COSTA RICA: Marcha atrás a capitalización de monopolio eléctrico

El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, fue testigo en Costa Rica de un hecho inusual: cómo la sociedad civil doblegó al gobierno y echó por tierra un proyecto de modernización de la empresa de electricidad y telecomunicaciones.

Después de 18 días de protestas sin precedentes en los últimos 30 años, el gobierno de Miguel Angel Rodríguez aceptó la noche del martes retiró el proyecto de Modernización y Fortalecimiento del monopólico Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), también a cargo de las telecomunicaciones.

El proyecto de romper ese monopolio había sido aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa el 20 de marzo.

Un día antes comenzaron las protestas que dieron pie a la manifestación más numerosa en los últimos 30 años en este país y que, a juicio de expertos consultados por IPS, parece haber reflejado el inicio de un período de inestabilidad social.

Pero no fue siquiera la manifestación la que convenció al gobierno de dar marcha atrás, sino la huelga general realizada desde el lunes en los puertos, hospitales, el ICE y la empresa estatal distribuidora de combustibles, así como más de 300 bloqueos de carreteras en todo el país.

El panorama al amanecer del martes era desalentador para el gobierno: un banco con problemas de funcionamiento debido a falta de mantenimiento en los sistemas de fibra óptica, casi todo el país sin combustible y pérdidas millonarias en embarques de banano y piña, debido a la paralización de los muelles.

En medio de tan inestable situación, el gobierno recibe desde el lunes la visita de Cardoso, y este miércoles se realiza en el país una reunión del presidente brasileño con sus pares de América Central.

Tras 14 horas de reunión, una comisión mixta que buscaba soluciones al problema decidió postergar la aprobación del proyecto para introducirle las reformas que acuerde un grupo integrado por representantes de gobierno, los trabajadores de la institución, estudiantes universitarios y ambientalistas.

La iniciativa pretendía dividir al ICE en dos empresas en las cuales 51 por ciento de las acciones permanecería en poder del Estado y el 49 por ciento restante podría ser adquirido por inversionistas privados.

"Amplios sectores de la población consideran que el proyecto del ICE debe ser modificado parcialmente, y no podemos dejar de escuchar esas voces", manifestó Carlos Vargas Pagán, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del gobernante Partido Unidad Social Cristiana, al anunciar que el acuerdo.

Pero el arreglo no puso fin a las tensiones sociales en el país. Por el contrario, el proyecto detonó, al parecer, un período de inestabilidad social.

Este miércoles, los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social se declararon en huelga indefinida en demanda de reivindicaciones salariales. En medio del recibimiento a los mandatarios visitantes, el gobierno debió hacer frente al cierre total de hospitales y clínicas.

"Cuando la sociedad costarricense se da cuenta, hace 19 días, de que a golpe de tambor se aprueba un proyecto (el del ICE) con grandes implicaciones para el país, los costarricenses tomamos conciencia casi inmediatamente de los efectos negativos", relató el historiador Gerardo Contreras.

"Eso hizo que nos lanzáramos a la calle para solicitar el retiro del proyecto", agregó

Alvaro Montero, dirigente político de izquierda, aseguró que el proyecto fue el detonante de un malestar social que viene acumulándose desde hace muchos años por el rumbo de la política nacional. Con él coinciden varios analistas de otras corrientes ideológicas.

Montero asegura que a través de los años se ha gestado un sentimiento popular de desconfianza, debido a hechos de corrupción que causaron grandes pérdidas financieras y debilidad institucional.

"No fue solo la corrupción, sino que la gente llegó al convencimiento de que las divisiones sociales son el resultado de políticas gubernamentales sumamente generosas con los grupos sociales más acaudalados y muy restrictivas con el grueso de la población", dijo Montero a IPS.

Cuando se presentó el proyecto, "la gente se dio cuenta de que era un intento más de desmembrar el estado social de derecho, que se estaban fraguando nuevos y gigantescos negocios y se generó el sentimiento creciente de malestar", agregó.

Montero señaló que la política gubernamental de apertura de mercado para productos agrícolas podría generar, en el corto plazo, nuevos y más graves y explosivas reacciones populares.

Dijo tener conocimiento de que agricultores de la zona norte se preparan para combatir a los bancos dispuestos a expropiar sus parcelas por problemas financieros derivados de las malas cosechas.

El gobierno de Rodríguez pretende abrir unilateralmente el mercado costarricense para productos agrícolas con el fin de adquirir en el exterior a precios más bajos y obligar a los agricultores a cambiar de productos, pero éstos se quejan de que no han recibido ninguna ayuda para lograr esa reconversión. (FIN/IPS/mso/mj/ip if/00