Los tratados mundiales sobre ambiente son intentos por gobernar los recursos del mundo, dado que están dominados por los países ricos y tienden a hallar salidas de bajo costo a expensas de verdaderas soluciones ecológicas, afirma un nuevo libro.
Las delegaciones gubernamentales invariablemente llegan a las conferencias internacionales no con la meta de contaminar menos o salvar más especies de la extinción, sino de que el resultado afecte lo menos posible a sus economías nacionales, acusó Anju Sharma, del Centro para la Ciencia y el Ambiente, de India.
"La diplomacia ambiental se ha convertido en un comercio, y no tiende a crear sistemas justos de gobierno ambiental planetario", lamentó Sharma, coordinadora de la unidad de gobierno ambiental planetario del Centro y coautora de "Política verde, negociaciones mundiales sobre ambiente".
El nuevo libro de 409 páginas, editado por el Centro, esboza y critica cada uno de los principales tratados ambientales internacionales, desde el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático hasta la Convención para Combatir la Desertización y la Convención sobre Diversidad Biológica.
"Desde nuestra perspectiva, el Protocolo de Kioto será un desastre absoluto, porque se basa enteramente en perspectivas de corto plazo", señaló Sharma.
El tratado, que procura reducir las emisiones de los llamados gases invernadero, responsables del recalentamiento del planeta, se inclina por la eficiencia económica en lugar de resolver el problema ecológico, observa el libro.
"Los países industrializados se han concentrado casi exclusivamente en opciones de bajo costo, como la compra de créditos de emisiones", destacó Sharma.
Aunque el libro reconoce que el intercambio de emisiones ofrece una opción barata para la reducción de las mismas, señala que el sistema atrapa a los países en desarrollo en el sector de la energía del carbón.
"Al subsidiar la energía del carbón, probablemente trabará el progreso de las fuentes renovables por mucho tiempo", advierte el libro.
Por lo tanto, agrega, el mundo precisa una meta fija sobre la reducción total de sus emisiones de dióxido de carbono.
Otro acuerdo, la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992, supuestamente protegería los derechos de las comunidades indígenas – que viven principalmente en naciones en desarrollo- sobre sus conocimientos y sus recursos naturales.
Pero según Sharma, quien visitó Washington esta semana, los objetivos de esa Convención se oponen al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIP, por sus siglas en inglés), negociado en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La diferencia básica entre ambos acuerdos radica en la definición de propiedad intelectual, señala el libro.
Mientras la Convención considera los recursos fitogenéticos y el conocimiento sobre su uso como activos de las comunidades locales, el TRIP los concibe como materia prima para el cultivo de alta tecnología y el desarrollo farmacéutico.
"Poderosos intereses económicos y la industria farmacéutica terminaron por dominar las decisiones", lamentó Sharma.
Este caso ejemplifica cómo las preocupaciones del Sur en desarrollo son relegadas a un foro débil, como la Convención sobre Diversidad Biológica, mientras los intereses del Norte industrial se enmarcan en la OMC, cuyas decisiones tienen fuerza obligatoria.
En el capítulo sobre la Convención para Combatir la Desertización, el libro señala que, aunque este acuerdo es esencial para países del Sur, las naciones y organizaciones no gubernamentales del Norte prácticamente lo ignoraron.
A diferencia de los tratados sobre clima y biodiversidad, esta convención fue creada por insistencia de países en desarrollo, en especial de Africa, en el marco de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Las naciones industrializadas consideran que la desertización es un problema local y no merece financiación mundial, sostiene el libro.
Sin embargo, añade, los países del Norte no entienden el vínculo entre su propio sobreconsumo y la degradación de la tierra en los estados pobres, que no obtienen un precio justo por su producto y deben sobreexplotar sus tierras.
Hilary French, vicepresidenta de investigaciones del Worldwatch Institute, una organización ambientalista con sede en Washington, concordó con Sharma en que a pesar del creciente número de tratados ambientales, éstos tienen muy poca fuerza en comparación con los pactos económicos.
"Es claro que el aumento del número de estos tratados no tiene un efecto en el terreno", lamentó French.
Además de la falta de fuerza de los tratados, otro problema es la falta de coordinación en la administración mundial del ambiente, porque cada convención funciona en el marco de las Naciones Unidas con su propia secretaría, señaló Sharma.
El libro sugiere la creación de un organismo coordinador que se llamaría Organización Mundial del Ambiente.
"Si el Sur quiere proteger sus intereses contra el poder de las instituciones de Bretton Woods (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) y la OMC, necesita su propio foro, igualmente poderoso", advierte. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/mlm/en/00
