Partidarios y detractores del ex dictador Augusto Pinochet se enfrentaron hoy en el centro de la capital de Chile al comenzar el juicio que determinará si el anciano general retirado y senador vitalicio puede ser juzgado por crímenes contra los derechos humanos.
La relación de la causa en la Corte de Apelaciones, a cargo de la abogada Soledad Melo, comenzó a las 21.30 GMT, luego de que los 22 magistrados rechazaran la petición de la defensa del ex dictador de que se la practicaran exámenes médicos antes de los alegatos.
Con esto, se dio paso a las intervenciones tanto de los abogados acusadores como de la defensa de Pinochet, que se prolongarán al menos este jueves y viernes, en la primera fase del proceso que en total se extendería por uno o dos meses.
"Nadie está intranquilo en el Chile de hoy", dijo el presidente Ricardo Lagos, quien descartó así versiones de inquietud militar surgidas luego de que el comandante del Ejército, Ricardo Izurieta, se entrevistara imprevistamente con el mandatario al atardecer del martes.
Lagos formuló declaraciones luego de inaugurar una jornada de lecturas por parte de personalidades de "Canto General", del poeta chileno y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, con motivo del 50 aniversario de la edición de esta histórica obra.
Las figuras del ex dictador Pinochet y de Neruda, el poeta comunista fallecido en 1973 pocos días después del golpe de Estado del 11 de septiembre, simbolizaron una vez más este miércoles las profundas divisiones que arrastra desde entonces la sociedad chilena.
El inicio del llamado "antejuicio" a Pinochet no distrajo a la mayoría de los chilenos de otras preocupaciones, entre las cuales se incluía el partido que jugaba en la noche de este mismo miércoles la selección nacional de fútbol con la de Perú, en las eliminatorias para la Copa Mundial de 2002.
Las pasiones a favor y en contra del anciano general de 84 años se concentraron en los alrededores del Palacio de los Tribunales, donde unos y otros intercambiaron insultos, lanzamiento de botellas y otros objetos, pese a los esfuerzos de la policía de Carabineros por mantenerlos apartados.
Las autoridades determinaron emplazamientos especiales detrás de barreras móviles para los activistas de derechos humanos que abogan por la condena de Pinochet y para los defensores del ex dictador, separándolos por una cuadra de distancia.
No obstante estos preparativos, en los desplazamientos por las calles aledañas se registraron los enfrentamientos, que rememoraron incidentes registrados en Londres durante los 503 días de arresto de Pinochet en Gran Bretaña.
Unas 10 personas fueron detenidas durante los incidentes, entre ellos el conductor de un automóvil del Ministerio de Relaciones Exteriores que embistió las barreras y arrolló a tres estudiantes universitarias, detractoras del ex dictador, que resultaron heridas.
El humorista Juan Carlos Meléndez, apodado el "Palta", fue igualmente agredido por partidarios de Pinochet, cuando llegó hasta el lugar con un disfraz del ex gobernante de facto para promocionar su próximo espectáculo en un café-concert.
Se calcula que en la confluencia de las céntricas calles Compañía y Bandera, frente al tribunal, se dieron cita unos 200 pinochetistas, quienes no sólo golpearon al humorista, sino que además hostigaron permanentemente a los periodistas destacados en el lugar.
A una cuadra de distancia, en la esquina de Compañía con Morandé, se instalaron unos 300 activistas de derechos humanos, en especial mujeres afiliadas a la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Los detractores de Pinochet mostraron las ya habituales pancartas con los rostros de víctimas de la represión y leyendas que exigen el fin de la impunidad de Pinochet y su sometimiento a proceso.
El levantamiento de la inmunidad legislativa del ex gobernante, en su calidad de senador vitalicio, fue solicitado el 6 de marzo por el juez Juan Guzmán, quien investiga casi 90 querellas presentadas contra Pinochet desde enero de 1998.
El pedido de desafuero se fundamenta, sin embargo, sólo en la primera de esas querellas, por el delito de secuestro calificado de 19 prisioneros políticos, supuestamente fusilados en octubre de 1973 por una misión militar especial conocida como "caravana de la muerte".
Los antecedentes con que el juez Guzmán fundamentó su pedido llenan un expediente de 3.500 páginas en 10 tomos, que debió ser resumido por la relatora de la Corte de Apelaciones, Soledad Melo.
La jurista no alcanzó a completar su presentación este miércoles y continuará con esta labor durante el jueves.
Terminada la relación, alegarán en la causa los abogados querellantes, representantes del Partido Comunista y de organismos humanitarios, así como la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski.
Luego vendrá el turno de la defensa de Pinochet, que encabeza el abogado derechista Ricardo Rivadeneira, cuyos argumentos se centrarán en la inocencia de Pinochet en los delitos cometidos por la "caravana de la muerte".
Los acusadores, en cambio, apuntarán a que el jefe de esa misión militar, el general Sergio Arellano, era delegado personal de Pinochet, a la sazón comandante del Ejército y presidente de la Junta Militar de Gobierno, quien le encomendó "agilizar" los procesos de prisioneros políticos en varias ciudades del país.
En rigor, como dijo el presidente Lagos, la causa abierta este miércoles es un "antejuicio", ya que un proceso a Pinochet por los crímenes de Arellano y sus subordinados sólo se podría abrir una vez que en esta instancia se resuelva su desafuero (suspensión de inmunidad).
Eduardo Contreras, uno de los abogados querellantes, no descartó que la defensa de Pinochet insista, una vez terminados los alegatos, en que se le practiquen exámenes médicos al ex dictador para establecer si está en condiciones físicas y mentales de ser sometido a un proceso.
Tanto este trámite como otras diligencias procesales harían que este "antejuicio" se prolongue por lo menos un mes, pero si la Corte de Apelaciones decide finalmente el desafuero y la defensa de Pinochet recurre a la Corte Suprema, la causa podría durar en total unos dos meses, señaló Contreras. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/00