La mayor central obrera mundial reclamó en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que los gobiernos incluyan una dimensión social en los programas de reconstrucción de países devastados por las guerras, como Kosovo y Timor Oriental.
Hasta ahora, ese enfoque social ha sido omitido cruelmente, lamentó la Confederación Internacional de la Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) al resumir su posición ante el máximo foro mundial para cuestiones humanitarias.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) concluyó el viernes en Ginebra su período anual de sesiones, que comenzó el 20 de marzo.
La CIOSL expuso ante el organismo que integran 53 estados sus preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos que se cometen en 14 países.
La central planteó casos diferentes que incluyen la interferencia gubernamental en un congreso ordinario de los sindicatos ocurrida en Djibouti, las ejecuciones extrajudiciales de Colombia y las torturas de sindicalistas encarcelados de China.
Las acusaciones de la CIOSL se extienden también a Birmania, Pakistán, Bangladesh, Malta, Belarús, Serbia, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Swazilandia, Zimbabwe y Guatemala.
En los casos de Kosovo y de Timor Oriental, la central obrera advirtió que la omisión del enfoque social debilitará los esfuerzos de reconstrucción emprendidos por la comunidad internacional.
Los dos territorios, desprendidos respectivamente de la ex Yugoslavia y de Indonesia, se encuentran bajo mandato de la ONU, que ha enviado fuerzas militares y contingentes de asistencia humanitaria y económica.
La CIOSL denunció que esas operaciones de la ONU se realizan sin consulta con las fuerzas sociales locales, con ocupación militar de fábricas y oficinas, y con negligencia respecto a la recuperación económica.
A la hora de reclutar personal local, las fuerzas internacionales, sean militares o civiles, deben respetar las normas laborales fundamentales, demandó.
En las sesiones de la Comisión, los representates de la CIOSL presentaron los casos de países donde las violaciones de los derechos sindicales "han llegado a un punto que se requiere la intervención oficial de la Comisión de las Naciones Unidas".
En China, afirmó la central, se ha producido durante 1999 "un deterioro significativo" de la situación. Un total de 30 sindicalistas han sido condenados a largos periodos de prisión, en la mayoría de los casos debido a su participación en la creación de sindicatos libres.
Algunos de los dirigentes obreros detenidos han sufrido torturas en las cárceles y se les han negado atención médica, sostuvo la organización mundial con sede en Bruselas.
La CIOSL dijo que ha continuado la represión en Birmania, donde se estima que unas 800.000 personas están sometidas a trabajos forzados.
Varios sindicalistas birmanos se encuentran todavía en prisión y en un caso, la mujer de uno de los dirigentes fue detenida al mismo tiempo que su marido, sobre quien recayó una condena de 20 años.
La CIOSL, controlada tradicionalmente por dirigentes sindicales europeos de tendencia socialdemócrata, sostuvo que en Colombia se cometen crímenes contra la humanidad y fundó ese grave cargo con el antecedente de 2.500 sindicalistas asesinados en ese país durante 12 años.
Bajo el derecho internacional, esa clase de represión selectiva contra un grupo de personas puede ser considerada un crimen contra la humanidad, alegó la CIOSL. Entre enero y julio de 1999 fueron ultimados en Colombia por lo menos 30 sindicalistas.
El 13 de diciembre de 1999 cayó baleado César Herrera Torreglosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, cuando ingresaba a la oficina regional de la organización en Ciénaga, capital de la provincia de Magdalena.
El sindicato que Herrera dirigía representa a los trabajadores en las negociaciones con la organización de empleadores del sector bananero AGUARA, que incluye a las transnacionales fruteras Del Monte y Chiquita, recordó la CIOSL.
La central mundial informó de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) examina el caso de Colombia, en un procedimiento que puede culminar con la creación de una comisión investigadora, la medida más enérgica del arsenal legal de esa agencia especializada de la ONU.
En el caso de Marruecos, la actividad sindical constituye un peligro debido a las detenciones, los golpes, las torturas y las prolongadas condenas que sufren los dirigentes obreros.
A pesar de las numerosas gestiones realizadas por la CIOSL, los militantes de la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) continúan siendo víctimas de la complicidad entre los empleadores y las autoridades públicas, sostuvo la central internacional.
En Djibouti, la CIOSL se ha quejado por "la descarada interferencia del gobierno" en las cuestiones sindicales.
Respecto de Guinea Ecuatorial, la central expresó sus serias dudas sobre las calificaciones democráticas del gobierno, mientras que en Zimbabwe, la situación de los derechos sindicales se ha deteriorado en los últimos dos años.
De los países africanos, Swazilandia es el que recibió las críticas más duras de la CIOSL debido al acoso y la intimidación contra los dirigentes de la Federación de Sindicatos y a que el parlamento demandó la deportación de los dos máximos líderes obreros con el argumento de que no tenían la nacionalidad. (FIN/IPS/pc/mj/hd lb/00
