El principal escollo que frena el desarrollo de Nicaragua es la cultura de corrupción enquistada en el gobierno, las empresas privadas y la sociedad civil, sostienen especialistas.
Distintos expertos coinciden en que los constantes escándalos que involucran a funcionarios públicos y dirigentes empresariales y sociales han creado un clima interno de incertidumbre y perjudican la imagen internacional del país.
"La sociedad nicaragüense está viviendo una corrupción social brutal", aseguró a IPS el vicepresidente de la Contraloría General, Francisco Ramírez.
Los asaltos, asesinatos, secuestros, violaciones, parricidios, violencia doméstica, prostitución y estafas ya son hechos cotidianos en las ciudades nicaragüenses, añadió.
La crispación social crece ante casos de malversación de fondos y tráfico de influencias que involucran a miembros del gobierno y otros dirigentes políticos, denunciados por la prensa en forma diaria.
El economista Rodolfo Delgado, director del no gubernamental Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), dijo a IPS que "hay un alarmante aumento en la percepción de la corrupción".
El IEN es un centro que realiza investigaciones y encuestas sobre paz, democracia, derechos humanos y gobernabilidad.
En su última consulta nacional difundida este mes, el IEN reveló que 71,6 por ciento de los nicaragüenses considera que el gobierno "no es ni justo ni honesto".
En el estudio se encontró también que 84 de cada 100 nicaragüenses perciben que hay corrupción en todo el país, incluyendo a las instituciones del Estado, las empresas privadas y a la nación en general.
Delgado explicó que la opinión pública "está bien informada", cuando responde que en Nicaragua no se juzga a los corruptos y que hay un alto grado de impunidad.
Frente a esto, la Iglesia Católica se pronunció en favor de una "conversión social" para diseñar planes de lucha contra la corrupción y castigo a los culpables.
Bernardo Hombach, obispo de Río San Juan y Chontales, en el sur del país, cuestionó la investidura de poder de la que se valen muchos políticos y funcionarios para cometer irregularidades.
Los políticos que cometen faltas sólo reciben como castigo la separación de sus cargos, "mientras que alguien que roba una gallina cae preso por dos años", afirmó .
El parlamento nicaragüense discute en la actualidad una reforma al Código Penal, que establece el delito de corrupción con penas de hasta ocho años de cárcel.
Además, una nueva "ley de contrataciones del Estado" fue aprobada a comienzos de enero, en la que se eliminó el carácter de inamovible del funcionario público y se establecieron normas para el despido en caso comprobarse actos de corrupción.
Pero muchos opinan que estos esfuerzos son apenas una gota de agua en el desierto.
Las acusaciones de corrupción han alcanzado incluso al presidente Arnoldo Alemán, a quien el anterior contralor Agustín Jarquín acusó de aumentar su riqueza personal en 900 por ciento desde que llegó al gobierno en 1997.
El punto culminante de esta situación se dio en noviembre, cuando un juez acusó de mal manejo de fondos públicos y encarceló a Jarquín, a lo cual éste respondió diciendo que se trataba de una maniobra de Alemán para acallarlo.
El funcionario fue puesto en libertad ante las protestas de organismos internacionales, y en enero el Congreso decidió transformar la contraloría sustituyendo la figura de contralor por un comité colegiado de cuatro miembros.
"Para nosotros, este tipo de escándalos no ha pasado desapercibido", indicó a IPS Christopher Neal, director del Banco Mundial para asuntos de América Latina y el Caribe.
Neal comentó que el organismo multilateral siguió de cerca estos acontecimientos, pues le otorgó créditos por varias decenas de millones de dólares a Nicaragua para educación pública, modernización estatal y el sistema de salud.
El recelo de otros organismos internacionales ha sido mayor y algunos países, principalmente de Europa, ya amenazaron con frenar el desembolso de donaciones si persiste la corrupción.
El último escándalo que sacudió los cimientos políticos de Nicaragua fue la acusación de actos de corrupción contra el director general de ingresos del Ministerio de Hacienda, Byron Jerez.
Jerez, una figura de fuerte incidencia en el país, comenzó a ser investigado por supuestas compras ilegales y ventas de notas de crédito que pertenecían al Estado.
Algunos analistas políticos señalaron que el fenómeno de la corrupción pasó a ser motivo de debate en Nicaragua debido, en buena, parte al papel fiscalizador que está jugando la prensa.
"Antes, en nuestro país hablar de estos temas era tabú, pero hoy se discuten públicamente porque tenemos una gran libertad de prensa", aseguró a IPS la directora del Comité Nacional de Integridad, Haydée Acosta.
Acosta dirige una oficina gubernamental cuya misión es promover los valores de honestidad entre la población, para lo cual elaboró un plan nacional.
Para cumplir el programa se realizan actividades en todo el país y se ha creado una serie de historietas para niños de enseñanza primaria protagonizadas por personajes honrados.
Para Acosta, el problema de la corrupción es algo que hay que combatir con bases culturales desde el proceso de formación de los niños.
Es que los escándalos en Nicaragua no son un fenómeno nuevo. En los años 80 se dio un proceso de corrupción que más tarde fue conocido como "la piñata", en el que funcionarios del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional fueron acusados de apropiarse en forma ilegal de bienes del Estado.
"Para lograr que Nicaragua sea un país más probo tenemos una gran tarea por delante, necesitamos fortalecer nuestras instituciones y nuestros valores, pues sabemos que no es posible cambiar la cultura de la corrupción con un decreto", dijo Acosta. (FIN/IPS/nms/dm/ip/00
