El nuevo gobierno de España pedirá al parlamento la inmediata ratificación del tratado para la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), anunció hoy José María Aznar al presentar su programa ante el Congreso de los Diputados.
La creación del TPI, que juzgará delitos contra la humanidad como el genocidio y los crímenes de guerra, fue aprobada en julio de 1999, en una conferencia internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Roma, y para su puesta en marcha el tradado respectivo deberá ser ratificado por al menos 60 estados.
Pero, hasta hoy, de los 95 países firmantes sólo ocho ratificaron el tratado: Fiji, Ghana, Italia, Noruega, San Marino, Senegal y Trinidad y Tobago. Mientras, China, Estados Unidos y Rusia, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se han negado a firmarlo.
España, país donde prosperan juicios iniciados contra ex dictadores de Argentina, Chile y Guatemala, todavía no ha ratificado el tratado, mientras surgen voces a favor, en contra e, incluso, escépticas.
Entre los partidarios de que el tratado sea ratificado de inmediato figuran el gobierno, todos los partidos de la oposición y las organizaciones de derechos humanos.
Las opiniones contra la ratificación se apoyan en interpretaciones de la Constitución, según la cual el rey, jefe del Estado, es inimputable. Por eso, advierten, el tratado que crea el TPI no podría ser ratificado, a menos que se establezca una reserva o que medie una reforma constitucional.
Pero el tratado constitutivo del TPI establece que ningún estado podrá hacer reservas al ratificarlo, o sea que no podrá comprometerse a respetarlo y aplicarlo en parte, sino en su integridad.
Las dudas acerca de la conveniencia de su ratificación fueron expresadas por el fiscal Ignacio Gordillo, de destacada actuación en los juicios contra ex dictadores que se tramitan ante tres juzgados de la Audiencia Nacional, un tribunal federal.
Gordillo objetó que se acepte el veto del Consejo de Seguridad de la ONU contra las decisiones del TPI, lo cual, aseguró, equivale a "proteger a las principales potencias, donde los criminales de guerra son tratados como héroes".
Además, según ese estatuto bastará con que en un país se inicie una investigación para evitar la actuación del TPI, agregó el magistrado en un artículo publicado por el matutino La Razón.
"Lo deseable sería que la comunidad internacional, y no sólo unos pocos países, se comprometieran a ceder su jurisdicción ante delitos contra la humanidad, como son el genocidio, el exterminio, los crímenes de guerra o de lesa humanidad", sostuvo.
Gordilo observó que, de lo contrario, "los poderosos nunca permitirán que funcione un Tribunal que enjuicie a todos por igual".
El fiscal recordó al respecto que del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jesse Helms, se preguntó "qué hubiera ocurrido si el TPI hubiera estado ya en funcionamiento durante la invasión estadounidense de Panamá, de Granada o el bombardeo de Trípoli".
"El derecho penal internacional no puede permitir que los crímenes contra la humanidad sean considerados en unos países como delitos y en otros (…) como conductas heroicas", concluyó Gordillo. (FIN/IPS/td/mj/hd/00
