Son 10.000 las radioemisoras ilegales de baja potencia que, según el Ministerio de Comunicaciones, operan en Brasil, en una guerrilla librada con sus competidoras legales y con los organismos de control del Estado por la ondas y la audiencia.
Cerca de 80 por ciento de las radios ilegales quieren legalizar su existencia y formalizaron el pedido, de acuerdo con la ley de Radiodifusión Comunitaria, vigente desde febrero de 1998.
La Asociación Brasileña de Radios Comunitarias (Abraco) calcula que son 20.000 las pequeñas emisoras locales que reclaman reconocimiento, en nombre de la "democratización" de los medios de comunicación y del derecho a la información y a la libre expresión.
Dos años después de aprobada la ley, el gobierno, por un lado, mantiene las radios en total clandestinidad por la tardanza del Ministerio de Comunicaciones, y, por otro, las reprime, cerrando a las que logra localizar, se quejó Emmanuel Emir, dirigente de la Abraco en Río de Janeiro.
El año pasado fueron cerradas 2.871 emisoras, según datos oficiales de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, organismo responsable de regular y controlar el sector, que comprende también telefonía y televisión.
La represión prosigue con la misma intensidad, pero la mayoría de las alcanzados vuelve a la actividad muy pronto, admiten las autoridades. La Abraco orienta sus asociados a recurrir a la justciaia para recuperar los equipos.
El Ministerio de Comunicaciones, encargado de examinar los pedidos de legalización, aprobó hasta ahora a cerca de 100 emisoras comunitarias, cifra que se elevará a 160 en los próximos dias, informó Eduardo Balbino, portavoz de la cartera. Otras 300 necesitan agregar documentos para validar sus pedidos.
Pero la autorización final para que esas emisoras operen de manera legal depende aún de aprobación del Congreso legislativo.
El presidente Fernando Henrique Cardoso fijó como meta de su gobierno, que termina en 2002, legalizar 4.000 radios comunitarias, reconociendo su papel en la educación, los servicios, la cultura y las tradiciones de comunidades locales.
Pero la Abraco considera que la legislación es demasiado restrictiva. Limita, por ejemplo, el alcance de las emisoras a un radio de apenas un kilómetro. Es muy poco para cualquier barrio y nada en comunidades con mayor dispersión geográfica, cuestionó Emir.
La potencia permitida, 25 vatios, es suficiente para que las emisiones sean captadas hasta a ocho kilómetros de distancia, agregó.
La reglamentación del Ministerio de Comunicaciones endureció más aun las reglas, "violando su propia ley", según el líder del movimiento, quien mencionó en ese sentido la prohibición de publicidad comercial.
La ley solo recomienda que las radios comunitarias se financien con contribuciones de apoyo cultural, recordó Emir.
Todas esas restricciones responden a presiones de los dueños de radios comerciales, reunidos en la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) y que temen una competencia democrática, acusó.
El Congreso legislativo aprobó las limitaciones porque muchos diputados y senadores son también empresarios del sector, añadió.
La concesión de emisoras a dirigentes políticos fue en el pasado, especialmente en los años 80, una forma en que el gobierno "compraba" votos para asegurar la aprobación parlamentaria de sus proyectos.
La ABERT, por otro lado, reclama una represión más dura a las "radios pirata", que interfieren en las transmisiones de sus afiliadas, usan una potencia superior a la permitida y venden publicidad a precios bajísimos.
"El gobierno no cumple con su deber de cerrar todas esas emisoras ilegales, que surgen en cantidad mayor a las cerradas", sostuvo Joaquim Mendonza, presidente de ABERT. Su proliferación es sensible en Sao Paulo y Rio de Janeiro, donde las frecuencias están congestionadas y la represión es débil, señaló.
"Ese es un problema general en América Latina. Argentina legalizó unas 2.000 radios comunitarias y surgieron otras 2.000", observó Mendonza.
En ciudades del interior de Brasil hay a veces tres o cuatro emisoras "piratas" por cada una legal, cuya existencia se hace imposible ante la competencia desleal, añadió.
El dirigente empresarial teme que la radiodifusión esté condenada así a la misma corrosión que sufre el comercio, por la informalidad de los vendedores callejeros, y el transporte urbano caótico por los vehículos que ocupan ilegalmente el lugar de autobuses.
El movimiento brasileño de radios clandestinas, inicialmente llamadas "libres", empezó en 1970, pero se intensificó en los años 80, especialmente después que la Constitución de 1988 previó su existencia y reglamentación.
Las radios comunitarias solo pueden ser creadas por instituciones sin fines de lucro de su misma zona y prestar servicios a la población local. Vedada la publicidad comercial, dependen de patrocinios para sobrevivir.
Además de su importancia en dar voz a las comunidades, como medio interactivo, esas emisoras ofrecen 150.000 empleos en todo el Brasil, según Emir. (FIN/IPS/mo/mj/cr dv/00)
