Vecinos de la ciudad argentina de Rosario cortaron hoy una ruta en protesta por el recorte de un plan que permitía a desempleados recibir 100 dólares al mes, apenas un quinto de lo que el Estado considera básico para la subsistencia.
Los manifestantes, que perdieron la calidad de beneficiarios de los planes de trabajo público precario creados por el pasado gobierno de Carlos Menem (1989-1999), amenazaron con cocinar animales no comestibles para demostrar la urgencia de sus necesidades.
Esta protesta constituye una muestra de la pobreza en que vive 37 por ciento de los habitantes de Argentina, que no consiguen los 500 dólares al mes requeridos para cubrir necesidades básicas.
En este país, el subsidio al desempleo es un beneficio casi inexistente porque para cobrarlo por apenas tres meses debe comprobarse que el solicitante fue despedido de otro empleo, un hecho difícil de documentar dada la enorme masa de trabajadores contratados de forma ilegal e indocumentada.
Los desempleados que realizaron la manifestación residen en las afueras de Rosario, la ciudad más populosa de la provincia de Santa Fe. El gobernador de esa provincia, Carlos Reutemann, admitió este miércoles que la situación social en su provincia es seria. "La cuerda está tensa", advirtió.
En Santa Fe, los planes de trabajo público precario, que asignaba tareas a los beneficiarios durante seis meses, se restringieron este año de 12.700 beneficiarios a 3.700.
En el último mes se sucedieron manifestaciones de familias pobres e indigentes afectadas en distintas áreas de la ciudad de Rosario, que había sido tradicionalmente una ciudad industrial.
En este contexto, y en previsión de saqueos a supermercados en Rosario como los ocurridos a fines de los años 80, en plena crisis de hiperinflación, las autoridades provinciales aumentaron la custodia en los comercios. Reutemann se reunió con el presidente Fernando de la Rúa, quien le prometió ayuda inmediata.
En Argentina hay 12 millones de pobres viviendo en las ciudades y dos millones más en áreas rurales, según un informe del Ministerio de Desarrollo Social difundido en marzo. Casi la mitad (47 por ciento) de los pobres e indigentes son niños y niñas.
En la última década del siglo XX, al mismo tiempo que se superó la hiperinflación en Argentina, la desocupación se elevó hasta 18,6 por ciento, y sólo una parcial reactivación junto con expandidos programas de empleo público precario y transitorio consiguieron que el índice bajara a 13,8 por ciento.
De acuerdo con la letra de los programas, el objetivo era "brindar ocupación transitoria a trabajadores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social, reducir el impacto de la caída del ingreso de los hogares por la pérdida de empleo y mejorar la empleabilidad de los trabajadores".
En 1997 había en Argentina cuatro planes de empleo (Trabajar I, Trabajar II, Forestar y Servicios Comunitarios) que permitieron reducir la desocupación 41,5 por ciento el, según un estudio de la firma consultora Artemio López. Otro 30 por ciento se redujo mediante subsidios del Estado al empleo privado.
Los contratados por seis meses, con opción a renovar hacían tareas de limpieza y jardinería en plazas públicas, pintaban señales de tránsito, reparaban cableado, entre otras tareas comunitarias, muchas de las cuales eran cubiertas por mujeres jefas de hogar.
El trabajo es en Argentina la principal preocupación de la población, mientras la brecha entre ricos y pobres creció hasta ubicarse en el mismo nivel que en 1989, el año en que se inauguró el primer periodo de gobierno de Carlos Menem, reelegido en 1995.
De la Rúa, quien lo sucedió en diciembre, encontró en el gobierno un déficit fiscal elevado, y dispuso una serie de medidas para achicar gastos y aumentar la carga impositiva sobre las clases media y alta. Entre los recortes figuró el Plan Trabajar, que daba empleo precario a 200.000 personas.
El último presupuesto de Menem preveía extender el beneficio a mayor número de desocupados en vísperas de las elecciones de octubre pasado y, luego, la suspensión total de esos planes, financiados por el Banco Mundial. El gobierno de De la Rúa bajó estos puestos de 200.000 a 37.000.
"En este momento en que tenemos graves problemas sociales, todos debemos intensificar los esfuerzos para apuntarlar la recuperación de la economía que ya se vislumbra, pero anticipando esta recuperación debemos atender las necesidades sociales más urgentes", admitió este miércoles De la Rúa. (FIN/IPS/mv/mj/lb/00
