Indignación causó entre los movimientos ecologistas de Chile el último acto del gobierno de Eduardo Frei, quien logró que la Contraloría General de la República revisara una resolución anterior y autorizara la construcción de la polémica central hidroeléctrica de Ralco, en el sur del país.
Frei, quien entregó este sábado el cargo de Presidente de la República a Ricardo Lagos, consiguió que la Contraloría tramitara con suma urgencia las presentaciones gubernamentales en favor del proyecto Ralco y que en la tarde de este viernes "tomara razón" de los decretos que entregan a la firma hispano-chilena Endesa la respectiva concesión eléctrica.
La propia Contraloría había rechazado en febrero los decretos, advirtiendo diligencias pendientes por demandas judiciales contra la obra situada unos 500 kilómetros al sur de Santiago, ante lo cual Endesa decidió suspender la construcción de Ralco desde el 1 de marzo.
La decisión de Endesa, que provocó protestas de unos 400 trabajadores amenazados con perder sus empleos, fue interpretada por el Grupo de Acción por el Bíobio (GABB), como una presión de Endesa para que se autorizara la obra por sobre las ilegalidades denunciadas por los ecologistas.
El GABB es una coalición de organizaciones ecologistas, sociales e indígenas que rechaza la construcción de Ralco, una megacentral hidroeléctrica en el curso superior del río Bíobio que entaría en funcionamiento el año 2003 para aumentar en 570 megawatts la oferta de energía.
Los ecologistas argumentan que la obra destruirá un ecosistema fluvial cordillerano único en el mundo e implicará un etnocidio, ya que la represa de Ralco inundará las tierras de unas 100 familias pehuenches, una rama de la etnia mapuche que habita ancestralmente el lugar.
Juan Pablo Orrego, director del GABB advirtió que la organización insistirá en defender a 20 familias pehuenches que se niegan a abandonar sus tierras, aunque ello implique desatar un conflicto entre la normativa eléctrica y la Ley de Desarrollo Indígena, a su juicio atropellada por Frei.
Es probable que Endesa reinicie el lunes los trabajos de construcción de Ralco y que ese mismo día se presenten nuevos recursos legales contra la obra, además de emplazamientos de indígenas y ecologistas al nuevo gobierno de Lagos para que tome una posición en el conflicto.
En una declaración conjunta, el GABB, el Instituto de Ecología Política (IEP) y la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace) calificaron como una "desagradable sorpresa" el cambio de la resolución de la Contraloría y fustigaron a Frei por su "obstinación" para hacer aprobar la construcción de Ralco.
Según los ambientalistas, existen al menos tres situaciones ilegales en torno al proyecto, relativas a su impacto ambiental, los derechos de propiedad de los pehuenches y los derechos de agua.
Recordaron, así mismo, que Alvaro García, ministro de la Secretaría General de la Presidencia del flamante gobierno de Lagos, consideró hace dos semanas que el proyecto de Ralco es antieconómico, ya que existirían otras opciones más razonables para cubrir el crecimiento de la demanda de electricidad.
El GABB, el IEP y Renace señalaron igualmente que en los tribunales de Madrid se tramita una querella por genocidio del pueblo pehuenche contra Endesa-España, accionista mayoritaria del consorcio chileno Enersis, del cual forma parte a su vez Endesa- Chile.
Las tres organizaciones acusaron a Frei de "una actitud solapada" para materializar su reconocido apoyo a Ralco con procedimientos "que denotan corrupción y arbitrariedades inentendibles".
Los ambientalistas expresaron su temor de que exista un pacto a favor de Ralco entre Frei y Lagos, considerando que ambos pertenecen a la misma coalición política, la Concertación por la Democracia, aunque el nuevo mandatario es socialista y su antecesor demócrata cristiano.
"La aprobación de Ralco, así como tantas otras (resoluciones en favor de proyectos de inversión), no fue una decisión técnica o legal, sino claramente una decisión política en el peor sentido de la palabra", concluyó la declaración. (FIN/IPS/ggr/en ip/99
