El centroderechista José María Aznar presidirá a partir de este jueves un nuevo gobierno en España con un solo problema de difícil solución: los reclamos independentistas del nacionalismo vasco.
Aznar presentará este martes al parlamento su programa de gobierno, que durante dos días será objeto de debate entre todos los partidos con representación parlamentaria.
Este miércoles, Aznar será designado presidente del Consejo de Ministros, para lo cual ya tiene asegurado el voto favorable de 203 de los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y el jueves prestará juramento de su cargo ante el rey Juan Carlos.
El presidente del centroderechista Partido Popular (PP), que ganó las elecciones generales del 12 de marzo, pedirá el apoyo de los demás partidos y les ofrecerá un pacto de Estado en procura de la erradicación de la violencia originada en el País Vasco y el logro del pleno empleo.
La principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y otros partidos menores apoyarán ese pacto, según fuentes parlamentarias.
Pero no lo harán el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su escisión, Eusko Alkartasuna (EA), ambos moderados y en el gobierno de la región autónoma del País Vasco, integrada por las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava.
Aznar, quien con los 183 diputados del PP cuenta con mayoría suficiente para aprobar leyes ordinarias, incluirá en su programa la gestión de un acuerdo sobre pensiones, un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, la reforma electoral y de la justicia y un plan hidrológico nacional.
En todos esos puntos habrá acuerdos y desacuerdos, pero el mayor obstáculo para una gestión gubernamental tranquila se deriva del conflicto vasco.
Una expresión de ese obstáculo, la más ruidosa y sangrienta, se manifiesta a través de atentados de la organización ilegal ETA y la violencia callejera de grupos juveniles que la apoyan.
Pero el principal problema político para Aznar lo representa la posición cada vez más independentista del PNV y EA.
Estos partidos rechazan la violencia de ETA, pero se niegan a romper un pacto firmado con Euskal Herritarrok (EH), una coalición próxima a la organización ilegal y, además, suscriben sus demandas soberanistas.
"ETA sabe muy bien que no puede conseguir por las armas la independencia de Euskadi (País Vasco). Cuanto más use las armas, más obstaculizará la política nacionalista unida y retrasará, cada vez más, la fecha de nuestra independencia", dijo el domingo el presidente del PNV, Xavier Arzallus.
EA y el PNV demandan a ETA y al gobierno español que negocien una salida pacífica al problema, pero Aznar replica que con la organización ilegal no discutirá asuntos políticos sino sólo medidas de gracia y reinserción para sus miembros, "siempre y cuando deje de matar y abandone las armas".
El líder de EH, Arnaldo Otegui, replicó que "no hay camino intermedio entre el autonomismo y la soberanía".
Otegui justificó las acciones de ETA, además de negarse a condenar sus atentados mortales contra políticos desarmados y la cotidiana violencia callejera sobre domicilios, comercios y automóviles de miembros del PP y del PSOE, sobre los que llueven artefactos incendiarios.
Con estos antecedentes, es difícil que Aznar logre un consenso en el País Vasco entre las fuerzas democráticas que rechazan la violencia, por lo que no se avizora una nueva tregua de ETA, como la que mantuvo durante 15 meses, desde septiembre de 1998.
En las demás cuestiones, apoyado en una economía que evidencia solidez, encarará con tranquilidad su nuevo gobierno que, previsiblemente, podrá durar los cuatro años para los que fueron elegidos los diputados y senadores.
Si en el gobierno anterior (1996-2000) pudo gobernar sin contar con mayoría parlamentaria y logró acuerdos sociales con los sindicatos, nada permite prever mayores problemas, salvo el del País Vasco. (FIN/IPS/td/mj/ip/00
