España se apresta a celebrar el próximo lunes el Día Internacional de los Trabajadores sin graves conflictos, pero con quejas de las dos mayores centrales sindicales.
La Unión General de Trabajadores (UGT, prosocialista) y Comisiones Obreras (CCOO, procomunista), que agrupan a la casi totalidad de los trabajadores sindicalizados, ni siquiera se plantean la posibilidad de una huelga general.
Las relaciones de ambas centrales sindicales con el gobierno del centroderechista José María Aznar fueron cordiales durante los cuatro años del primer mandato de éste (1996-2000) y prometen serlo en el segundo, de acuerdo con sus actitudes y declaraciones.
Una evolución favorable de la economía, que permitió reducir el desempleo y aumentar las prestaciones sociales, se encuentra en la base de esa armonía en las relaciones entre el gobierno y los sindicatos, aunque entre éstos y las organizaciones empresariales la cordialidad no existe.
No obstante, hay problemas. Con motivo de celebrarse este viernes el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, CCOO y UGT denunciaron un alto grado de riesgo laboral, en especial para los jóvenes, que sufren 60 por ciento de los accidentes de trabajo.
El año pasado, informan ambas centrales, 417.000 jóvenes se accidentaron y 184 de ellos murieron trabajando.
Tan elevado porcentaje se debe fundamentalmente, según las centrales, a la existencia de empresas de trabajo temporal, autorizadas a funcionar hace dos años, y a los contratos laborales precarios.
Los jóvenes, explican, cubren mucho trabajo a destajo, no reciben información sobre los riesgos y eso, más la falta de madurez física, fisiológica y psicológica de los adolescentes, se traduce en una mayor vulnerabilidad de éstos.
Pero, aseguran las centrales, eso ocurre porque se viola la ley que prohíbe a los menores de 18 años realizar trabajos nocturnos y horas extraordinarias y actividades insalubres, tóxicas, penosas o peligrosas.
Por ello, las centrales programaron actos por toda España para reclamar salud laboral, con carteles, pancartas y manifestaciones. También, en Getafe, una localidad de la periferia madrileña, el domingo se celebrará un acto cultural de danza, titulado "Trabajar, danzar, vivir".
Los sindicatos tampoco están conformes con el plan nacional de acción para crear empleo este año, presentado este viernes por el gobierno tras la primera reunión del Consejo de Ministros.
El plan, que en lo fundamental consiste en la concesión de beneficios fiscales a las empresas que creen puestos de trabajo, no recibirá el respaldo de las centrales sindicales, porque, según éstas, "tiene deficiencias".
La más notoria, dicen, es el procedimiento seguido para evaluar el cumplimiento del plan de empleo de 1999, dado que los interlocutores sociales no participaron en el proceso de seguimiento y evaluación. Los sindicalistas fueron "simples receptores de la información facilitada por el gobierno".
Tampoco hubo negociación para elaborarlo, sino "un mero proceso de consultas", lo que "denota una falta de interés del gobierno en la participación efectiva en todos sus niveles de los interlocutores sociales", para elaborar el plan.
No obstante, observan las centrales, "cabe destacar que, por primera vez, el Gobierno reconoce en el Plan que los interlocutores sociales no aprobaron los anteriores y recoge, en un anexo, las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales".
El principal problema del mercado laboral en España es el alto desempleo, en especial de mujeres, jóvenes y desocupados de larga duración, así como un bajo nivel de protección de los desempleados e insuficientes políticas activas para promover el empleo.
En definitiva, CCOO y UGT consideran que en el plan de empleo se deben aplicar políticas más activas y mecanismos de creación de fuentes de trabajo, en vez de "quedarse sólo en mejorar la formación y orientación de las personas desempleadas".
Para ello, creen que se debe reorganizar y reducir el tiempo de trabajo y combinar la negociación colectiva con la iniciativa legislativa. O sea, que las dos centrales sean consultadas a la hora de aprobar nuevas leyes que afecten al sector laboral.
Un primer paso, aseveran, debe ser la modificación de la ley básica de empleo, para adecuarla a las necesidades de cambios en el mercado de laboral, pero garantizando los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de los trabajadores.
En definitiva, no habrá protestas el 1 de Mayo, certificando un clima de concordia social, pero sí quejas de los representantes de los trabajadores, que consideran que su situación se debe mejorar. Y que es posible hacerlo, atendiendo a la realidad de la marcha de la economía del país. (FIN/IPS/td/ff/lb/00
