Organizaciones humanitarias de México consideraron positiva, aunque tardía, la creación en la Procuraduría General (fiscalía) de una unidad especial que investigará a grupos armados irregulares en el sureño estado de Chiapas, acusados de centenares de muertes.
"La nueva unidad deberá lograr resultados inmediatos, pero no tenemos mucha confianza, pues llega demasiado tarde", dijo a IPS Edgar Cortez, director del grupo humanitario Agustín Pro Juárez, perteneciente a la orden católica jesuita.
A sólo ocho meses del fin de la gestión del presidente Ernesto Zedillo, la Procuraduría anunció el lunes que decidió crear la "Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados en el estado de Chiapas".
Decir que son grupos civiles oculta su carácter paramilitar, pues tienen relación con autoridades civiles, policías y militares, precisó Cortez.
La nueva unidad, integrada por 40 agentes especiales, buscará por todos los medios aclarar crímenes, detener a los responsables y prevenir nuevos delitos, y para conseguirlo reunirá todas las pruebas y trabajos previos hechos por la policía, dijo el subprocurador José Luis Ramos.
La presencia de los paramilitares, entre cuyos crímenes estaría el asesinato masivo de 45 indígenas opositores en diciembre de 1997, es parte de los planes contrinsurgentes del gobierno, aseguran partidos políticos opositores.
"Confiemos en que la nueva unidad de la Procuraduría trabaje en forma independiente, sólo así logrará descubrir que lo que existe en Chiapas son paramilitares", expresó Cortez.
En Chiapas tiene su base el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupo que se mantiene como protagonista político pese a haber combatido sólo 12 días en enero 1994 y permanecer aislado y rodeado de militares.
La investigación de los grupos armados irregulares, una demanda que hasta ahora no había sido atendida, puede generar problemas a las autoridades de Chiapas, "que ocultan información y eso las compromete", afirmó Cortez.
Investigaciones del grupo Agustín Pro Juárez realizadas en Chiapas indican que al menos 12 grupos paramilitares actúan en ese estado con armas de alto poder.
Hay evidencias de que esos grupos asesinan e intimidan a opositores, aseguró Cortez, quien denunció que recibe periódicas amenazas de presuntos agentes de inteligencia militar y policial por su actividad humanitaria.
En abril del año pasado, el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una investigación que revela que los paramilitares habrían asesinado a más de 1.000 indígenas de Chiapas desde 1994.
El grupo Agustín Pro Juárez y el PRD coinciden en que algunos de esos grupos se denominan Paz y Justicia, Los Chinchulines y Máscara Roja. Otros de los mencionados son el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Tomás Munzer, Fuerzas Armadas del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos y Degolladores.
El gobierno mexicano aseguró reiteradamente que los grupos armados de Chiapas no tienen ninguna relación con el ejército, autoridades o fuerzas políticos, y menos con el gobernante Partido Revolucionario Institucional, como afirma el PRD.
Misiones de observadores extranjeros que visitaron Chiapas en los últimos años coincidieron en demandar al gobierno que pusiera fin a la presencia de los grupos armados irregulares y dismunuyera el número de soldados, como contribución a la paz.
En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, habría más de 45.000 soldados con armas sofisticadas y de alto poder rodeando a los miembros del EZLN, que serían menos de 10.000, la mayoría armados con palos, machetes y escopetas de bajo calibre.
El gobierno y la guerrilla suspendieron el diálogo de paz en 1996, cuando el Poder Ejecutivo se negó a aceptar un proyecto de ley sobre derechos indígenas preparado por diputados en base a los llamados Acuerdos de San Andrés, que había sido aceptado por el EZLN.
El gobierno de Zedillo acusa a la guerrilla de no querer un acuerdo y la califica de intransigente, mientras el EZLN sostiene que es el gobierno el que miente, incumple su palabra y alimenta "una guerra de baja intensidad".
El problema de Chiapas queda pendiente para el nuevo gobierno, que será elegido en julio y asumirá en diciembre. (FIN/IPS/dc/ag/hd ip/00
