La revelación en Argentina de una red de guardias que alentaba a presos peligrosos a que salieran a delinquir para volver luego a la prisión, a cambio de un porcentaje del producto de asalto, demostró la incidencia de la corrupción en la inseguridad pública.
El fenómeno de connivencia tuvo su pico de tensión el día 11, cuando el juez Alberto Baños, que investigaba a un grupo de presos que salieron a delinquir, recibió el testimonio de un recluso que confesó haber salido con la orden de asesinar al magistrado y a su secretaria.
La revelación -que fue denunciada por Baños ante otro colega- derivó este lunes en la renuncia indeclinable del director del Servicio Penitenciario Federal, Alfredo Ayala, de quien dependen 33 cárceles distribuidas en todo el país.
Ayala dijo desconocer absolutamente la existencia de esta presunta banda dedicada a estimular la salida de presos para conseguir drogas que se vendían en las cárceles, cometer delitos comunes, como robo a comercios o casas particulares, y también para neutralizar peleas o motines dentro de la prisión.
Sin embargo, un diario reveló el domingo la existencia de llamadas telefónicas grabadas por la Secretaría de Inteligencia del Estado en 1999 en las que algunos prisioneros comentan con sus familiares que Ayala los contrató para diversos servicios ilegales con promesas de conseguirles "salidas transitorias".
En Argentina, la inseguridad es el segundo tema que preocupa a la población después del desempleo, de acuerdo a todas las encuestas. Muchos adjudican el aumento de los delitos a la falta de trabajo, pero otros creen que las penas deben ser más duras y debe haber menos posibilidades de excarcelación.
Para ello, se tiene previsto construir más cárceles a fin de solucionar el problema de la superpoblación, que llegaría a 30 por ciento, sobre todo en la capital del país, donde existen condiciones más críticas por hacinamiento y estado de abandono de los edificios.
La policía suele atribuir sus limitaciones para luchar contra la delincuencia en leyes permisivas que habilitan a los detenidos a salir en poco tiempo. Por eso indignó el caso de los presos que salen a delinquir y luego son recibidos en la cárcel, previo pago de un porcentaje de lo obtenido a los guardias.
Un anticipo de este fenómeno tuvo lugar hace un mes, cuando un asalto a una casa particular con toma de rehenes finalizó en el asesinato de uno de los delincuentes cuya foto salió en la portada de los diarios apuntando a la cabeza de un rehén. El delincuente muerto era un preso.
La pesquisa principal comenzó también como la investigación de un delito común: el intento de asalto a un restaurante que culminó con la muerte de un policía que custodiaba la puerta de entrada. El hecho causó fuerte impacto, porque el funcionario fue acribillado a balazos sin que se consumara el asalto.
El juez Baños comenzó a investigar el caso en 1998 y obtuvo la filmación de un lavadero de automóviles contiguo al restaurante en el que se podían ver los rostros de los delincuentes. Así fue como descubrió que los tres delincuentes debían estar presos en cárceles de Buenos Aires por haber cometido otros delitos.
Al comprobar que los involucrados estaban nuevamente presos al comenzar la investigación, el magistrado ordenó que se iniciara una segunda pesquisa, esta vez sobre las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, para establecer si los delincuentes fueron autorizados a salir de la prisión sin permiso judicial.
La investigación permitió conocer que uno de los delincuentes cometió una serie de delitos, bajo el paraguas protector del Servicio Penitenciario Federal. El hallazgo fue ratificado por el propio detenido, quien en una carta al juez confesó que pagaba un porcentaje de lo obtenido a cuatro guardiacárceles.
El detenido decidió colaborar con el juez luego que otro preso que conocía la connivencia de guardias y presos fuera asesinado a balazos en la cárcel por un presunto intento de fuga, cuando era trasladado a un tribunal bajo custodia de funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.
Otro de los prisioneros que intentó asaltar el restaurante murió ahorcado en su celda, presuntamente inducido por reclusos que a su vez fueron incitados por los guardias, según concluyó un investigador judicial.
En la investigación, Baños recogió otros testimonios de presos que salían de la cárcel para delinquir sin permiso o con permisos fraguados. La connivencia era tal que se supo que un guardia que acompañaba en una oportunidad a un grupo de presos que salió a delinquir, participó también del delito y fue detenido.
Finalmente, Baños recibió la semana última la confesión de otro detenido que aseguró que salía de la cárcel con autorización del Servicio Penitenciario Federal para matarlo a él y a su secretaria. Y fundó su testimonio en un pormenorizado relato de los movimientos del juez, miembros de su familia y su secretaria.
La declaración acerca de los nombres de pila de sus hijos y los horarios de toda la familia habrían convencido al magistrado de la existencia de una orden para asesinarlo.
La revelación decidió a las autoridades del Ministerio de Justicia a disponer una purga en la cúpula del Servicio Penitenciario Federal, pero mientras los máximos responsables de la cartera resolvían los alcances de la remoción, el director del Servicio renunció en forma indeclinable.
Según los distintos aportes a la investigación, el epicentro de esta banda estaba en la cárcel de Caseros, en la ciudad de Buenos Aires, pero entre los involucrados está nada menos que el ahora renunciante director del Servicio Penitenciario Federal.
De hecho, Juan Cid pidió en septiembre el retiro de 41 guardias como condición para aceptar el cargo de director del penal de Caseros. Ahora, el Ministerio de Justicia anunció que se investigarán las causas de aquella purga y, si es necesario, se iniciará una investigación penal. (FIN/IPS/mv/ag/ip/00
