La Cámara Municipal de Sao Paulo inició hoy el proceso de inhabilitación del alcalde Celso Pitta, en un nuevo hito en la campaña anticorrupción que vive Brasil desde 1992.
La apertura del juicio parlamentario, conocido en el país por su denominación en inglés, "impeachment", fue propuesta por el Colegio de Abogados local y aprobada el martes por 39 de los 55 concejales.
Sólo tres rechazaron la acción, reflejando el aislamiento del alcalde, que disponía de amplia mayoría en la Cámara Municipal hasta principios de marzo.
Con ese resultado, que sorprendió incluso a la oposición, el Cámara eligió una comisión de siete miembros que investigará las acusaciones contra Pitta a partir de este miércoles, con un plazo de 90 días para presentar su informe, recomendando o no la inhabilitación.
La votación plenaria del informe determinará el destino del alcalde, cuyo mandato de cuatro años concluye a fines de este año. Su destitución exige mayoría de dos tercios, es decir el apoyo de 37 concejales. El proceso deberá tener fuerte influencia en las elecciones de octubre que definirán su sucesor.
Ya condenado en cinco acciones judiciales por irregularidades administrativas, Pitta permanece en el poder gracias a recursos a instancias superiores y la lentitud de la justicia.
El temblor que destruyó sus bases políticas la provocó su propia esposa, Nicéa Camargo Pitta, que venía discrepando con sus actitudes y su gestión desde el año pasado, hasta que decidió denunciar la corrupción y divorciarse a principios de marzo.
En una larga entrevista de televisión el 10 de marzo, afirmó que el alcalde sobornó a 30 concejales en 1999 para evitar un proceso similar al que ahora se instala, suspendiendo investigaciones sobre una banda que dominaba sectores de la Alcaldía para cobrar "propinas" al comercio callejero y a otras actividades, como el transporte por microbuses.
Sus revelaciones, aunque no fueron comprobadas, desataron una ola de denuncias de otros personajes y cobraron fuerza porque partían de una persona que convivió intimamente con el poder y se sumaron a los escándalos anteriores.
El asesinato en marzo de un segundo líder de vendedores callejeros que acusó a autoridades el año pasado hizo más dramática la situación.
Pese a la abrumadora derrota en la votación del martes, en que perdió la mayoría de los concejales aliados, Pitta manifestó confianza en su triunfo y calificó la decisión como "una oportunidad de oro" para probar su inocencia.
Su ex mujer dijo desconfiar del proceso, previendo que se prolongará todo el año, permitiendo así que el alcalde concluya su mandato y escape a la condena que puede apartarlo de la política por un período. Muchos concejales son sus cómplices, argumentó.
Sin embargo, una encuesta reveló que más de 80 por ciento de los habitantes de la ciudad quieren verse libres del alcalde y dos tercios creen que la mayoría de los concejales están involucrados en corrupción, pero que la casi totalidad no votará las que impidan la inhabilitación de Pitta.
Estos datos apuntan a una fuerte presión sobre los parlamentarios. A eso se suma la historia reciente del país, marcada por una movilización contra las prácticas ilegales, sobornos y nepotismo en los distintos niveles de gobierno y en la política en general.
Esa etapa tuvo inicio en 1992, con el juicio político contra el presidente Fernando Collor de Mello que llevó a su renuncia y a su proscripción política por ocho años, como responsable de la corrupción de la que su gobierno se convirtió en símbolo.
Dos años después otra investigación parlamentaria se volcó contra los mismos legisladores que aprovechaban enmiendas al presupuesto gubernamental para obtener ventajas e ingresos indebidos. Varios fueron expulsados o renunciaron antes para no perder el derecho a una nueva elección.
En los últimos años el esfuerzo de limpieza política se extendió por los municipios. Centenares de alcandes enfrentaron procesos parlamentarios o judiciales y muchas decenas de ellos fueron destituídos. Una parte logró reasumir el cargo en batallas jurídicas aún no concluidas.
El movimiento fue particularmente intenso en el estado de Sao Paulo. Nefi Tales, ex alcalde de un gran municipio cercano a la capital, Guarulhos, sigue preso además de haber perdido el cargo el año pasado, como consecuencia de un escándalo que involucró también a los concejales.
El caso de Pitta ofrece a la ciudad de Sao Paulo, una ciudad de 10 millones de habitantes, la oportunidad de poner fin a un largo período de su historia caracterizada por la corrupción y las irregularidades. En los años 50 fue gobernada por Adhemar de Barros, un político conocido por la consigna "roba pero hace".
Luego vinieron alcaldes conservadores y de actitudes polémicas, como Janio Quadros, que ocupó la Alcaldía en las décadas del 50 y del 80, y Paulo Maluf, antecesor y padrino de Pitta, a quien dejó una alcaldía muy endeudada.
Maluf responde hasta hoy a acciones judiciales en las que es acusado de irregularidades en las grandes obras que realizó, como túneles y viaductos. En algunas está involucrado Pitta, quien fue su secretario de Finanzas.
La ciudad de Sao Paulo es conocida por haber sido construida sobre un mar de ilegalidades. Expertos estiman que más de la mitad de sus viviendas son irregulares.
La tradicional economía informal, multiplicada por el gran desempleo de los años 90, amplió las actividades ilegales, aumentando también las posibilidades de corrupción, como la exigencia de "propinas" a las personas obligadas a trabajar fuera de la ley.
Las nuevas administraciones, sin embargo, podrán beneficiarse del escándalo depurador y de la estabilización demográfica de la ciudad, cuyo crecimiento desordenado hasta ahora abonaba la corrupción. (FIN/IPS/mo/ag/ip/00
