Al contrario de lo que afirma la izquierda más radical, el proceso de apertura comercial y de globalización en América Latina no acarrea necesariamente la desaparición de la cultura de los pueblos indígenas, según dos investigadores de Cepal.
La mundialización o globalización abre a las comunidades étnicas oportunidades negadas en las estrechas fronteras del Estado-Nación y les posibilitan mayores espacios de comunicación y de alianzas, según los expertos Eduardo Bascuñán y John W. Durston.
Los tratados comerciales en el contexto de la globalización y las nuevas dimensiones que establecen para el autodesarrollo indígena son los temas de la investigación realizada por Bascuñán y Durston y difundida por Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
El estudio se hace cargo de la tendencia manifiesta desde la década del 90, con movimientos indígenas en situaciones de conflicto, como el de Chiapas en México, que construyeron redes de información y de alianzas gracias a la red informática mundial Internet.
La "red de redes" permite que las organizaciones mapuches de Chile y Argentina analicen las movilizaciones indígenas que en enero derrocaron al presidente Jamil Mahuad en Ecuador con información de primera mano, aportada por los propios protagonistas de ese movimiento.
Las protestas, a su vez, de los mapuches en el sur de Chile contra empresas forestales o la central hidroeléctrica de Ralco son también acompañadas por grupos indígenas de la región y concitan acciones solidarias de una vasta red de organizaciones no gubernamentales en América y Europa.
La globalización implica desplazamientos de capitales bajo formas de inversión a menudo agresivas para las comunidades aborígenes, que ven amenazadas no sólo sus tierras sino también su patrimonio cultural y ambiental por proyectos mineros, pesqueros, forestales o energéticos.
Para los activistas de los derechos indígenas en España, las "tres carabelas" de la nueva empresa de conquista en América Latina son la compañía eléctrica Endesa, con presencia en Chile, la petrolera Repsol, instalada en Argentina, y Telefónica, con inversiones en varios países de la región.
La economía es la faz más visible y polémica de la globalización y plantea requerimientos específicos para los tratados comerciales, que deben regular sus impactos en el ambiente, el empleo, la cultura y otras áreas, señalaron Bascuñán y Durston.
En Chile, el Centro Mapuche de Derechos Humanos, que tiene su sede en Tirúa, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, sostiene que la universalización no debe ser un proceso sólo económico y que debe existir una instancia internacional capaz de controlar o evaluar sus efectos culturales.
La organización, dirigida por Evangelina Faundez, Iván Carilao, Luis Llanquilef y José Ñanco, señala que en Chile "gobiernan los banqueros y las empresas transnacionales" y no existe una diversidad que posibilite una "universalización efectiva de las culturas que comparten un mismo suelo".
El centro postula una estrategia de lucha por los derechos indígenas a través de "una sociedad civil en movimiento" y rescata, como método inspirador de las comunidades, "la tradición de prudencia, cordura y sabiduría" de sus ancestros.
Ejemplos como el de este centro mapuche se multiplican en todo el continente americano, a través de la resistencia indígena a los impactos negativos de la globalización tanto en la arena económica, como ambiental y cultural y en los esfuerzos de preservación de su identidad.
Las respuestas son diversas, pero un rasgo interesante detectado por Bascuñán y Durston apunta que en algunos casos, como el de los mayas en Guatemala, la defensa de la identidad ya no se basa tanto en rasgos externos sino en el sistema de valores heredados de sus antepasados.
La globalización, como fenómeno cultural, provoca cambios en manifestaciones externas de las sociedades, como el vestuario o el lenguaje, pero a menudo las minorías étnicas se apropian de esas externalidades para reforzar su identidad en contraste "con las diversas identidades indígenas promovidas por los foráneos".
El trabajo difundido por Cepal apunta como uno de los aspectos determinantes para las comunidades indígenas el hecho de que la internacionalización de la economía sobrepasa la vieja estructura del Estado-Nación, agente dominante de las minorías étnicas.
La presencia de la población maya en México y América Central, de los pueblos quechuas entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, de los aymaras en Bolivia y Chile, de los mapuches en Argentina y Chile no guarda relación con las fronteras nacionales gestadas desde la colonización española hasta la independencia.
La capacidad de los pueblos indígenas para echar mano a los recursos comunicacionales que les entrega la globalización para defenderse de los efectos de este mismo fenómeno es uno de los aspectos más destacados del nuevo escenario étnico en América Latina.
La construcción de alianzas internacionales permite a los grupos indígenas de la región nutrirse de la experiencia que los grupos étnicos de Estados Unidos y Canadá ganaron ejerciendo presión en sus luchas ambientales contra empresas madereras y pesqueras, apuntan los autores.
En México, las mujeres mazahuas han desarrollado prácticas propias de organización y "un aprendizaje del discurso" para negociar con las autoridades, mientras los cunas de Panamá crean sus propias empresas de turismo "etno cultural" y los shuar de Ecuador dan ejemplo de la defensa del ambiente en su pugna con empresas petroleras. (FIN/IPS/ggr/mj/en hd/99
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