El juez Juan Guzmán, quien investiga las 81 querellas presentadas en Chile contra el ex dictador Augusto Pinochet, ordenó el arresto y encausamiento del general retirado Carlos Forestier, ex vicecomandante del ejército.
Forestier, acusado por el secuestro de 10 prisioneros políticos en 1973, entre los cuales se incluyen altos dirigentes del Partido Socialista (PS), se convirtió así en el oficial de mayor rango sometido hasta ahora a proceso por delitos contra los derechos humanos.
El alto oficial desempeñaba el cargo de intendente, principal autoridad gubernamental, de la provincia de Tarapacá, cuando se produjo en la ciudad portuaria de Iquique, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, el arresto de la directiva provincial del PS.
Los dirigentes, así como otros militantes de izquierda detenidos tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, fueron trasladados al campo de prisioneros de Pisagua, una localidad cercana a Iquique, donde desaparecieron.
Se presume que las 10 personas fueron fusiladas por orden de los militares golpistas, pero en la medida de que sus restos no han aparecido hasta hoy, el juez Guzmán pudo configurar el delito de secuestro calificado del cual acusa a Forestier.
Bajo este mismo precepto, Guzmán ordenó en junio de 1999 el encausamiento del general retirado Sergio Arellano, quien comandó la "caravana de la muerte", una misión militar de confianza de Pinochet implicada en el secuestro de 19 personas.
Forestier fue simultáneamente intendente y fiscal militar en Iquique, junto con ejercer las prerrogativas del Estado de Sitio delegadas por Pinochet, comandante en jefe del ejército.
La tipificación del delito de secuestro calificado permite eludir la ley de amnistía de 1978, por la cual se absolvería a Forestier, Arellano y otros jefes represivos involucrados en estas violaciones de derechos humanos si los casos se calificaran judicialmente como homicidios.
El general Forestier fue más tarde ministro de Defensa y luego vicecomandante del ejército, cargo creado especialmente durante la dictadura de Pinochet, para que éste dirigiera el gobierno sin renunciar a la jefatura del arma.
Con respecto a los 10 desaparecidos en Pisagua, el juez Guzmán dictó también autos contra el ex abogado militar Mario Acuña y el suboficial Miguel Aguirre.
Además de Forestier y Arellano, el juez Guzmán dispuso en los últimos meses el procesamiento del general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro del ingeniero comunista David Silbermann.
Contreras está encarcelado desde 1996, cumpliendo una sentencia de siete años de cárcel por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington el 21 de septiembre de 1976.
El juez Sergio Muñoz, quien investiga el asesinato del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez en 1983, mantiene bajo proceso al general retirado Humberto Gordon, ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y ex miembro de la Junta Militar, órgano legislativo de la dictadura de Pinochet.
En el mismo caso están igualmente encausados los generales, también retirados, Arturo Alvarez y Hernán Ramírez.
Otro ex jefe de la CNI, el general Hugo Salas Wenzel, está acusado por el magistrado Milton Juica en el proceso por la Operación Albania, relativa a los asesinatos de 12 jóvenes izquierdistas en Santiago en 1987.
El encausamiento de Forestier se produjo cuando resta menos de una semana para que se inicie en la Corte de Apelaciones el juicio para determinar si se le suspende al ex dictador Pinochet la inmunidad parlamentaria de que goza como senador vitalicio.
Si el tribunal falla en contra de Pinochet, éste podrá ser enjuiciado como instigador de los crímenes cometidos por la "caravana de la muerte". (FIN/IPS/ggr/ag/ip hd/00
