El gobierno de Argentina justificó hoy la represión policial a manifestantes que protestaban frente a la sede del Senado contra la reforma laboral, con el argumento de que existía un intento de impedir el funcionamiento del Congreso y de vedar el acceso a los parlamentarios.
El ministro del Interior, Federico Storani, dijo que la intervención policial buscó impedir un "intento de copamiento del Congreso", y aceptó que durante el desalojo de manifestantes hubo excesos de policías que actuaron de manera irregular, por lo que se decidió sancionar a 12 de los 200 funcionarios.
La iniciativa de flexibilizar las normas de contratación laboral y de reducir el poder centralizado de los sindicatos es uno de los temas más polémicos que plantea el nuevo gobierno, encabezada por Fernando de la Rúa desde diciembre.
En febrero hubo una movilización cuando se votó la norma en la Cámara de Diputados.
En Argentina, el desempleo alcanza a 13,8 por ciento y la desocupación es la principal preocupación de la población, según todas las encuestas. Sin embargo, el proyecto de reforma oficial, basado en recomendaciones de organismos financieros multilaterales, no cuenta con consenso.
Los sindicalistas que se oponen a esta ley habían advertido que el día en que los senadores se reunieran para tratarla harían una nueva manifestación. Eso estaba previsto para la próxima semana, pero sorpresivamente este martes se aceleraron las negociaciones y se denunció un intento de votarla este miércoles.
Por eso, en la medianoche del martes, un grupo de sindicatos que se separó de la Confederación General del Trabajo en rechazo a este proyecto, inició una vigilia frente al Congreso a la espera del tratamiento de la ley, que finalmente nunca llegó porque la protesta escaló y las negociaciones se suspendieron.
Alrededor de medio millar de manifestantes comenzaron a quemar neumáticos y a impedir que se colocara un vallado metálico rodeando el Congreso, mientras un sector del sindicato de los recolectores de basura acumulaba bolsas de residuos sobre la calle, en una esquina de acceso al edificio, para cortar el paso.
En la madrugada y con una orden de la justicia, la policía lanzó agua contra los manifestantes, arrojó bombas lacrimógenas y disparó con un saldo de una docena de heridos, entre ellos el secretario general del sindicato de empleados judiciales, Julio Piumato, quien recibió una herida de bala en los testículos.
Otra decena de personas fueron hospitalizadas, y también el secretario general del sindicato de transporte público de pasajeros, Juan Manuel Palacios, dijo haber recibido un impacto en una pierna.
Pero la conmoción se originó en una imagen transmitida por la televisión en la que se veía a un grupo de policías pegando y pateando a un hombre herido en el suelo. Uno de los agentes le cortó la ropa con un arma blanca no reglamentaria que se vio claramente en la imágen.
La represión policial, fundamentalmente la que se desató tras el desalojo de la Plaza situada frente al Congreso, fue rechazada por todo el espectro sindical y por los parlamentarios de todos los sectores. El Senado, decidió este miércoles suspender el tratamiento de la ley que originó la protesta.
"Fue una agresión injustificada, una actitud asesina de la policía", comentó Piumato este miércoles desde el hospital. "Yo estaba a 15 metros del lugar de las refriegas, y estaba tratando de dialogar con policías para que frenaran toda esa locura, y fue ahí cuando sentí el impacto de la bala", relató.
El dirigente de los camioneros Hugo Moyano, que hace poco más de un mes lideró la separación de un grupo de sindicatos de la Confederación General del Trabajo, dijo que la represión fue "salvaje e innecesaria", ya que se trataba de una vigilia pacífica de un grupo reducido de manifestantes.
Sin embargo, el ministro del Interior informó este miércoles que las actitudes intimidatorias y las amenazas veladas venían desde hacía varios días desde los sindicatos que se oponen a la ley de reforma laboral, principalmente de los camioneros.
Storani dijo en rueda de prensa que hubo camiones que cortaron accesos a la capital y otros que por intentar circular libremente fueron atacados a balazos en las ruedas. También comentó que los recolectores de basura habían advertido que no harían su trabajo en repudio al tratamiento de la ley.
"Desde 24 horas antes nosotros teníamos información de que se intentaba copar el Congreso, querían impedir por la fuerza el funcionamiento de las instituciones. Todos los intentos de diálogo fueron infructuosos y por eso se ordenó el desalojo, y se detuvo a 49 personas", dijo Storani.
Los detenidos fueron liberados este miércoles por orden judicial, en tanto una nueva refriega se produjo este mediodía entre policías y manifestantes, con un saldo de dos policías heridos, uno con conmoción cerebral.
"Si hubo apartamiento de las normas por parte de algunos policías, hubo también sanciones inmediatas y esos policías ya están a disposición de la justicia, pero el gobierno no va a renunciar a garantizar las manifestaciones pacíficas ni va a tolerar el bloqueo de accesos a la ciudad", afirmó el ministro. (FIN/IPS/mv/ag/ip/00
