El número de personas ejecutadas disminuyó de 2.258 a 1.813 entre 1998 y 1999, pero en Arabia Saudita, Estados Unidos e Irán se registró la tendencia opuesta, informó esta semana Amnistía Internacional.
Cerca de 85 por ciento de las ejecuciones ocurrieron en solo cinco estados (China, República Democrática de Congo, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos), destacó la organización defensora de los derechos humanos, con sede en Londres.
Además, 3.857 personas fueron condenadas a muerte en 63 países durante el mismo período, añadió Amnistía.
Aunque la cifra de 1999 marcó una disminución en el número de ejecuciones respecto de 1998, se registró la tendencia opuesta en tres países.
En Arabia Saudita, por ejemplo, se comunicó "oficialmente" la ejecución de 103 personas en 1999, frente a 29 en 1998.
Mientras, en Estados Unidos, el número de prisioneros ejecutados aumentó a 98 el año pasado, 30 más que en 1998, y en Irán las ejecuciones aumentaron de 66 a 165 en el mismo período.
Sin embargo, la cantidad de ejecuciones en China continúa siendo la más alta del mundo, según Amnistía.
"En 1999, los limitados registros disponibles a fin de año indicaban que las autoridades llevaron a cabo al menos 1.077 ejecuciones, aunque se cree que la verdadera cifra es mucho mayor", dice el informe.
Además, muchos presos en China fueron condenados a muerte luego de juicios "sumamente injustos", destaca el documento.
El lanzamiento este martes de las estadísticas sobre ejecuciones en todo el mundo en 1999 es el último de los esfuerzos de Amnistía por lograr una suspensión mundial de la pena capital.
La organización utilizará las últimas cifras para respaldar sus argumentos durante un testimonio ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que actualmente celebra su sesión anual en Ginebra.
Amnistía espera que la Comisión "apruebe pronto otra fuerte resolución que reitere su llamado a una suspensión mundial e inmediata de las ejecuciones", dado que las Naciones Unidas deben asumir un papel de liderazgo en la promoción de "medidas firmes y positivas para proteger a los condenados a muerte".
La organización también llamó la atención hacia la ampliación de la gama de delitos pasibles de pena capital en algunos países y la reversión de una suspensión de hecho de las ejecuciones en otros.
Por ejemplo, Cuba, Omán y Emiratos Arabes Unidos ampliaron el alcance de la pena de muerte en 1999 para incluir delitos como tráfico de drogas, robo a mano armada e importación de materiales prohibidos.
Mientras, Trinidad y Tobago y Uganda revirtieron su posición de no aplicar la pena de muerte.
"Nueve hombres fueron ahorcados en Trinidad y Tobago en junio, cinco años después de las últimas ejecuciones, y en Uganda, 28 personas fueron ejecutadas el 28 de abril, en las primeras ejecuciones ocurridas en ese país desde 1996", dice el informe.
Amnistía también destacó el progreso hacia la abolición de la pena de muerte. El año pasado, Timor Oriental, Turkmenistán, Ucrania y Bermudas abolieron la pena capital para todos los crímenes, mientras Letonia lo hizo para "delitos en tiempos de paz".
Además, en junio de 1999 el entonces presidente Boris Yeltsin conmutó más de 700 sentencias de muerte en la Federación Rusa.
"En el anterior cambio de siglo, solo tres países habían abolido la pena capital en forma permanente. Hoy, al comienzo del siglo XXI, 108 países la abolieron de hecho o de derecho, en reflejo de una tendencia mundial", destacó el grupo.
Desde 1948, tras la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, la comunidad internacional debate regularmente la cuestión de los "asesinatos judiciales".
Lo que ocurrió en la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines del año pasado sirve de ejemplo. Una iniciativa de la Unión Europea para una suspensión mundial del castigo capital y su eventual abolición debió ser abandonada debido a las exigencias de 83 países de cambiar la redacción de la resolución.
El proyecto de resolución, copatrocinado por 74 países de Europa y América Latina, fue impugnado por naciones de Asia, Africa, Medio Oriente y el Caribe, a los que se unió Estados Unidos.
Un delegado de la Unión Europea dijo que las enmiendas propuestas habrían "arruinado el objetivo de la resolución", destinada a promover la dignidad y los derechos humanos.
Por otra parte, un representante de Asia oriental opinó que la pena de muerte es necesaria para combatir el crimen.
"A todos nos importa el derecho a la vida, pero abolir la pena capital sin abolir los asesinatos significa defender más el derecho de los asesinos que el de sus víctimas inocentes", observó.
Sin embargo, varios estudios concluyeron que la pena capital no es más efectiva que otros castigos como medida disuasoria. Así lo destacó un informe presentado el año pasado ante la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Amnistía también sostiene esa posición. La pena de muerte no solo es "el castigo más cruel, inhumano y degradante", sino que infringe el compromiso de los gobiernos sobre que la protección del derecho a la vida es "una responsabilidad internacional". (FIN/IPS/tra-en/mmm/da/mlm/hd/00
