Grupos ambientalistas agregaron al banco alemán Dresdener a la lista de responsables del derrame de cianuro de una mina de oro en Rumania que casi eliminó la vida en dos ríos de Hungría y que es considerado el peor desastre ambiental en Europa desde la tragedia nuclear de Chernobyl.
El derrame ocurrió el 30 de enero en la mina Aurul SA, en Baia Mare, Rumania, y los ríos perjudicados fueron el Tisza y el Szamos, en el este de Hungría.
Los grupos ambientalistas esperan sentar un precedente al determinar la responsabilidad financiera de los bancos que invierten en proyectos internacionales con riesgos de contaminación.
Dresdener invirtió 8.500 millones de dólares en Aurul, lo cual comprendió un tercio del monto total invertido en la mina.
Aurul SA, que todavía administra la mina, es copropiedad de Remin, una empresa pública rumana, y de Esmeralda Explotation Ltd., una compañía minera australiana. Ambas lamentaron el daño, pero rechazan abiertamente toda responsablidad.
Josef Feiler, director político de Bankwatch Network, un conjunto de grupos de presión ambientales con sede en Budapest, envió una carta abierta a Dresdener este mes en la que afirma que al banco le cabe responsabilidad financiera por su inversión en la mina de Aurul.
«Por haber dado el préstamo, el Banco Dresdener se convirtió en un interesado en la creación y el funcionamiento de la planta en Baia Mare, y debe asumir su responsabilidad», dijo en la carta.
«El accidente… se pudo haber evitado de haberse examinado y calculado minuciosamente el acuerdo de préstamo, teniendo en cuenta medidas para determinar y supervisar las condiciones ambientales», agregó.
En una respuesta enviada el lunes 15, el banco no ocultó que le cabe responsabilidad financiera por el derrame. No obstante, optó por destacar informes sobre el accidente, sobre todo uno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
«En relación con el incidente en Baia Mare, nosotros reconocemos y apoyamos las conclusiones y las recomendaciones del informe recientemente publicado por el PNUMA», declaró Paul Hahn, del banco Dresdener.
Pero dicho informe, publicado en marzo, culpa a Aurul del accidente.
Primero detalla los defectos en la construcción de la represa, que cedió el 30 de enero dejando caer 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro en el río Tisza.
El informe luego declara que «importantes conclusiones en cuanto a los aspectos de diseño, aprobación, funcionamiento y vigilancia del proyecto pueden sacarse de este análisis, con implicancias para todas las partes involucradas en él».
«Se trató de un… sistema de ingeniería que falló bajo circunstancias que, en principio, pudieron haber sido previstas», agrega.
Sin embargo, «el banco considera que su participación en la financiación del proyecto fue concebida en forma adecuada, minuciosamente evaluada por calificados asesores independientes, y de acuerdo con sus obligaciones como signatario de la declaración del PNUMA», aseguró Hahn.
La declaración referida es una medida auspiciada por el PNUMA por la cual los bancos inversores signatarios se comprometen a cumplir reglas internacionales de desarrollo ambientalmente sustentable.
Municipios y personalidades de Hungría iniciaron acciones legales contra Aurul.
El primer ministro húngaro Viktor Orban prometió demandar al gobierno rumano y a Esmeralda Exploration, ya sea en tribunales húngaros, rumanos, australianos o en un tribunal internacional.
Por su parte, Rumania busca negociar una compensación con Hungría por el derrame, pero debido a la difícil relación que desde hace tiempo tienen los dos países, las conversaciones no prometen un buen resultado.
La ministra de Ambiente de Rumania, Romica Tomescu, ha declarado que se debe defender el principio de que «quien contamina paga» en casos de contaminación internacional.
Mientras, Esmeralda declaró «administración voluntaria», una forma de quiebra en Australia que congela los fondos y libra a sus directores de litigios.
Brett Montgomery, director de Esmeralda, declaró que «no existe evidencia de una falla en la integridad estrucutural de la represa ni negligencia por parte de nuestra compañía o de Aurul SA».
Pero los informes del gobierno húngaro, los grupos ambientalistas y el PNUMA contradicen esta declaración.
Dresdener niega haber tenido cocimiento de fallas en el diseño de la instalación.
De acuerdo con Hahn, «la decisión del banco de financiar el proyecto de Aurul estuvo basada en el análisis técnico, legal y ambiental debido y revisado por asesores independientes internacionalmente reconocidos».
«El proyecto de Aurul fue diseñado para funcionar de acuerdo con las leyes y prácticas ambientales rumanas», agregó.
Según la prensa rumana, Aurul fue multada con el equivalente de 166 dólares por el derrame. La mina todavía está en funcionamiento, a pesar de los numerosos pedidos de Greenpeace y otros grupos ambientalistas para cerrarla.
El daño económico que provocó el derrame es aún incalculable, pero el gobierno húngaro estima que los efectos a largo plazo alcanzan los miles de millones de dólares.
Se espera que los ingresos por concepto de impuestos en la popular región turística de Tisza caigan a la mitad, y la población de peces tomará años, si no décadas, para recuperarse.
«Dresdener realizó un tercio de la inversión, esperamos que pague un tercio de los daños», agregó Feiler. (FIN/IPS/ww/sm/rp/aq/en/00
