La caída hoy del secretario Nacional Antidrogas de Brasil, Walter Maierovitch, un día después de la del ministro de Justicia, José Carlos Días, confirmó a la indefinición en la política contra el narcotráfico como una fuente permanente de divisiones en el gobierno.
Dias fue el segundo ministro en caer en nueve meses, como consecuencia de conflictos de poder en el área de seguridad pública.
El anuncio de una operación conjunta contra el narcotráfico en la frontera con Bolivia, por parte de Maierovitch el lunes, fue la gota de agua que provocó la caída de Días, un respetado abogado que se destacó en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar (1964-85).
El ex ministro criticó duramente el secretario por revelar detalles de una acción que para su éxito debía ser secreta y calificó al hecho de "irresponsabilidad intolerable".
La manifestación de discrepancias determinó su destitución por el presidente Fernando Henrique Cardoso, que ya había dejado en claro que no aceptaría críticas públicas entre sus auxiliares.
El problema radica en la duplicidad de mando en la estructura gubernamental. Al Ministerio de Justicia está subordinada la Policía Federal, responsable de la represión de delitos de ámbito nacional e internacional, como el narcotráfico.
Pero la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), creada en 1998 para coordinar una actividad que involucra varios sectores, incluyendo la prevención, forma parte de la Presidencia de la República, ubicada en el Gabiente de Seguridad Institucional, a cuyo frente se encuentra uno de los hombres fuertes del gobierno, el general Alberto Cardoso.
También el antecesor de Días, Renán Calheiros, duró menos de un año en el cargo, cayendo en julio de 1999, al desafiar el nuevo poder de carácter policial que se viene construyendo gradualmente en torno al general Cardoso.
Calheiros contaba con el apoyo de su Partido del Movimiento Democrático Brasileño, fuerza indispensable en la coalición que sostiene el gobierno. Su sucesor, independiente, no tenía ese respaldo partidario ni parlamentario.
Según versiones que circulan en Brasilia, el general Cardoso pretende crear un Ministerio de Seguridad Pública, que incorporaría la Policía Federal, sacándola de la cartera de Justicia, como un intento de contener la creciente delincuencia en el país, especialmente el narcotráfico.
Aunque el general desmintió la existencia de esta propuesta, el rumor contribuyó a intensificar la rivalidad con el Ministerio de Justicia.
Conflictos de ese tipo tienden a repetirse en un gobierno que no tiene una clara política de seguridad ni de combate al narcotráfico, y concentra su atención casi exclusivamente en lo económico, según el analista político Fernando Abrucio.
La violencia urbana, sin embargo, está entre las primeras preocupaciones de la población, según las encuestas, y es la fuente de frecuentes crisis también en los gobiernos de los estados más poblados del país.
En Río de Janeiro, el gobernador Anthony Garotinho vio como se desplomaba su popularidad y se deshacía la coalición de izquierda que lo sostenía, tras un conflicto entre autoridades de seguridad pública que provocó la salida el mes pasado del sociólogo Luiz Eduardo Soares, autor de un innovador programa para el sector.
Sin mayor atención a esa área, el rechazo al gobierno de Cardoso se mantendrá en el nivel elevado en que ya se encuentra, vaticinó Abrucio.
Para suceder a Días, el presidente eligió a José Gregori, desde 1997 titular de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, un órgano del mismo Ministerio de Justicia.
Una vieja amistad de más de 40 años con el presidente y el espíritu más conciliador pueden hacer de Gregori un ministro más estable que sus tres antecesores, cuyo promedio de permanencia en el cargo es inferior a un año.
Pero pueden ser insuficientes para evitar las disputas que tienden a repetirse por la división de poderes en la cuestión de la seguridad interna y del combate a las drogas.
La indefinición quedó en evidencia con motivo de la creación hace seis meses de una comisión para sumar a la Policía Federal, el Ministerio Público, autoridades fiscales y la Senad en la lucha contra el crimen organizado.
El organismo de coordinación se limita hoy a una existencia burocrática, sin contar siquiera con una oficina que permita adecuadas condiciones de trabajo.
Tampoco se ha anunciado aún el Plan Nacional de Seguridad Pública, prometido por el presidente para el mes pasado. Las informaciones trascendidas indican que diferencias entre el Ministerio de Justicia y el Gabinete de Seguridad Institucional impidieron su conclusión.
El incidente que provocó la caída del ministro de Justicia hizo insostenible también la permanencia de Maierovitch en la dirección de la Senad. Esta no fue la primera vez que el secretario cometió indiscreciones, anunciando planes de represión a traficantes de drogas.
El general Cardoso trató de defenderlo, explicando que la operación conjunta con Bolivia ni siquiera está definida en sus fechas y detalles, y será tema de una reunión el 22 de mayo entre representantes de los dos países que componen la Comisión binacional contra el narcotráfico.
Las infomaciones divulgadas por Maierovitch no afectaron, por tanto, la eficacia de la operación, argumentó el general, contra la opinión del ex ministro de Justicia.
Pero no logró neutralizar las repercusiones negativas y las presiones contra su auxiliar, especialmente de parte de la Policía Federal, que vio disminuido su poder con la creacion de la Senad. (FIN/IPS/mo/ag/ip/00
