Los 170 indígenas emberá-katío que lograron detener en Colombia la expansión del proyecto hidroeléctrico Urrá, al ocupar los jardines del Ministerio de Medio Ambiente, emprendieron hoy el retorno a su territorio, ahora a salvo de la inundación.
Los dirigentes nativos anunciaron que se sumarán a las protestas de otras minorías del país.
"Nuestra victoria demuestra la tenacidad de los indígenas", dijo a IPS Jimmy Pernía, portavoz de los 170 hombres, mujeres, niños y niñas que desde el 11 de diciembre ocuparon el predio ministerial para exigir la suspensión del embalse en sus tierras del norteño departamento de Córdoba.
Pernía, asesor territorial de su comunidad en la región del Alto Sinú, aseveró que la próxima batalla "está enmarcada en las lucha" que en varias zonas rurales y áreas indígenas demarcadas oficialmente "cumplen muchos hermanos para reivindicar derechos y exigir al gobierno que entienda la diversidad cultural".
Con el acuerdo logrado el martes entre los emberá-katío y el Ministerio de Medio Ambiente, esa comunidad recibirá los beneficios económicos y sociales dispuestos por una sentencia previa de la Corte Constitucional, tribunal que controla el cumplimiento de la carta fundamental.
La Corte Constitucional ordenó en 1998 a la empresa Urrá Multipropósito acordar la reubicación con los indígenas, campesinos y pobladores afectados.
En la firma del acuerdo participaron, además de los representantes indígenas, delegados de los ministerios de Minas y Energía, de Medio Ambiente y del Interior y de la Defensoría del Pueblo (Ombusdman).
La ministra de Medio Ambiente, Claudia Martínez, dijo este miércoles que con la conciliación "se está dando cumplimiento a la ordenanza de la Corte (Constitucional) y se logró detener la ampliación del proyecto, representada en Urrá II".
El acuerdo estableció que a partir de ahora la comunidad cercana al área del embalse será beneficiada con dividendos fijos durante 50 años por 120.000 dólares y que el gobierno actualizará el censo de la población indígena para ampliar su área delimitada oficialmente.
El primer tramo de la represa comenzó a funcionar en marzo, con la inundación de 2.000 de las 7.400 hectáreas previstas para su funcionamiento, y genera 80 megavatios de electricidad a los departamentos de la costa caribe colombiana.
La meta propuesta es de 350 megavatios para abastecer, además, al noroccidental departamento de Antioquia, informó un funcionario de la empresa.
Actualmente, 2.400 emberá-katío residen en 12.000 hectáreas cercanas a Urrá, acompañados por otros 25.000 pobladores entre campesinos y pescadores.
Cuando iniciaron la protesta, los emberá-katío denunciaron que el llenado de la represa los "perjudicó seriamente" al arrasar más de 7.000 hectáreas de plátanos y otros cultivos e inundar sus tierras "más fértiles".
"Hoy nos vamos contentos porque no habrá más daño ecológico" en los territorios sagrados (cementerios) emberá-katío, dijo Pernía, quien agradeció la ayuda recibida por los habitantes de Bogotá y la de extranjeros que los visitaron durante su permanencia en el Ministerio.
La población emberá-katío recibió asistencia de varias organizaciones no gubernamentales como la Red Internacional de Ríos, de Estados Unidos, la Sociedad para la Defensa de la Naturaleza, de Suecia, y la Sociedad para la Defensa de los Pueblos Amenazados, de Alemania.
"Llegamos a esta capital 167 compañeros" luego de caminar casi 1.000 kilómetros y este miércoles "partimos 170, por los tres niños que aquí nacieron".
El dirigente indígena anunció que su comunidad "no desmayará" en el apoyo "con sincera disposición" a etnias como los u'wa del sudeste del país y los paeces del sudoccidente.
La comunidad u'wa reclama del gobierno la suspensión de la licencia ambiental concedida a la multinacional Occidental Petroleum para exploración de hidrocarburos en el Bloque Samoré, ubicado en su territorio ancestral al que consideran sagrado.
Mientras, la etnia paez y campesinos del departamento del Cauca bloquean el paso de vehículos en la vía Panamericana, que une esa región con el resto del país, en demanda de financiación gubernamental para obras sociales y de infraestructura.
La Organización Nacional Indígena de Colombia anunció su disposición absoluta para buscar "condiciones reales de negociación y velar por el respeto a la integridad étnica, social, cultural y económica de los pueblos indígenas".
El grupo informó que seguirá trazando con sus comunidades y organizaciones "las nuevas estrategias que permitan defender derechos ancestrales y garantías constitucionales". (FIN/IPS/mjll/mj/pr en/00
