El estallido social en una provincia del norte de Argentina sacudió cierta morosidad del gobierno de Fernando de la Rúa, que había asumido en diciembre en un clima de expectativa por sus propuestas de atender demandas sociales.
El presidente reconoció este martes que desde antes de ganar las elecciones estaba preocupado por los problemas sociales y aseguró que todos los programas de su gobierno apuntan a mitigarlos y buscarle soluciones.
"Quiero para mi país un crecimiento con equidad", declaró De la Rúa en un momento en que se suceden las demandas por subsidios sociales recortados en el interior del país, un hecho que el viernes derivó en un estallido social con represión, decenas de heridos y detenidos en la provincia de Salta.
Los salteños, que hasta hace 10 años vivían en torno de la explotación del gas y del petróleo contratados por la empresa estatal YPF, comenzaron un proceso de exclusión con su parcial privatización en la década del 90.
Al principio sobrevivieron con las indemnizaciones, luego con subsidios y ahora se quedaron sin ingresos ni empleo.
En esa misma situación hay decenas de poblaciones que, una vez solucionado el conflicto de Salta, reclamaron atención cortando rutas, haciendo manifestaciones de protesta ante la llegada de funcionarios del gobierno nacional o amenazando con saqueos y destrozos si no se los escuchaba.
Tras cinco meses de gestión, la nueva coalición de gobierno de centroizquierda manifiesta dificultades para emprender una reforma social sin beber primero el trago amargo de un ajuste fiscal severo que incluyó hasta ahora aumento de impuestos, recortes de gastos y promesas de crecimiento futuro.
El vicepresidente Carlos Alvarez aprovecha toda oportunidad que tiene para recordar que su gestión lleva cinco meses contra 10 años de gobierno ininterrumpidos del ex presidente Carlos Menem, con una herencia marcada por el déficit fiscal, atraso social, alto desempleo y una fuerte concentración económica.
Pero dentro del gabinete es uno de los más ansiosos por acelerar las promesas de reforma social, e incluso planteó que se trasladara al Fondo Monetario Internacional las preocupaciones del gobierno y de la sociedad por el alto déficit en materia social y los desequilibrios que generaría su desatención.
Si bien De la Rúa todavía goza de una imágen positiva, según las encuestas, y la Alianza que lo llevó al gobierno obtuvo un triunfo electoral contundente en la ciudad de Buenos Aires este mes, algunos de sus ministros ya manifiestan síntomas de desgaste por la lentitud en atender los problemas más urgentes.
En Argentina, la preocupación principal de acuerdo a los sondeos es el desempleo, que ronda 14 por ciento de la población económicamente activa. Pero hay además más de un tercio de personas que apenas subsiste sin poder alcanzar a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda.
Este escenario, que demandaría de una vasta red de contención social, coincide con una caída de la actividad económica que comienza muy lentamente a recuperarse en algunos sectores de la industria, al tiempo que el desequilibrio fiscal es el más alto de la década y los acreedores externos exigen un ajuste.
El gobierno se propuso equilibrar las cuentas públicas, sanear la economía, recuperar la confianza de los inversores externos, bajar las tasas de interés y, como consecuencia, una reactivación del crédito, de la actividad económica y del empleo.
Sin embargo, sus logros más sonados fueron malas noticias para los sectores de menores ingresos. Primero, un aumento de los impuestos que aún no tuvo un impacto positivo en la recaudación general -sólo consiguieron aumentar la recaudación dos por ciento- , y luego una reforma laboral muy polémica.
La reforma fue presentada por el gobierno como una iniciativa destinada a legitimar un hecho que ya existe en el mercado laboral: la flexibilización de las condiciones de contratación. Pero los sindicalistas resistieron su sanción con fuerza, aunque sin éxito, por considerarla un retroceso.
Con el estallido en Salta, en el que participaron miles de personas en demanda de un subsidio por desempleo encubierto -en realidad, planes de empleo público en tareas comunitarias suspendidos por el gobierno para reducir gastos-, emergió el problema social como una demanda que no tolera aplazamiento.
Así, esperar que la confianza de los inversores se reconstruya y se recuperen las cuentas públicas puede resultar imposible en algunas localidades del país, si no es con una extensa red de contención en planes sociales que incluyan alimentos, medicamentos e incluso dinero en efectivo.
Pero el área de Desarrollo Social, elevada al rango de Ministerio por la actual administración, está siendo cuestionada por la lentitud con la que da respuestas. Sus funcionarios alegan que la prioridad fue reorganizar los planes de ayuda para concentrar esfuerzos y recursos.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguró este martes que el nuevo recorte que está planteando para la administración pública no alcanzará al gasto social, pero advirtió que el presidente dio instrucciones para coordinar muy bien estos programas, de manera de hacer eficiente el gasto.
El diario Página 12 informó este martes que un plan en proceso de evaluación prevé otorgar a la población más necesitada un promedio de 40 dólares mensuales, más alimentos y una beca de estudio para los menores de edad que puede llegar hasta los 90 dólares mensuales. El salario mímino mensual es de 500 dólares.
Como contrapartida, el Estado exigiría a los beneficiarios la concurrencia periódica y controlada a los controles sanitarios, para atender la salud sobre todo de los más pequeños, y la obligatoriedad de la asistencia a la escuela hasta los 18 años para las familias que reciban las becas escolares.
Sin embargo, estos versiones todavía no fueron confirmadas ni anunciadas como planes para el corto plazo. Al contrario, se supo que el Ministerio de Economía mantiene trabados créditos otorgados del Banco Interamericano de Desarrollo porque no autoriza a desembolsar la contraprestación en fondos públicos.
Se trata de 1.500 millones de dólares en empréstitos que esperan ser invertidos -y cuya inmovilización obligará al Estado a pagar multas- a cambio de un desembolso de 270 millones por parte del gobierno, que Machinea se resiste a destinar a ese fin.
El panorama se ensombrece aún más ante una perspectiva inesperada como la que se genera por el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. En una economía prácticamente dolarizada como la argentina, esto implica un incremento de decenas de millones de dólares en intereses de la deuda externa. (FIN/IPS/mv/ag/ip-if/00
