La oposición y expertos de Perú piden que se cambien las reglas de juego cuando el presidente Alberto Fujimori y el independiente Alejandro Toledo vuelvan a enfrentarse ante las urnas a comienzos de junio, esta vez solos, tras la primera vuelta del domingo pasado.
Fujimori, quien es acusado por la oposición de forzar la Constitución para postularse a un tercer mandato consecutivo, obtuvo 49,84 por ciento de los votos, mientras Toledo recogió 40,31 por ciento.
Los poco más de 17.000 votos que le faltaron a Fujimori para completar el 50 por ciento más un voto requerido para obtener la Presidencia nuevamente evitaron una segura crisis política interna y problemas internacionales, debido a las numerosas denuncias de fraude electoral.
El buen desempeño en los comicios del domingo de Toledo, economista de ascendencia indígena y ex asesor del Banco Mundial, es destacado por los expertos, quienes recuerdan que en su primera postulación en 1995 sólo obtuvo seis por ciento del electorado.
Fujimori no ha aparecido en público desde que las autoridades electorales proclamaron el miércoles que habrá segunda vuelta. Hasta ahora sólo se ha pronunciado su compañero de fórmula, el ex canciller Francisco Tudela, quien dijo que su sector no le teme a la nueva competencia.
Por su parte, Toledo desafió al presidente peruano a un debate sobre planes de gobierno y dijo que si gana las elecciones eliminará de la Constitución las cláusulas de reelección, concederá el derecho de voto a los militares y regularizará la composición del tribunal constitucional.
También reclamó la modificación de las reglas de juego electorales, incluyendo la sustitución de las actuales autoridades comiciales, para darle credibilidad al nuevo proceso.
Los otros siete candidatos obtuvieron en conjunto algo más de nueve por ciento de los votos, de modo que si se sumaran las adhesiones de todos los opositores del actual gobierno y Fujimori conservara su caudal del domingo, Toledo ganaría muy escaso margen.
Seis de ellos ofrecieron a Toledo el respaldo de su electorado para poder derrotar en la segunda ronda a Fujimori.
Máximo San Roman, candidato del centro izquierdista Movimiento Union Por el Perú (UPP) creado en 1995 tras la candidatura del ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, dijo esperar que el apoyo a Toledo "sea el inicio de una unidad nacional muy grande".
En tanto, Abel Salinas, candidato del socialdemócrata partido Aprista, anunció que su sector dará apoyo a Toledo sin ningún condicionamiento, "a pesar de nuestras discrepancias con su expresa línea económica neoliberal"
El analista Raúl Serrano, de la organización no gubernamental Cedro, explicó que "el país está polarizado", ya que la oposición se alineó tras la figura de Toledo, "salvo el silencio del partido religioso FREPAP, que obtuvo 0,72 por ciento de los votos y suele ignorar al resto del espectro político".
"Pero en política no se puede sumar aritméticamente, pues algunas alianzas provocan restas, y las decisiones de los líderes partidarios coaligados serán acatados por sus militantes pero no necesariamente por todos sus simpatizantes", comentó.
Serrano agregó que "es obvio que las imágenes que Fujimori y Toledo proyecten en las casi cuatro semanas de campaña definirá el resultado de la segunda vuelta electoral", debido a la estrecha diferencia que existió el domingo entre ambos candidatos.
Para Efraim Trelles, comentarista de la emisora de televisión Cable Canal de Noticias (CCN), "Toledo tendrá que evitar actitudes violentistas como las exhibidas en los últimos días" para poder aumentar su caudal de votantes.
Por su parte, Hugo Guerra, jefe de la sección editorial del diario opositor El Comercio, el de mayor circulación e influencia política en Perú, opinó que Fujimori "tendrá que modificar el marco de inconstitucionalidad y abuso que ha implantado desde que decidió presentarse a la reelección".
Añadió que, "si a los dirigentes de la campaña de Fujimori les molesta la intromisión de la comunidad internacional, deben tomar en cuenta que nadie en el mundo globalizado de hoy acepta el abuso ni la prepotencia, por lo que salen en defensa del agredido".
Guerra les recomienda a los dirigentes del movimiento oficialista que, "en lugar de amargarse, corrijan las violaciones a la Constitución y jueguen limpio en la segunda vuelta".
Toledo y los líderes de los partidos que lo respaldan, comenzaron a reclamar el cambio de las reglas de juego, como la apertura de espacios en los canales de televisión de señal abierta para la información y propaganda del candidato opositor y "el fin de la llamada guerra sucia de los pasquines oficialistas".
También demandan el cambio de las autoridades electorales, a las que responsabilizan de las presuntas irregularidades cometidas por sus funcionarios o los activistas de Fujimori.
El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, propuso este jueves que los dos candidatos suscriban el compromiso de respetar un código de conducta, que excluya de la contienda los agravios personales y actos de hostilidad.
También abogó por la suspensión de la publicidad de las obras estatales, que ambos candidatos informen sobre el origen de los recursos gastados en propaganda y, si fuera posible, que el Estado financie la publicidad electoral de los dos sectores en la televisión abierta.
El llamado "secuestro de la televisión abierta" ha sido un tema constante de los postulantes a la Presidencia por la oposición en la pasada campaña electoral, quienes denunciaron que los canales se rehusaban a difundir sus piezas publicitarias por presuntas presiones del gobierno.
Los sectores políticos de oposición consideran que sus mensajes tuvieron insuficiente difusión, pese a que contaron con gran respaldo de los medios escritos, incluyendo a los dos diarios y el semanario de mayor circulación, todas las revistas políticas y uno de los dos canales de televisión por cable.
La "guerra sucia" desatada contra Toledo por medios de reducida circulación, cuyo financiamiento se atribuye a los servicios de inteligencia del Estado, incluyó acusaciones sobre una supuesta vinculación con un banquero procesado por estafar a miles de ahorradores y algunas infidencias familiares.
El gobierno negó estar vinculado o financiar esos diarios y aseguró que no presionó a los canales de televisión, ya que "el respeto a la libertad de prensa impide obligar a los medios a publicar la información que no desean difundir o prohibir ciertos temas o noticias". (FIN/IPS/al/dm/ip/00
