El presidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, anunció que cesará la proscripción del comunismo, vigente desde 1965, y sectores religiosos, políticos y militares manifestaron su fime oposición a esa iniciativa.
El Partido Comunista de Indonesia (PKI) llegó a tener tres millones de afiliados, fue uno de los mayores del mundo y el mayor de Asia después del chino, y apoyó al gobierno de Ahmed Sukarno (1945-1967).
En octubre de 1965, los militares, encabezados por el general Alí Suharto, sostuvieron que los comunistas habían instigado un intento de golpe de Estado el mes anterior, ilegalizaron al PKI y persiguieron a todos los presuntamente vinculados con él. En la represión murieron más de 500.000 personas.
Sukarto siguió como presidente dos años más, privado de toda autoridad, hasta que Suharto asumió el poder en forma oficial, tras lo cual gobernó el país hasta 1998.
Ser llamado comunista se convirtió en un estigma en Indonesia, y años después de los acontecimientos de 1965 las autoridades seguían apresando y encarcelando a personas acusadas de integrar el PKI, que pasó a actuar en forma clandestina.
Wahid pidió disculpas a las víctimas de la represión en un mensaje por radio a la nación, el 18 de marzo, y anunció el levantamiento de la proscripción del PKI, pero no fijó ninguna fecha para ello porque la medida debe ser aprobada en el parlamento.
El presidente dijo que su iniciativa se inspiraba en el principio de respetar los derechos humanos.
"No deberíamos imponer medidas discriminatorias contra alguien sólo porque tiene su propia fe e ideología, porque de eso trata la Constitución. Una persona merece castigo por violar la ley, no por sus creencias", afirmó.
Muchos ex prisioneros que afirman haber sido acusados falsamente de ser comunistas opinaron que el mensaje de Wahid fue sólo una declaración política, y que habrían preferido que quienes los acusaron y arruinaron sus vidas, además de asesinar a miles de personas, fueran llevados ante la justicia.
Maman bin Taman fue tildado de comunista y enviado a un campo de trabajos forzados en la isla Buru cuando tenía 13 años. Quedó en libertad muchos años después y no pudo conseguir trabajo, porque en su documento de identidad había una marca especial que indicaba ese antecedente.
El estigma fue transmitido a sus hijos, que también tuvieron dificultades para trabajar cuando crecieron.
"Como muchos otros, estuve en la cárcel desde que era muy joven. Ahora tengo 53 años y pronto moriré. He perdido casi toda mi vida. ¿Cómo puedo alegrarme con el cese de la proscripción y las disculpas de Wahid?"", declaró Paiman, de Java Occidental, otra víctima de la represión.
No obstante, admitió que la iniciativa podría hacer más tolerable el futuro de sus hijos. "Al menos espero que no sean tratados como hijos de mala madre, porque son hijos genuinos de esta nación", apuntó.
"¿Cómo podía saber algo de política cuando me detuvieron?, ¿cómo podía estar enterado de qué era el comunismo, si era un niño?", preguntó Santosa, arrestado en 1968, cuando tenía 14 años, enviado a la isla Buru y liberado 10 años después.
"Podríamos alegrarnos si el gobierno llevara a los tribunales a los responsables de la masacre (de 1965). Juzgamos al gobierno por sus acciones y no por sus palabras", añadió.
Sin embargo, es improbable que alguien sea procesado por las atrocidades y arrestos arbitrarios del régimen de Suharto.
Varios grupos expresaron su indignación ante la iniciativa de Wahid. El primero fue el Consejo Indonesio de Ulemas, la organización clerical musulmana, el cual alegó que los comunistas promueven el ateísmo.
El parlamentario Ahmad Sumargono, quien también es presidente del Comité Indonesio para la Solidaridad Internacional Islámica, declaró que "el comunismo es el enemigo de esta nación" y de "todos los musulmanes".
Sumargono amenazó con impulsar la caída del presidente mediante de un acuerdo político entre partidos islámicos y nacionalistas.
"Le dimos nuestro apoyo (a Wahid) por motivos religiosos. El es un 'kyai' (un clérigo musulmán). Ahora nos ha traicionado porque quiere perdonar a ex comunistas y dar un lugar al PKI", expresó.
Muchos militares tampoco aprueban los planes del presidente, y el mariscal Fraito Usodo, jefe de la Oficina central de Información Militar, señaló que el decreto de proscripción del comunismo "sigue vigente".
El mes pasado, el gobierno desempolvó un viejo decreto presidencial que exige el control de antecedentes ideológicos de los empleados públicos y políticos de todos los niveles antes de que asuman nuevos cargos, para identificar a personas vinculadas con el PKI u otras organizaciones ilegales.
El analista político Soedjati Djiwandono comentó que tanto el plan para poner fin a la proscripión del comunismo como la controversia sobre esa iniciativa eran ridículos. "En realidad, el comunismo ya no existe", señaló.
Según Djiwandono, el cese de la proscripción habría tenido algún significado años atrás, pero ahora lo importante sería juzgar a los responsables de la represión anticomunista. "Si queremos mejorar nuestro respeto a los derechos humanos, esos juicios deben realizarse", afirmó. (FIN/IPS/tra- eng/ky/ccb/ral/ego/mp/ip hd/00)
