El principal problema de salud pública en Brasil es la escasa inversión en saneamiento básico, sector que el gobierno intenta privatizar pese a los fuertes obstáculos y la oposición.
El ministro de Salud, José Serra, quien se queja de que las inversiones se limitan a "un quinto de lo necesario", es el más entusiasta defensor de que el saneamiento es la mejor medicina contra las enfermedades que más amenazan la población por su carácter epidémico.
Esa es el área que más denuncia el rezago del país. Sólo 31 por ciento de la población dispone de servicio de desagüe, tasa que sube a 39 por ciento en las ciudades, según datos de la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ABES).
Las estadísticas también revelan que 28 por ciento de los brasileños carecen de abastecimiento de agua potable, mientras que en los centros urbanos no lo tiene nueve por ciento de la población.
En tanto, menos de 10 por ciento del agua servida recibe tratamiento antes de llegar al océano, mar, ríos y lagunas.
En esas condiciones es difícil contener epidemias como las de malaria, dengue y, en los últimos meses, el avance de la fiebre amarilla, que ya se había erradicado de las zonas urbanas y ahora amenaza ciudades del centro del país, incluso Brasilia.
Tales insuficiencias provocan la muerte prematura de 8.500 personas al año, señala un estudio elaborado por el Banco Mundial en 1998.
Cada dólar aplicado en saneamiento produce un ahorro de cinco dólares de gastos en salud pública, arguyen las empresas estatales al pedir recursos que faltaron en las últimas décadas y se hicieron más escasos desde el acuerdo de fines de 1998 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que bloqueó la principal fuente de financiación del sector.
Cada uno por ciento más de inversión en el servicio para la población más pobres reduce en 6,1 por ciento la mortalidad infantil, dice el Frente Nacional por el Saneamiento Ambiental, integrado por asociaciones profesionales como ABES, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y movimientos vinculados al tema.
En Brasil, 60 por ciento de las hospitalizaciones de niños son provocadas por enfermedades transmitidas por el agua, añadió el Frente, que rechaza la privatización y defiende un acceso universal al saneamiento.
Pero esa necesidad urgente de abultadas inversiones es el principal argumento del gobierno y los defensores de la "desestatización" de ese servicio público.
Con un Estado forzado al ajuste por un déficit fiscal y deudas enormes, sólo el capital privado podría suplir las necesidades urgentes, explican.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, entidad estatal de fomento que coordina las privatizaciones, estimó en 3.200 millones de dólares anuales las inversiones para superar las deficiencias del sector hasta 2010.
El ministro Serra indicó que son necesarios unos 2.300 millones de dólares anuales sólo para evitar la expansión de las epidemias. Sin embargo, la situación se está deteriorando por falta de fuentes de financiación, advirtieron las 27 empresas estaduales del sector.
Pero 24 de esas firmas estatales no tienen condiciones de obtener nuevos créditos por su pésima situación financiera, y además presentan una baja eficiencia, según evaluación de la Caja Económica Federal, banco de fomento que más financia la construcción y el área social en Brasil.
El gobierno de Fernando Henrique Cardoso decidió promover la privatización de tales empresas, pero enfrenta dificultades y argumentos contrarios más fuertes que en las ventas anteriores de firmas siderúrgicas, petroquímicas y bancos.
En primer lugar falta una legislación que defina la jurisdicción para determinar si es la administración estadual o la municipal la que debe realizar la privatización o, en su defecto, cómo deben compartir el poder de conceder los servicios de agua y desagüe.
El hecho provoca frecuentes disputas entre gobiernos estaduales y alcaldías, agravando problemas.
Proyectos de un marco legal para la concesión y la regulación de la actividad, sensible por involucrar toda la población y la salud, esperan tratamiento en el Congreso Nacional desde hace años.
Esa situación dificulta el diseño de un modelo de privatización, intensificando los cuestionamientos y facilita el éxito de las usuales acciones judiciales para impedirla.
Es lo que ocurrió con la empresa Manaos Saneamiento, que sirve la capital del estado de Amazonas, cuando el lunes se intentó privatizar por segunda vez. La subasta fue suspendida por tiempo indefinido por decisión de un tribunal local.
El cuadro de indefiniciones no impidió que 28 empresas municipales fuesen privatizadas en los últimos seis años, mientras también aumentó la participación minoritaria de privados en compañías estaduales.
El saneamiento básico, un negocio de cerca de 5.000 millones de dólares al año según la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno central, despierta el interés de poderosas empresas del Norte industrializado, como las francesas Lyonnaise des Eaux y Vivendi, la británica Thames Water, la estadounidense Enron y la española Iberdrola.
Además de los obstáculos legales y la lentitud del proceso, la desestatización enfrenta resistencias de la sociedad e, incluso, de sectores gubernamentales.
Saneamiento es un "monopolio natural", que imposibilita la competencia en una misma área y mucho menos la ley de oferta y demanda, por tratar de bienes de consumo obligatorio y universal, destacó Antonio Marsiglia Neto, presidente de ABES.
Es por tanto temerario entregar ese servicio al capital privado, que no tendrá ningún interés en extenderlo a las poblaciones más pobres.
Como la actividad exige grandes inversiones, con rentabilidad a largo plazo, una empresa privada tendería a elevar tarifas que resultarán insoportables para las capas sociales de menores ingresos, arguyó Marsiglia.
La solución es liberar los fondos que pueden financiar la expansión, bloqueados por el ajuste fiscal acordado con el FMI, y promover el desarrollo del sector en bases municipales, defendió Antonio da Costa Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Municipales de Saneamiento.
Miranda entiende que con una inversión de unos 1.400 millones de dólares anuales en los municipios se superarían en 10 años las deficiencias del saneamiento básico, permitiendo así reducir la mortalidad infantil de 35 por mil actual a ocho por mil, como ocurre en los países industrializados. (FIN/IPS/mo/dm/if he/00
