El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que decidirá en siete meses si sanciona a países que violen el embargo contra la insurgente Unión para la Independencia Total de Angola (UNITA).
El embargo fue impuesto en 1993, luego de que la UNITA desconoció los resultados de las elecciones generales realizadas en Angola en septiembre de 1992 y reanudó la lucha armada.
Un grupo independiente de tres expertos indicó, en un informe elaborado a pedido de la ONU, que varios gobiernos y personas venden armas, petróleo y otros suministros a la UNITA, y compran diamantes extraídos en territorio angoleño controlado por esa organización, en violación del embargo.
El Consejo decidió el martes, por unanimidad, establecer un "mecanismo de control" para el seguimiento de esas denuncias hasta octubre. A fines de noviembre, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, presentará al Consejo un informe con recomendaciones sobre el modo de fortalecer el embargo.
"El Consejo de Seguridad censurará o sancionará a los Estados que considere responsables de violar las medidas adoptadas contra la UNITA", afirmó el embajador canadiense Robert Fowler, presidente de la Comisión de Sanciones contra Angola del Consejo, quien había solicitado el informe de los expertos.
El Consejo "debe asumir la responsabilidad de emplear su autoridad, y justificar la fe depositada en él por los Estados miembros de la ONU", enfatizó el embajador angoleño Afonso van Dunen.
En el informe de los expertos, presentado al consejo el 15 de marzo, se señaló como violadores del embargo a los presidentes de Burkina Faso y Togo, y a funcionarios de los gobiernos de Bulgaria y Ruanda.
También se mencionó la "aparente incapacidad o carencia de voluntad política del gobierno de Bélgica para reprimir la introducción ilegal de diamantes angoleños (provenientes de territorio controlado por la UNITA) en el mercado" de la ciudad noroccidental de Antwerp.
Representantes de todos los países denunciados rechazaron las acusaciones y arguyeron que el informe se basó en testimonios de desertores y en "rumores", sin tener en cuenta evidencia contraria a sus conclusiones.
Fowler apuntó que la resolución del Consejo "no identifica a nadie ni establece sanciones contra presuntos violadores del embargo", pero que "eso no debe interpretarse como la absolución de ninguno de los Estados que fueron mencionados en el informe del grupo de expertos", sino como una oportunidad para presentar descargos.
La idea de sancionar a quienes no aplican las sanciones, una de las recomendaciones del grupo de expertos, fue discutida a puertas cerradas por el Consejo, y los representantes de algunos países propusieron adoptar medidas de inmediato, pero la mayoría prefirió postergar esa decisión.
El plazo adicional de siete meses significa que el Consejo "se mantiene abierto a todas las opciones", comentó un integrante del organismo.
Representantes de Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Ruanda y Todo reiteraron en la sesión del Consejo sus críticas al grupo de expertos, en tono menos agresivo, y enumeraron las medidas que han adoptado para asegurar que se respete el embargo, incluyendo la creación de comisiones nacionales para investigar las denuncias.
El embajador de Ruanda, Joseph Mutaboba, dijo que esperaba que el nuevo grupo de seguimiento de las denuncias "corrigiera los desequilibrios" del informe del grupo de expertos.
El canciller de Burkina Faso, Youssouf Ouedraogo, afirmó que estaba de acuerdo con la creación del grupo de seguimiento, "si se garantizaba que trabajará en un clima de transparencia y equidad".
En la resolución del Consejo se pidió a los países que refuercen su control de las exportaciones petroleras y de armas, y que mejoren sus procedimientos para certificar el origen de importaciones de diamantes en bruto.
También se instó a la Comunidad para el Desarrollo de Africa Austral a buscar formas de frenar la venta ilegal de petróleo y sus derivados a los territorios controlados por la UNITA.
Otras medidas sugeridas fueron aplicar en forma más efectiva la prohibición de realizar viajes internacionales impuesta a los dirigentes de la UNITA y sus familias, aprobar leyes nacionales que establezcan penas para quienes violen el embargo, y mejorar el control del tránsito aéreo para detectar vuelos ilegales.
"La resolución indica que el Consejo no permanecerá impasible mientras sus decisiones son violadas", subrayó Fowler, cuyo país ocupa la presidencia rotativo del Consejo este mes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy, quien presidió la reunión del martes, afirmó que "la nueva resolución sólo será eficaz si el régimen de sanciones se vincula con un proceso de negociación más amplio, y con un total respeto de todas las partes por los derechos humanos"
"Esto se aplica al gobierno de Angola tanto como a la UNITA. Las autoridades angoleñas deben asumir plenamente las responsabilidades que tienen con los ciudadanos de ese país", explicó.
"Exhortamos a la UNITA y al gobierno de Angola a demostrar su capacidad de liderazgo, mediante la negociación de un acuerdo sobre las bases establecidas en Lusaka (en noviembre de 1994) y su plena implementación", añadió. (FIN/IPS/jw/da/mp/ip/00
