La necesidad de conservar recursos en plena explotación es la causa de las restricciones impuestas por Chile a los buques pesqueros españoles que capturan pez espada en el área sudoriental del océano Pacífico, aseguró el subsecretario de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
Chile prohibió el desembarco y trasbordo en sus puertos de la carga de los pesqueros españoles y, en respuesta, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, recurrió el mes pasado a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Las diferencias entre las dos partes se remontan a 1991, fecha en que comenzaron las reuniones para discutir la pesca en el Pacífico sudoriental. Pero a fines del año pasado, Chile extendió las medidas de conservación de pez espada a alta mar.
El pez espada es una especie altamente migratoria, que se desplaza entre el espacio económico marítimo de 200 millas de Chile y las aguas internacionales, señaló la Subsecretaria de Pesca.
Chile, país costero, está obligado por la Convención de Derechos del Mar a hacerse cargo de la conservación de la vida marina, observaron las autoridades.
"Las medidas adoptadas por nuestro país son plenamente consistentes con disposiciones de conservación" establecidas en acuerdos multilaterales de comercio y especialmente, "con las disposiciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", dijo el subsecretario Muñoz al conocer la iniciativa de la Comisión Europea ante la OMC.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Pesca, Roberto Izquierdo, aseguró que Chile siempre ha mantenido una política de conservación de los recursos pesqueros.
Esa política ha inspirado la ley de Pesca y es exigida también por el Acuerdo de Conservación Pesquera firmado por los estados miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, advirtió Izquierdo.
Agregó que no hay en la OMC precedentes que obliguen a Chile a facilitar el desembarco en sus puertos de la carga de buques pesqueros y, en cambio, los estatutos de esa organización no admiten los subsidios otorgados por la UE en materia de pesca, que benefician a los reclamantes españoles.
"Estamos dando cumplimiento a la obligación estipulada en la Convención del Mar de cuidar el medio ambiente en general y de conservar en particular los recursos vivos marinos", arguyó Muñoz.
Las medidas se orientan a proteger a una especie, el pez espada, por se desplaza entre nuestras aguas jurisdiccionales y en alta mar", agregó.
En cualquier caso, Chile está dispuesto a tomar parte en las consultas solicitadas por la Comisión Europea, en el entendido de que las medidas de conservación vigentes están en plena conformidad a las disposiciones del Derecho del Mar y del sistema multilateral de comercio, afirmó el subsecretario.
Los representantes de Chile presentaron sus argumentos en reuniones mantenidas por las dos partes el año pasado, pero en abril, la Comisión Europea anunció que llevaría el caso a la OMC, aduciendo que las medidas impuestas contravienen reglas de esa organización.
Hay un instrumento alternativo para la resolución de la controversia, el acuerdo marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros en Alta Mar del Pacífico Sudoriental, aprobado por los estados parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y que será formalizado en una reunión de cancilleres de ese grupo.
"Cuando el tratado sea puesto en vigor entre los países ribereños miembros de la CPPS, será abierto a la adhesión de terceros estados con interés establecido en la pesca en su área de aplicación, como lo son los (miembros) de la Unión Europea", comentó Muñoz.
"Luego, los estados parte podrán definir un régimen de conservación para las especies que consideran proritarias", agregó. (FIN/IPS/am/ff/en/00
