Las elecciones de mayo, las más grandes de la historia de Venezuela, serán vigiladas por un "comité de auditorías" cuya creación fue impulsada para desactivar las sospechas de falta de transparencia en el proceso.
El cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este lunes que el comité, integrado por representantes de organizaciones independientes de la sociedad civil, tendrá a su cargo coordinar el mecanismo de auditorías a los comicios convocados para el 28 de mayo.
Las autoridades del CNE también han convocado a observadores nacionales e internacionales para asistir a este proceso electoral, que debido a sus grandes dimensiones es popularmente conocido con el nombre de "megaelección".
El interés por generar mecanismos de supervisión de los comicios surgió en medio de una lluvia de sospechas de supuesta parcialidad sobre el Consejo en este proceso.
Los cinco directivos del CNE fueron designados por una comisión legislativa de transición dominada por partidarios del gobierno de Hugo Chávez, y de acuerdo con sus críticos el resultado fue un organismo electoral integrado por partidarios del presidente.
Las dudas de organizaciones políticas y de la sociedad civil apuntan invariablemente a la falta de transparencia en elecciones realizadas en estas condiciones, mientras el debate electoral incluye desde hace semanas pronunciamientos sobre la posibilidad de que los resultados sean manipulados.
Unos 11,5 millones de venezolanos han sido convocados para elegir presidente, parlamentarios, gobernadores, legisladores regionales, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales.
En total son 6.234 cargos, lo que implicará renovar toda la institucionalidad para adaptarla a la Constitución vigente desde el 30 de diciembre, en la cual además se consagra el nuevo nombre de este país: República Bolivariana de Venezuela.
El CNE ha reaccionado frente a las dudas en su contra argumentando que son parte de una "campaña perversa", y han asegurado que pretenden entregar un resultado "fiel y exacto" de la votación de los venezolanos a fines de mayo.
Pero esos pronunciamientos no bastaron para apaciguar las críticas de opositores al gobierno, cuyo principal portavoz es el candidato Francisco Arias, retador de Hugo Chávez por la Presidencia.
Los dos acérrimos competidores en el pasado eran compañeros militares y compartieron el liderazgo de un fallido golpe de Estado en 1992.
El 10 de abril la Iglesia Católica se sumó a las dudas. El presidente de la conferencia episcopal, Baltazar Porras, consideró que el método de elección y la composición del CNE "plantea un cuestionamiento a la vigencia del Estado de derecho".
Las opiniones de la iglesia causaron un visible desagrado en el gobierno que no tardó en responder. Chávez criticó duramente a la dirigencia eclesiástica, los acusó de haber "bendecido el robo" en el pasado y generó una disputa que acaparó el debate electoral durante 10 días.
Uno de los directivos del CNE, Eduardo Semtei, confirmó este lunes que la iglesia se ha negado a integrar el equipo de observadores de los comicios.
Semtei también anunció que el comité de auditorías debería funcionar desde este lunes, y recordó que su misión más importante será la de contratar empresas para hacer las auditorías especializadas al proceso de votación que será automatizado casi por completo.
El directivo del CNE dijo que los miembros del comité no recibirán ningún tipo de remuneración. Las autoridades comiciales, en cambio, sí se harán cargo de "pagar el costo de la auditoría" nacional o internacional, explicó Semtei.
El comité está formado por organizaciones de la sociedad civil, con la asesoría del Centro Carter de Estados Unidos.
El gobierno venezolano también invitó a la Organización de Estados Américanos (OEA), a organismos de la Organización de las Naciones Unidas, a grupos políticos internacionales, a fundaciones políticas europeas, parlamentos regionales y representantes de otros organismos electorales latinoamericanos.
Mientras, el CNE decidió solicitar a los candidatos presidenciales que nombraran representantes ante el organismo, con voz pero sin voto. La invitación hasta ahora ha sido rechazada por la oposición.
"Son libres de nombrar cuantos observadores crean convenientes para cerciorarse de nuestra transparencia", aseguró Semtei este lunes. Según dijo, están dispuestos a aceptar esos observadores en todas las juntas parroquiales donde se votará.
Los electores deberán escoger entre unos 32.000 candidatos, lo que hace necesaria la impresión de unas 42 millones de boletas de votación, un proceso que se inicia esta semana en Chicago, Estados Unidos. (FIN/IPS/lc/mj/ip/00
