El gobierno de Argentina se manifestó optimista acerca del desempeño de la economía en este año, tras 18 meses de recesión, aunque también admitió que la reactivación aún no será percibida por la población.
El ministro de Economía José Luis Machinea afirmó este miércoles que el gobierno de Fernando de la Rúa está poniendo en marcha la economía, pero puntualizó que la magnitud de la recuperación puede ser motivo de discrepancia.
De la Rúa asumió el 10 de diciembre, tras 10 años de gobierno de Carlos Menem, que consiguió acabar con la hiperinflación, privatizó empresas públicas y renegoció la deuda externa. El legado más preocupante del nuevo mandatario es el déficit fiscal, el alto desempleo y una serie de casos de corrupción.
Machinea destacó que en el primer bimestre del año, las exportaciones aumentaron 15 por ciento y también se incrementaron los depósitos en el sistema financiero. Bajaron las tasas de interés, la inflación mostró en marzo tasa negativa, y se consiguió reducir gastos y el costo del endeudamiento público.
No obstante, reconoció que la población ha percibido con mayor contundencia el ajuste fiscal y el aumento de impuestos que la reactivación de la economía, todavía incipiente. El gobierno quisiera estimular más activamente la producción de pequeñas y medianas empresas y bajar el desempleo de su actual nivel de 14 por ciento.
De la Rúa se comprometió a reducir el déficit fiscal, que supera los 10.000 millones de dólares. Junto con el proyecto de ajuste fiscal, el gobierno lanzó una reforma tributaria que gravó a los sectores de medianos y altos ingresos, aunque no modificó los impuestos a productos de consumo masivo.
La nueva administración también propuso al Congreso una reforma laboral para flexibilizar las normas de contratación de trabajadores, descentralizando las negociaciones con los sindicatos. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y es avalada por organismos financieros multilaterales, pero todavía debe ser votada por el Senado.
Miguel Angel Broda, uno de los economistas más consultados por empresarios, banqueros e inversores en Argentina, consideró que el gobierno comenzó bien al abordar la emergencia fiscal, la reforma laboral y el plan para atacar la evasión, pero a su juicio, "aún le falta una agenda estratégica".
Para Broda, el gobierno está "bien encaminado", al apuntar a conseguir la categoría de grado de inversión que otorgan las empresas calificadoras de riesgo. "En materia económica, este gobierno se comportó por encima de las expectativas, hizo un correcto diagnóstico y trabajó relativamente bien", ponderó.
Aparentemente, no había alternativas, según insisten en señalar De la Rúa y el vicepresidente Carlos Alvarez, dirigente del Frente País Solidario, cologado con la Unión Cívica Radical, el partido del presidente.
La actividad económica comenzó a manifestar a fines de 1998 signos debilitamiento que se agudizaron en enero de 1999 debido a la devaluación de la moneda de Brasil, el principal socio de Argentina en el Mercado Común del Sur.
Broda cree que sólo en la segunda quincena de este mes comenzará a revertirse más claramente la recesión y en septiembre, la tendencia estará definida. Sus proyecciones sugieren que este país crecerá en torno de cuatro por ciento este año, y algo más en 2001.
El economista consideró que Argentina está "entrampada" en distintos frentes. El régimen de convertibilidad, que la obliga a mantener un tipo de cambio fijo en la paridad uno-uno con el dólar, y el hecho de que 85 por ciento de deuda externa ha sido contratada en dólares, impiden apelar a una devaluación para bajar los costos.
"Esto implica que los costos en dólares son muy altos", dijo Broda al semanario Noticias. Por eso, coincidió con Machinea en la necesidad de rebajar costos en fletes y tarifas de servicios públicos a través de una renegociación de contratos.
Machinea se manifestó confiado en que en 2001 los costos de las telecomunicaciones disminuirán al menos 40 por ciento, por la apertura del mercado a la competencia a partir de noviembre de este año, tal como fue previsto en el contrato de privatización.
De esta manera, el gobierno apunta a mejorar la competitividad de la economía, comenzando por las exportaciones, y siguiendo por el mercado interno. Todo esto en un marco de confianza de los inversores extranjeros que permita inyectar nuevos capitales, para crear fuentes de empleo. (FIN/IPS/mv/ff/if/00