, conforman un escenario que demostraría el fin de la «luna de miel» del presidente con los votantes, según entienden los analistas.
Para peor, la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos aumentó la semana pasada medio punto la tasa de interés a corto plazo, con la consecuencia para Argentina de un costo adicional de 60 millones de dólares de su endeudamiento externo.
Un sector de la Confederación General del Trabajo organiza para el miércoles 31 una marcha por las calles de Buenos Aires en repudio a la presencia en Argentina de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), criticado por la presión que ejerce sobre el gobierno para que se cumplan las metas fiscales.
En un pronunciamiento inédito, la Iglesia Católica, a través de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, decidió "solidarizarse" con la protesta sindical, por considerar que coincide con los reclamos del papa Juan Pablo II en favor de una reforma del FMI y de la banca mundial para beneficiar a los indigentes.
El cuadro pone así al gobierno de la Alianza en la encrucijada de seguir ajustando el gasto y aumentando impuestos, aún al riesgo de un mayor malestar social, o plantarse ante los acreedores para renegociar vencimientos de la deuda externa, una posibilidad que por el momento es descartada por De la Rúa y sus colaboradores. (FIN/IPS/mv/ff/ip if/00)
