El gobierno de Argentina anunció hoy la reducción de salarios y jubilaciones en el sector público y el cierre de algunas oficinas del Estado, para reducir el déficit presupuestario al monto de 4.500 millones de dólares comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ministro de Economía, José Luis Machinea informó que el recorte de gastos es de 938 millones de dólares, y descartó de plano la posibilidad de devaluar la moneda nacional o de dolarizar la economía para ganar competencia en los mercados internacionales.
Machinea calificó de "reasignación" de recursos las medidas dispuestas, ya que parte del ahorro logrado se destinará a las áreas de acción social, salud y educación.
Los sindicatos criticaron especialmente la reducción de salarios de la administración pública nacional y este miércoles realizarán una marcha de protesta contra las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Víctor de Genaro, dirigente de los trabajadores del Estado, afirmó que el ajuste dispuesto no es imparcial, sino que apunta a garantizar la transferencia de recursos del sector público a un grupo de poderosas empresas privadas que disfrutan de privilegios impositivos y financieros.
El gobierno espera reducir el déficit fiscal de 10.000 a 4.500 millones de dólares este año. Este último es el desequilibrio comprometido ante el FMI, que este martes enviará a Buenos Aires una delegación para monitorear la marcha del programa económico.
En menos de seis meses de gestión, el presidente Fernando de la Rúa lanzó así dos paquetes de ajuste presupuestario. El primero consistió en un aumento de impuestos, que fue promulgado por ley en marzo, aunque dió como resultado un magro incremento de la recaudación.
Acompañado por todos sus ministros, De la Rúa insistió en la gran magnitud del déficit fiscal heredado de la gestión de Carlos Menem (1989-1999) y aseguró que las medidas anunciadas este lunes para "reestructurar el Estado" mantienen como objetivo el "crecimiento con equidad".
El presidente justificó el nuevo ajuste, dispuesto tras una serie de postergaciones, en el surgimiento de circunstancias internacionales adversas, como el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, la devaluación del euro frente al dólar y la inestabilidad de los mercados financieros mundiales.
Este escenario -sumado a una recaudación que apenas aumentó dos por ciento de marzo a abril y que habría descendido en mayo- indujo a los economistas privados a calcular que el crecimiento de 3,5 por ciento aguardado para este año podría limitarse a dos por ciento y sin cambios en la tasa de desempleo (14 por ciento).
Básicamente, las nuevas decisiones son la reducción de los salarios de los funcionarios públicos de 12 por ciento para quienes perciben entre 1.000 y 6.500 dólares por mes y de 15 por ciento en el caso de retribuciones superiores a esa cantidad.
El recorte se aplicará incluso al Poder Legislativo y al Judicial, aunque con la excepción de los magistrados.
En cuanto a los ingresos que dependen de las provincias, se pidió una "reparación urgente" de la situación de aquellos legisladores y concejales que perciben dietas varias veces superiores al salario del presidente, que es de 4.800 dólares al mes.
"El mayor esfuerzo lo debe hacer la dirigencia política, a la que le pediré sacrificios personales", dijo De la Rúa. Mientras, el ministro Machinea consideró "intolerable" la disparidad entre los salarios que se abonan en la función pública.
El salario de los ministros duplica la cantidad que percibe el presidente y los legisladores ingresan entre 5.000 y 27.000 dólares por mes, según se trate del parlamento nacional o de asambleas provinciales. Algunos concejales ganan lo mismo o más que un diputado nacional.
El ajuste también prevé el cierre o fusión de dependencias públicas, incluyendo la oficina de control sanitario, la de investigación económica, la imprenta del Congreso y la agencia oficial de noticias Telam, que se desprenderá del área de publicidad estatal y se reestructurará plenamente.
Machinea, encargado de difundir las medidas, advirtió que no se permitirá a ningún empleado público cobrar al mismo tiempo jubilación por otro cargo y se reducirá entre 33 y 50 por ciento el monto de las jubilaciones "especiales", como se conoce a las pensiones graciables millonarias que perciben los funcionarios sólo por haber ocupado un puesto relevante.
De la Rúa y Machinea insistieron en que no se reducirán los gastos sociales, y por el contrario, se anunció la creación de un Fondo Social Solidario para los casos de emergencias en el interior del país, y se aumentarán los aportes estatales para las prestaciones de salud de los trabajadores.
En materia de inversiones, los anuncios fueron menos espectaculares. El gobierno, que debió dar marcha atrás con un ambicioso programa de infraestructura, dijo que se espera para los próximos tres años inversiones privadas por 10.000 millones de dólares. (FIN/IPS/mv/ff/if ip/00
