La crisis económica, las tensiones sociales y los rescoldos de casi dos décadas de violencia política en Perú inciden en el aumento del maltrato familiar, señalan expertos, quienes reclaman atención más rápida y amplia de las denuncias.
Este grave problema cobra mayor actualidad en el país con motivo de la celebración este miércoles del Día Internacional de la Mujer.
El 2000 fue declarado "Año contra la violencia familiar" por el gobierno de Alberto Fujimori, que cuenta en su haber con la promulgación en 1993 de una ley de prevención y erradicación de las agresiones en el ámbito doméstico.
Sin embargo, los resultados no acompañan todavía a estos propósitos, pues el número de denuncias tiende a incrementarse desde entonces.
El año pasado fueron presentadas unas 9.000 denuncias de agresiones y maltrato doméstico, 23 por ciento más que en 1998, y más del doble que las registradas hace cuatro años.
"Es posible que el incremento estadístico se deba a que cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar a sus esposos, pero no sabemos con exactitud la magnitud del problema porque todavía hay sectores que tienen reticencia o temor" a hacerlo, comentó la abogada Doris Blas.
La profesional, integrante del equipo legal del "Movimiento Manuela Ramos", indicó que las organizaciones feministas de este país otorgan al combate contra la violencia familiar la misma prioridad que a la lucha por ampliar los espacios de poder político de las mujeres.
Agregó que, "si bien la participación en el poder nos dará a las mujeres mejores posibilidades para resolver asuntos que agobian al género, no podemos postergar la urgencia de resolver el problema más importante que afrontamos en nuestro país".
En 1993 se aprobó una ley que sanciona la violencia familiar y surgieron organismos para atender las denuncias y apoyar a las mujeres golpeadas por sus maridos.
En ese marco se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, que coordina las acciones de instituciones de protección a las mujeres y la infancia.
Entre otros, se cuentan las Comisarías de la Mujer, conformadas con personal femenino y que atiende casos de violencia familiar, acoso sexual y violación.
Para comprender mejor la importancia de estos avances, la periodista Vilma Loli destacó el hecho de que antes "los policías varones adoptaban actitudes burlonas o indiferentes ante las denuncias, haciendo más difícil que las mujeres se atrevieran a formularlas".
También fueron creadas las Defensorías Municipales en los 43 distritos en que están divididos Lima y Callao, donde asistentas sociales, médicas, psicólogas y policías acogen las denuncias y brindan atención especializada.
Mirian Yauli, de la Defensoría del distrito de Lurigancho, afirmó que, de los 9.000 casos de violencia familiar registrados el año pasado, 2.782 fueron derivadas a la instancia policial y una cantidad menor a la justicia.
"La mayoría de las denunciantes retroceden al llegar a este punto, ya que les parece que la detención por algunas horas en los recintos policiales es lección suficiente para el esposo agresor y, además, temen perder el sustento familiar si llevan las cosas más adelante", añadió.
"La ley para prevenir y sancionar la violencia doméstica, parece completa y adecuada, pero su trámite es lento, lo cual la hace insuficiente e inadecuada", dijo Carmen Huamalí, asistenta social de otro distrito limeño.
Por su parte, Blas señaló que "el problema no es únicamente la vacilación de la mayoría de las mujeres en proseguir el caso ante la justicia, sino la lentitud del trámite, lo cual desalienta a muchas de ellas".
"Primero tienen que registrar la denuncia en la comisaría, luego pasar por el examen médico, regresar con el diagnóstico ante la policía, que preparará el atestado para ser elevado a la fiscalía, encargada de citar a las partes hasta en dos oportunidades", describió.
Cuando se llega "hasta este punto ya pasaron entre seis u ocho meses, y es probable que el agresor, quién desde el primer momento amenazó con represalias económicas, ya le pegó nuevamente a su víctima dos o tres veces más", explicó Blas.
Blas y otras abogadas feministas, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y con la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano del Congreso, se concentran en la identificación y solución de los obstáculos que limitan la efectiva aplicación de la normas promulgadas.
"Tenemos que llegar a un trámite sumario para atender las denuncias de violencia contra la mujer. La justicia si es morosa no es justicia", afirmó.
La presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano del Congreso, Aurora Torrejón, sostuvo que el problema no es sólo por deficiencias de la ley sino de la formación de los hombres y mujeres de este país.
"Las leyes son el marco, pero dichas leyes pueden hacer poco si no sintonizan con la formación básica de las personas que deben cumplirlas, exigirlas y hacerlas cumplir", dijo Torrejón.
"Cuando una persona ha visto la violencia en el seno de su familia, tiende a considerar que es algo natural y traslada esa situación a su entorno familiar actual, los hombres golpean y las mujeres creen que eso es feo pero irremediable", añadió.
"Creo que debemos poner mas énfasis desde las escuelas primarias en modelar una actitud correcta en hombres y mujeres", concluyó. (FIN/IPS/al/dm/hd ip/00
