La repentina desaparición en Bangladesh de unos 150 niños y niñas de 10 a 15 años en el distrito de Kurigram, fronterizo con India, es aún un misterio, pero crece el temor a que hayan sido secuestrados y forzados a la prostitución.
Aunque ya pasaron tres semanas desde la desaparición de los niños de Kurigram, unos 330 kilómetros al oeste de Dacca, la policía no tiene todavía ninguna pista sobre su destino.
Sin embargo, muchos residentes locales creen que los niños fueron llevados a India, Pakistán y algunos países del Golfo para esclavizarlos sexual o laboralmente.
Nunca antes se había producido una desaparición de tantos niños de un solo lugar en Bangladesh, donde el tráfico de mujeres y adolescentes para la industria sexual asumió en los últimos años proporciones alarmantes.
Más de 46 por ciento de los 127 millones de habitantes viven por debajo de la línea de pobreza, y los traficantes aprovechan esta situación para atraer a cientos de mujeres y niños con falsas promesas de trabajo y una vida segura en el exterior.
Traficantes establecidos en India y Pakistán tienen fuertes contactos en Bangladesh y Nepal, los países más pobres de Asia meridional, y los usan para pasar a sus víctimas por la frontera con facilidad.
Bangladesh e India tienen una frontera común de 4.222 kilómetros, que abarca 28 de los 64 distritos bengalíes.
El tráfico humano está concentrado en Calcuta, la capital del estado indio de Bengala occidental, donde las víctimas son vendidas a intermediarios que abastecen burdeles de India y Pakistán. Muchas son llevadas a países del Golfo por agentes paquistaníes.
Se desconoce el destino de cerca de 80 por ciento de esas mujeres, niñas y niños, sostiene un informe de la Asociación Nacional de Mujeres Abogadas de Bangladesh (BNWLA).
Se estima que unas 7.000 personas caen víctimas del tráfico sexual cada año, todas pobres y casi todas analfabetas, y que más de 70.000 mujeres fueron sacadas de Bangladesh desde 1990, según el informe, elaborado con ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El estudio se concentró en 250 aldeas fronterizas de seis subdistritos entre octubre de 1998 y octubre de 1999. Las mujeres divorciadas y los niños de familias rotas son particularmente vulnerables, concluyó.
Hasta 27 por ciento de las víctimas femeninas tienen entre 13 y 16 años, y otro 55 por ciento tiene entre 17 y 24 años. BNWLA logró repatriar a 116 mujeres y niñas de diferentes países en 1999.
El tráfico de mujeres y niños está directamente vinculado al desempleo, el mal funcionamiento de las organizaciones sociales, la discriminación y la pobreza, sostuvo en un seminario regional Tahmina Hussain, del Ministerio de la Mujer y la Infancia.
Como el gobierno no puede combatir solo el problema, debe haber una estrecha colaboración entre organizaciones nacionales y regionales, exhortó Hussain.
El tráfico sexual se ha vuelto un problema mundial, destacó June Kukita, funcionaria de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), que ofrece fondos a varias organizaciones que luchan contra el tráfico humano.
Bangladesh, encerrado por India, precisa una buena gestión de gobierno en las zonas fronterizas para poder controlar el tráfico, señaló Giasuddin Pathan, jefe de la Oficina de Asuntos de Organizaciones No Gubernamentales.
El comercio sexual, la venta de órganos y la esclavitud doméstica son los principales destinos de las víctimas del tráfico, afirmó el funcionario.
Trascendió que algunos miembros de la policía ayudan a los traficantes a cambio de dinero, en lugar de contribuir a detener el tráfico.
Salma Ali, presidenta de BNWLA, destacó la importancia de los programas de concienciación pública y acusó abiertamente a la policía de no hacer nada por detener el tráfico.
BNWLA formuló 16 recomendaciones al gobierno para poner fin al flagelo, entre ellas las de dar educación y trabajo a los niños y mujeres vulnerables.
Además, recomendó la asociación, deben constituirse grupos de vigilancia local, integrados por representantes de los gobiernos municipales, líderes comunitarios, maestros y padres.
El parlamento aprobó hace dos meses duras leyes contra el tráfico humano que castigan el delito con la muerte o hasta 20 años de prisión, pero ello no impide, por ahora, que el tráfico continúe como siempre o incluso prospere. (FIN/IPS/tra-en/ti/rdr/mlm/hd/00
