Martha Ojeda lidera desde Estados Unidos un movimiento sindical, comunitario y de activistas religiosos que están creando un nuevo tipo de solidaridad a través de la frontera con México.
Como directora ejecutiva de la Coalición por Justicia en las Maquiladoras, Ojeda ha organizado a miles de trabajadores en algunas de las zonas más pobres de México, una piedra arrojada desde la frontera estadounidense.
Desafiando a los jefes de las maquilas (zonas francas de eportación), se enfrentó con algunas de las mayores corporaciones del mundo que explotan despiadadamente a obreros mexicanos.
Sin embargo, Ojeda no se atemorizó con el tamaño, la riqueza o el poder de esas enoresas. "Lucho por los sueños de mi gente, por la libertad, por una vida mejor, por la democracia y nuestros derechos", explicó, en una cortante mezcla de inglés y español, lanzando puñetazos al aire para puntualizar sus frases.
En la última década, los trabajadores de la frontera se han volcado a las 150 organizaciones mexicanas, estadounidenses y canadienses integrantes de la Coalición por Justicia en las Maquiladoras en busca de apoyo.
"La productividad de las maquiladoras rivaliza con fábricas de Estados Unidos, pero combinan calidad del primer mundo con salarios del tercero, justo al lado del mercado estadounidense", explicó Harley Shaiken, de la Universidad de California.
Ese es un incentivo muy poderoso para que las compañías instalen sus fábricas en esas zonas. El gobierno mexicano ha creado un clima para las inversiones que depende de un gran ejército de obreros con bajos salarios.
Ojeda conoce bien las dificultades. Aún luce las cicatrices de la guerra laboral en la fábrica de Sony de la ciudad de Laredo, una población limítrofe con Texas. La demanda de mejores salarios chocó con una respuesta violenta, en una década marcada por conflictos sindicales en la frontera.
Martha Ojeda comenzó a trabajar en la fábrica de Sony cuando se abrió en 1979 con solo 25 empleados.
Como la mayoría del millón de obreros en las 2.000 maquiladoras situadas en la extensa frontera con Estados Unidos, los empleados en las maquiladoras de Sony tienen un sindicato, filial de la Confederación de Trabajadores Mexicanos.
Sin embargo, descubrieron que dirigentes que respaldan la política de bajos salarios del gobierno controlaban la asociación laboral desde la ciudad de México. En 1992, los trabajadores nombraron a Ojeda presidenta de su sindicato. Casi de inmediato, fueron despedidos.
Los dirigentes en la ciudad de México declararon presidente del sindicato al oponente de Ojeda en una elección fraudulenta. Durante tres días, indignados trabajadores bloquearon las puertas de la fábrica. Finalmente, cientos de guardias de Sony y policías locales apalearon y dispersaron a los manifestantes.
Ojeda escapó a San Antonio, en el estado de Texas, Estados Unidos, donde vive exiliada hace dos años hasta que desaparezca la amenaza de arresto por lo que ocurrió en la fábrica de Sony.
El caso Sony fue uno de los primeros que se consideraron en el marco del pacto laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los gobiernos de México y Estados Unidos reconocieron que los derechos de los trabajadores habían sido violados, pero, de hecho, nada cambió.
"El proceso del TLCAN favorece las inversiones, pero es incapaz de proteger los derechos de los trabajadores", dijo Ojeda.
Después de que la Coalición por la Justicia en las Maquiladoras difundiera el caso legal contra Sony, Ojeda se convirtió en la primera mexicana que encabeza la organización.
Los miembros de la Coalición quisieron enfatizar el liderazgo de los sindicalistas mexicanos en una organización dedicada a cruzar la frontera para mejorar las condiciónes de los trabajadores.
En 1997, ayudó a la Comisión Fronteriza de Mujeres Obreras, miembro de la Coalición, a organizar los 13.250 trabajadores de Alcoa Fujicura en su planta de la ciudad de Acuq. Allí, la fuerza activa, la mayoría femenina, acusó a la compañía de encubrir filtraciones de gas que causaban problemas de salud.
Ojeda y la Comisión se presentaron con una delegación de trabajadores a la reunión anual de accionistas de Alcoa en Pittsburgh, estado de Pennsylvania. La empresa no pudo obviar a la delegación de la Comisión Interfiduciaria para la Responsabilidad Corporativa que acompañaba a Ojeda.
La Comisión agrupa a organizaciones religiosas con influencia en cientos de miles de inversores.
En la reunión, Paul O'Neill, principal ejecutivo de Alcoa, afirmó que "se puede comer sobre el suelo de esas fábricas", pero el grupo le arrancó un compromiso para investigar las condiciones de trabajo.
Al final, la compañía admitió que hubo envenenamientos por gas que no fueron informados en 1994, y despidió Robert Barton, su presidente.
Actualmente, Ojeda ayuda a trabajadores de la planta Custom Trim, de propiedad estadounidense, para que organicen un sindicato independiente y resistan una ola de despidos para reprimir a los activistas.
La activista, trabajando estrechamente con sindicatos estadounidenses, está ayudando a la fuerza laboral de ambos lados de la frontera a aprender nuevos métodos de organización para enfrentarse mejor con la patronal.
En una era en que las compañías pueden trasladar empleos y capitales a través de las fronteras como si ya no existieran, la Coalición de Ojeda hace su aporte para que la justicia social no quede por el camino. (FIN/IPS/tra-eng/db/da/sm/ego/mj/hd lb/00
