El fiscal de la capital de México, Samuel del Villar, enfrenta una dura batalla con el gobierno federal por sus acusaciones de corrupción contra un secretario (ministro) de Estado y una cadena de televisión, a cuyos ex colaboradores involucra con el narcotráfico.
La fama de honesto ganada por Del Villar en más de 25 años de trabajo como abogado es puesta en duda por los allegados al gobierno y los directivos de Televisión Azteca, la segunda cadena de televisión de México, después de Televisa
Del Villar acusó a fines de marzo a Oscar Espinosa, el último regente de la capital de México nombrado por el Poder Ejecutivo, miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hoy secretario de Turismo, de un supuesto peculado de 42 millones de dólares, cometido cuando ejercía su cargo.
Los presuntos involucrados en actos criminales y de corrupción dicen que el fiscal (procurador), en funciones desde 1997, los acusa para favorecer intereses electorales de la oposición y que presiona a testigos para demostrar hipótesis infundadas.
Apoyados por portavoces del PRI, afirman que la coincidencia que tienen las acusaciones con el proceso político con vista a las elecciones presidenciales de julio, demuestran que Del Villar, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), no actúa apegado a Derecho.
Sin embargo, el analista Miguel Granados y dirigentes de la oposición sostienen que el fiscal y el gobierno de la capital, a cargo del PRD, han fundado todas sus acusaciones y por eso reciben los ataques.
"Estamos ante un sistema de corrupción, de impunidad, de perversión y ante intereses criminales que conspiran para que no se cumpla la ley", dijo el fiscal al semanario Proceso.
Menos de 72 horas después de conocerse la acusación del fiscal, Televisión Azteca difundió una entrevista con el principal testigo de éste en el caso del asesinato de un conductor de esa emisora en 1999, en la que se desdice de siete declaraciones previas y exculpa a ex colaboradores de esa empresa de televisión, que fueron involucrados en la causa.
El fiscal responsabilizó al Poder Ejecutivo y a Televisión Azteca de fraguar el desmentido para desprestigiarlo y boicotear la acción que sigue contra el ex regente.
Como nunca antes se han "coaligado intereses oscuros, criminales, perversos, de dentro y fuera del gobierno", para entorpecer la acción de la justicia, señaló Del Villar, nombrado en el cargo por el gobierno de la capital, que comanda el PRD desde 1997.
Televisión Azteca, empresa que pasó del Estado a manos privadas en 1993, en un proceso que diputados de la oposición piden investigar ante presuntas evidencias de corrupción, brinda gran parte del tiempo de sus noticieros a las supuestas pruebas y fuentes que demostraría que Del Villar no actúa de forma correcta.
La cadena de televisión fue privatizada por 628 millones de dólares. Según fuentes, para cerrar esa operación, los actuales dueños recibieron un préstamo de Raúl Salinas, el hermano del ex presidente Carlos Salinas (1988-94) detenido por asesinato e enriquecimiento ilícito, pero sin mediar recibos ni otros documentos.
Desde que se descubrió que el conductor de TV Azteca, Francisco Stanley, asesinado por sicarios a plena luz del día, consumía cocaína y tenía relación con narcotraficantes, la estación de televisión endureció su trato hacia el gobierno de la capital.
Del Villar afirma tener pruebas y testigos suficientes para demostrar que Stanley fue asesinado en un plan fraguado entre narcotraficantes y ex trabajadores de TV Azteca, hoy detenidos.
Los acusados, a quienes la estación de televisión transformó en protagonistas de sus noticieros con decenas de horas de entrevistas donde afirman que son inocentes, permanecen en la cárcel gracias a las declaraciones de un testigo que afirmaba que ellos planearon el crimen.
Pero el testigo súbitamente cambió de versión a comienzos de este mes y en una entrevista para TV Azteca y Televisa, concertada con facilidades que no han logrado obtener los investigadores, señaló que Del Villar lo obligó a declarar en contra de los ex trabajadores de TV Azteca.
Al testigo se le pidió refrendar su nueva versión ante una autoridad judicial, pero hasta el momento se ha negado.
Según del Villar, en el caso Stanley subyacen los intereses criminales "más significativos, los que sólo corrompen, cuentan con redes de información por todos lados y (…) son capaces de desafiar la seguridad del Estado".
Esos intereses tienen relación con el narcotráfico y TV Azteca hace el juego a ese tipo de intereses y oculta información, sostiene.
En medio de la disputa entró el presidente de la estatal Comisión de Derechos Humanos de la capital, Luis de la Barreda, quien sostiene que el principal testigo del caso Stanley no es confiable y que los acusados deben ser liberados.
No se vale que De la Barreda se preste a campañas de desinformación de TV Azteca y menos aún que se ponga a defender intereses criminales, declara Del Villar, al tiempo de insistir en que no desmayará en su promesa de cumplir la ley, "cueste a quien le cueste". (FIN/IPS/dc/dm/ip/00
