Sindicalistas, sectores de la Iglesia Católica y dirigentes políticos realizarán este miércoles en la capital argentina una marcha de repudio al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que responsabilizan del recorte de gastos aplicador por el gobierno.
La manifestación fue prevista originalmente con la referencia de las protestas contra la globalización que se realizaron desde fines de noviembre en Seattle (Estados Unidos), Davos (Suiza), Londres y Berlín.
Pero el anuncio el lunes de un nuevo ajuste del presupuesto del Estado, el segundo en cinco meses, reorientó hacia el gobierno los cañones de los organizadores de la marcha.
"Fue un ajuste salvaje, y a un ajuste fuerte sólo se le pueden dar respuestas fuertes", advirtió este martes el dirigente camionero Hugo Moyano, que encabezará la protesta. El sindicalista considera la posibilidad de convocar durante la marcha a una huelga general para junio.
Los organizadores decidieron llamar a la marcha en coincidencia con la presencia en Buenos Aires de una delegación técnica del FMI, que llegó este martes para monitorear el curso del programa económico. Argentina tiene un fuerte endeudamiento externo y está haciendo un enorme esfuerzo fiscal para cancelar sus vencimientos.
La marcha tuvo la adhesión de altos representantes de la Iglesia Católica, quienes han difundido las recomendaciones del papa Juan Pablo II acerca de la necesidad de reformar instituciones multilaterales como el FMI, para que sus recetas sean más equitativas y no profundicen la brecha entre ricos y pobres.
"Hay que crear una unidad con los sectores sociales para encarar una política firme que diga basta al FMI con su política de ajuste", dijo el scretario de la Pastoral Social del Episcopado argentino, Guillermo García Canedo.
La Iglesia es, según las encuestas, una de las instituciones en las que más confía la opinión pública argentina, debido al trabajo social que realiza la organización católica Cáritas, con unos 3.500 puestos de atención en todo el país, 25.000 voluntarios y casi medio millón de personas asistidas.
Paralelamente, 70 por ciento de las personas consultadas por el Centro de Estudios de Opinión Pública identificaron al FMI como responsable de los ajustes presupuestarios en América Latina, 65 por ciento consideraron que sus políticas no son exitosas y 88 por ciento sostuvieron que los gobiernos deberían poner límite a las exigencias de ese organismo.
Las llamadas protestas antiglobalización tuvieron su acto de presentación en Seattle a fines de noviembre y principios de diciembre, contra la Tercera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Unas 50.000 personas, entre indígenas, campesinos, ambientalistas y sindicalistas lograron crear el caos en torno de la sede de la conferencia.
Desde entonces, las sesiones del FMI, del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial, de Davos, se celebran con reforzada custodia, por temor a los activistas, que se agolpan alrededor de los sitios de reunión para denunciar ruidosamente las consecuencias negativas del llamado "capitalismo salvaje".
También hubo otras protestas, más espontáneas, como las que se realizaron en Europa el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En Londres y Berlín se registraron las más violentas, con destrucción de vehículos, viviendas y comercios, entre ellos los de la cadena multinacional de hamburguesas McDonald's, identificada con el mundo global.
En Argentina, el gobierno de Fernando de la Rúa, instalado en diciembre, anunciaba un programa de fuerte contenido social, para aumentar el empleo y redistribuir el ingreso en forma equitativa.
Pero el abultado déficit fiscal y los compromisos financieros externos lo llevaron, en primer lugar, a aumentar los impuestos, y luego, este lunes, a recortar los salarios de los empleados del Estado.
El incremento de impuestos decidido en marzo no tuvo los resultados esperados en la recaudación. Más tarde se aplicó una reforma laboral para flexibilizar las normas de contratación, que tuvo una gran resistencia sindical, y por último, se anunció la disminución de gastos en la administración pública.
El gobierno procedió a rebajar salarios y jubilaciones, anunció el cierre o reducción de organismos oficiales. También prometió negociar con los empresarios privados un plan de inversiones y aumentar la ayuda social a las provincias, pero esa segunda parte fue presentada de forma menos concreta que la primera.
El nuevo ajuste dio mayor impulso a la protesta anunciada para este miércoles, y el objetivo, que era el FMI, ahora lo es también el gobierno, que acepta las recomendaciones de esa agencia multilateral.
Antes de la difusión del nuevo ajuste, algunos analistas e incluso dirigentes políticos oficialistas habían previsto apoyar la movilización, por considerar que la expresión pública del descontento de la sociedad civil podría favorecer al gobierno en las negociaciones con el FMI.
Los organizadores de la movilización que recorrerá Buenos Aires hasta el Obelisco -un monumento levantado en el centro y que identifica a esta ciudad- son sindicalistas escindidos de la Confederación General del Trabajo (CGT), una central histórica a cuyos dirigentes aribuyen haber obtenido beneficios por apoyar la reforma laboral.
La imagen de la CGT se ha deteriorado ante la opinión pública, no sólo por el enriquecimiento personal de numerosos líderes sindicales sino por su inacción ante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cuando el desempleo llegó a 18,4 por ciento y hubo cientos de miles de despidos.
Pero los dirigentes de la CGT oficial, que respaldaron la reforma laboral, reaccionaron contra el último ajuste fiscal y decidieron adherirse a la marcha de protesta e incluso se declararon dispuestos a considerar una huelga general en junio.
Lo mismo hizo la Central de Trabajadores Argentinos, otro nucleamiento crítico del sindicalismo tradicional, integrado básicamente por trabajadores del Estado, entre ellos maestros y profesores y personal de los poderes Judicial y Legislativo, que este lunes sufrieron un ataque directo con la decisión oficial de recortarles 12 por ciento el salario para reducir los gastos.
De la marcha también participará Eduardo Duhalde, dirigente del opositor Partido Justicialista (Peronista), que fue rival de la De la Rúa en las elecciones de octubre. Duhalde comenzó a perder apoyo como candidato a la Presidencia cuando dijo que se debía renegociar el pago de la deuda externa.
Los sindicatos y la Iglesia Católica también arrastraron el respaldo de partidos de izquierda que siempre se opusieron al FMI, y de un grupo de 11 legisladores de la gobernante Alianza opuestos al ajuste.
Nadie sabe si este clima de malestar creciente logrará el debilitamiento de las exigencias del FMI, pero algunos economistas que trabajan en Wall Street, como el argentino Guillermo Calvo, advirtieron que el recorte del gasto no tendrá los frutos esperados ante los inversores si es acompañado de protestas y presiones sindicales. (FIN/IPS/mv/ff/lb if ip/00
