La justicia resolvió hoy en Chile postergar por una semana el juicio sobre la inmunidad legislativa del ex dictador Augusto Pinochet, mientras la oposición derechista confirmaba la ruptura del diálogo político con el presidente Ricardo Lagos.
La decisión de la derecha de condicionar reformas constitucionales a acuerdos políticos sobre el caso Pinochet y los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, clausuró la efímera luna de miel del nuevo gobierno con la oposición, según la conclusión unánime de los analistas locales.
Lagos encargó el martes al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, conformar una comisión redactora de reformas a la ley fundamental heredada de la dictadura de Pinochet (1973-90), lo cual fue calificado este jueves como una "bofetada" por el senador Hernán Larraín, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Según Larraín, se trata de una "maniobra" de Lagos, ya que tanto la UDI como Renovación Nacional (PRN), el otro gran partido de derecha, "habían planteado voluntad de llegar a un acuerdo (para culminar la transición democrática) con el gobierno sin excluir ninguna materia".
La dictadura de Pinochet concluyó en marzo de 1990, pero siguen vigentes instituciones calificadas de antidemocráticas, como los senadores designados y vitalicios, espacios de autonomía de las Fuerzas Armadas y organismos "garantes" de la institucionalidad, como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional.
La UDI y el PRN señalaron el miércoles que están dispuestos a negociar sobre estas materias sólo si se garantiza un "retiro digno" de Pinochet de la vida política y se acuerda una fórmula para cerrar judicialmente unos 1.200 casos de personas desaparecidas, que han dado origen a juicios contra militares.
Pinochet regresó el 3 de marzo a Chile, luego de permanecer 503 días arrestado en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón, cuyo propósito de juzgarlo en Madrid por crímenes contra los derechos humanos fue frustrado por la decisión británica de liberar al ex dictador por consideraciones humanitarias.
El ex gobernante y senador vitalicio de 84 años es objeto de 81 querellas criminales presentadas en su contra ante la justicia chilena y que tramita el juez Juan Guzmán, quien a mediados de marzo solicitó a la Corte de Apelaciones que retire a Pinochet el fuero legislativo que le concede inmunidad penal.
La demanda se fundamenta en la primera de las querellas, presentada en enero de 1998, en cuya investigación se configuró el delito de secuestro calificado de 19 prisioneros políticos, fusilados entre octubre y noviembre de 1973 por una misión militar especial conocida como la "caravana de la muerte", cuyos cadáveres nunca fueron entregados.
El juicio de desafuero de Pinochet despierta una gran expectativa judicial, política y periodística.
Sus sesiones, que podrían prolongarse por un mes, serán transmitidas por televisión en directo por canales chilenos, mientras las principales cadenas internacionales adquirieron los derechos para difundir el proceso.
El inicio de las audiencias estaba anunciado para el día 12, pero este jueves se dispuso su postergación hasta el miércoles 19, debido a que Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes en el caso de la "caravana de la muerte" se encuentra en Ginebra y necesitará tiempo adicional para redactar su alegato.
Según la derecha, algunos hechos que rodean el inicio del proceso muestran una ofensiva política de sectores socialistas de la gobernante Concertación por la Democracia, con presiones sobre los jueces, que van en contra de sus afanes de garantizar un "retiro digno" a Pinochet.
La UDI y el PRN reaccionaron violentamente contra declaraciones del diputado socialista Jaime Naranjo, quien sostuvo que los magistrados de la Corte de Apelaciones pueden ser acusados constitucionalmente si se niegan a desaforar (quitar la inmunidad) al ex dictador.
La derecha también impugna la presentación hecha esta semana por la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, quien planteó que no corresponde considerar como cuestión previa al desafuero los exámenes médicos que se le practicaron en enero a Pinochet en Gran Bretaña.
Según esos estudios, el ex dictador no está en condiciones físicas ni mentales de soportar un proceso judicial, lo cual fue invocado por el primer ministro británico, Jack Straw, para liberarlo en marzo e impedir que se llevara a cabo en Londres el juicio sobre su extradición a España.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo eco así de criterios jurídicos, según los cuales cualquier antecedente sobre la incapacidad de un acusado para enfrentar un proceso debe ser analizado una vez que se establezca si debe ser juzgado y no con antelación.
Los seguidores de Pinochet postulan, en cambio, que el tema de la incapacidad es una cuestión previa y que el consejo está actuando con criterios políticos y no judiciales, según afirmó el senador Larraín.
El parlamentario de la UDI dijo que Pinochet atraviesa por un estado de ánimo frente a la vida política "que incluiría en un momento determinado precisar su retiro del Senado, puesto que su situación de salud es incompatible con el ejercicio de una actividad pública".
Aún cuando el ex dictador renunciara al cargo de senador vitalicio, se hace necesario el proceso de desafuero para enjuiciarlo en el caso de la "caravana de la muerte", ya que un Estatuto de los Ex Presidentes, aprobado hace dos semanas, le confiere inmunidad.
El tema de los juicios a militares por los casos de desaparecidos debía ser solucionado con un acuerdo en la mesa de diálogo cívico-militar sobre derechos humanos, que se constituyó en agosto de 1999 con la participación de delegados de las Fuerzas Armadas, abogados humanitarios y personalidades académicas y religiosas.
El primer intento de suscribir un acuerdo sobre una fórmula judicial para tratar las desapariciones forzadas de personas se frustró a comienzos de marzo, cuando los abogados de derechos humanos reprobaron la ceremonia militar con que se recibió a Pinochet a su regreso de Londres.
Las diferencias al parecer fueron limadas posteriormente y se esperaba la firma del acuerdo este viernes, pero ahora son dos ramas de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, las que se niegan a suscribirlo, de acuerdo a una versión del diario La Tercera.
El matutino señaló que dirigentes de la UDI convencieron a los mandos militares de que rechazaran las sanciones que, según el acuerdo, se aplicarían a uniformados ex agentes de fuerzas represivas que, teniendo información para ubicar restos de desaparecidos, se negaran a entregarla a los tribunales.
El otro argumento que tendrían el Ejército y la Armada para no suscribir el protocolo es el rechazo a la posición del Consejo de Defensa del Estado en el juicio sobre la inmunidad legislativa del ex dictador. (FIN/IPS/ggr/dm/ip hd/00
