(IPS) La justicia de España dictó hoy condenas que suman 345 años de cárcel contra cinco procesados por la guerra sucia contra los independentistas vascos, realizada entre 1983 y 1986 desde el Ministerio del Interior del gobierno del socialista Felipe González.
El general Enrique González Galindo y el ex gobernador civil de la provincia vasca de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, que desempeñaron un papel importante en aquellos años, recibieron la mayor pena, de 71 años de cárcel cada.
Ambos, así como el teniente coronel Angel Vaquero, condenado a 69 años y los guardias civiles Felipe Bayo y Enrique Dorado, a 67 años cada uno, fueron considerados en el veredicto de la Audiencia Nacional autores de dos delitos de secuestro y dos de asesinato.
Otros dos acusados resultaron absueltos. Se trata del ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y de un ex abogado del Ministerio del Interior, Jorge Argote, quienes estaban acusados de encubrimiento de aquellos delitos.
Entre 1983 y 1986 se cometieron cuatro decenas de atentados y secuestros, con el resultado de 28 muertes, perpetrados todos desde el Ministerio del Interior, según consta en los respectivos sumarios judiciales.
Vera y el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, fueron condenados por uno de esos secuestros y asesinato, aunque posteriormente recibieron el indulto, por lo que se encuentran en libertad.
La absolución de Vera y Argote fue interpretada por el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como una constatación de que "las acciones que hayan podido desarrollarse en la lucha contra el terrorismo al margen de la ley, nunca fueron ni propiciadas ni asumidas por el Gobierno de la Nación", según una declaración emitida por su Comisión Política apenas conocida la sentencia.
Sin embargo, el comunicado del PSOE no alude a Rodríguez Galindo, condecorado por el gobierno de Felipe González por su actuación contra la organización ilegal ETA al frente del Cuartel de Intxaurrondo, un organismo de la Guardia Civil (policía militarizada), ubicado en la ciudad vasca de San Sebastián.
Tampoco se refiere al papel desempeñado por Elgorriaga, representante del gobierno central en Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián y de quien dependían las fuerzas de seguridad en esa provincia.
Las víctimas cuyo asesinato se juzgó este miércoles fueron José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, a los que se acusaba de pertenecer a ETA. Ambos fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 en el sur de Francia, donde se hallaban refugiados.
De inmediato fueron trasladados a la ciudad de San Sebastián, cercana a la frontera con Francia, y sometidos a torturas en una dependencia oficial, según la acusación y varios testigos.
Sin embargo, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional no consideró probado que los acusados participasen, ordenasen o consintiesen las torturas, pero sí que cinco de ellos fueron los autores del secuestro y posterior asesinato de los dos jóvenes.
La misma sala entendió probado que Lasa y Zabala fueron trasladados al otro extremo de España, a Alicante, sobre el mar Mediterráneo, donde fueron asesinados con disparos en la nuca y enterrados bajo 50 kilos de cal viva.
Javier Gómez de Liaño, el juez instructor del sumario que dio paso al juicio, dijo que nunca le tocó ocuparse de un caso similar y calificó los hechos de "la página más negra de la democracia española".
Según Gómez de Liaño, a pesar de los numerosos casos de atentado y malos tratos registrados en este país en los últimos años, "no ha habido nada igual a disparar ante una tumba, a cañón tocante, después de un secuestro y de unas torturas físicas y psíquicas".
Los dos secuestrados desaparecieron sin dejar rastros. En enero de 1985, un vecino del pueblo de Busot, en Alicante, encontró unos huesos humanos mientras cazaba en un monte. Los restos, sin identificar, fueron depositados en la morgue.
Un policía de Alicante, al ver los restos en la morgue diez años después, en 1995, pensó que podrían pertenecer a los dos etarras desaparecidos. Un análisis genético permitió identificarlos sin lugar a dudas y, con ello, reabrir el proceso, que estaba paralizado.
Un comisario de policía recibió la orden expresa de la entonces secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, hoy retirada de la política, de investigar el caso a fondo. De esa investigación se nutrió la mayor parte de la instrucción del juicio.
Apenas conocido el fallo, se anunciaron las apelaciones. El fiscal y los abogados de la acusación apelarán, por considerar que las absoluciones no se ajustan a derecho, y los abogados de la defensa recurrirán contra las condenas.
La acusación y el fiscal, además, pedirán que se disponga el inmediato ingreso en prisión de tres condenados que están todavía en libertad: Rodríguez Galindo, Elgorriaga y Vaquero. Bayo y Dorado sufren prisión condicional desde hace cuatro años. (FIN/IPS/td/ff/if hd/00
