Seis organizaciones internacionales de derechos humanos exigen que el gobierno de Haití celebre elecciones legislativas y municipales el 21 de mayo.
Las seis publicaron una declaración solicitando al gobierno que celebre las elecciones e intervenga para detener el brote de violencia que surgió durante la campaña electoral.
Los comicios se aplazaron en dos ocasiones debido a robo y vandalismo de materiales y propiedades del Consejo Electoral Provisional, el organismo encargado de poner en práctica la máquina de las elecciones, y a las diferencias de éste con el presidente René Preval.
Los robos y el vandalismo obstaculizaron el proceso de inscripción de electores y, por lo tanto, la preparación de las listas electorales, según el Consejo.
La violencia se extendió a la destrucción de la propiedad privada, manifestaciones callejeras y el asesinato de activistas de distintos partidos.
"Es responsabilidad del presidente y del gobierno poner fin a la creciente violencia y llevar ante la justicia a los responsables", exhorta el informe, redactado por las organizaciones Human Rights Watch, de Estados Unidos, y las oficinas de Washington y de América Latina de Americas Watch, entre otras.
Los grupos también piden a la comunidad internacional que proporcione los fondos adicionales necesarios para resolver los problemas que plagaron el proceso electoral.
Los signatarios del informe exhortan al ex presidente Jean Bertrand Aristide, actual líder del movimiento Lavalas, a pronunciarse públicamente y condenar las amenazas y la violencia que ensombrecieron la campaña electoral.
Los grupos más acusados por los disturbios aseguran que el carismático ex presidente es su líder.
Las seis organizaciones de derechos humanos, que en octubre de 1994 apoyaron el retorno al poder de Aristide después del golpe de Estado de 1991-1994, consideran que la democracia aún atraviesa por una seria crisis en este país.
Solicitan a dirigentes políticos que se opusieron a las dictaduras de los Duvalier (1957-1986) que rechacen las prácticas políticas del pasado y se comprometan a construir una sociedad democrática que respete los derechos humanos.
Mientras, la última edición del boletín del Comité de Abogados Haitianos por los Derechos Individuales (CARLI) criticó a la policía porque no hizo intento alguno por detener actos de violencia y poner fin a violaciones flagrantes de los derechos humanos.
El boletín también recordó los disturbios que se produjeron en Puerto Príncipe a fines de marzo. Muchos integrantes de CARLI que observaron como los policías no hacían nada para proteger a propiedades privadas de los ataques de vándalos, denunciaron la negligencia de los agentes.
CARLI pidió a los dirigentes del país que garanticen el respeto de los derechos de la propiedad privada, incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución de 1987.
CARLI también acusó a CIMO, una unidad antimotines de la policía, de haber torturado a detenidos durante una operación en Miragoane, 96 kilómetros al sudoeste de la capital, a mediados de marzo.
"Ya sea que el problema con la policía se deba a su cultura, su mentalidad o sencillamente al sistema en sí, la Constitución no se puede tratar como si fuera sólo un papel más", agregó el boletín. (FIN/IPS/tra-en/imc/fo/sz/da/aq/ip/00
