El debate previo a las elecciones generales del próximo domingo en España se ha centrado en la cuestión social, y en especial en la búsqueda del decisivo voto de los jubilados y pensionados.
Joaquín Almunia, candidato del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), anunció este martes su programa para los 100 primeros días de gobierno, que incluye un aumento de las pensiones mínimas y no contributivas (las que perciben quienes no hicieron aportes previsionales), con efecto retroactivo al 1 de enero.
También prometió el pago en julio de una prestación extraordinaria por única vez a quienes reciben esas pensiones.
José María Aznar, actual presidente del gobierno, del centroderechista Partido Popular (PP), también había hecho el domingo promesas gratas para los jubilados y pensionados, cuya mayoría tradicionalmente vota a los socialistas.
Aznar aseguró que si gana dispondrá un aumento de hasta 10 por ciento de todas las pensiones.
El domingo 12 se renovará totalmente el parlamento español, a cuyo Congreso de los Diputados le corresponderá designar al presidente del Consejo de Ministros, jefe de gobierno equivalente al primer ministro de la mayoría de los demás países europeos y al canciller de Alemania.
Todas las encuestas realizadas indican una intención de voto mayoritaria entre los consultados para el PP, con una ventaja sobre el PSOE que oscila entre 4,6 y 7 por ciento de los votos.
Sin embargo, la intención de voto al PP registrada no le daría a ese partido la mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso, necesaria para designar al presidente del Consejo de Ministros en la primera votación.
Si el PP no cuenta con mayoría absoluta deberá recurrir a un pacto con otras fuerzas de centro y de centroderecha, como los nacionalistas y regionalistas de Cataluña, País Vasco e Islas Canarias.
Pero si el partido gobernante no logra alianzas suficientes para formar mayoría, y el PSOE y la coalición Izquierda Unida (IU) logran una buena votación, esos dos grupos opositores podrían buscar aliados para impulsar a su propio candidato a la presidencia.
Es por eso que ha adquirido una gran importancia la disputa por el voto de los indecisos, los jubilados, los pensionados y lso desocupados, sectores más interesados en mejorar su situación social que en debates sobre política exterior o de defensa, casi ausentes de la campaña.
Almunia pidió a los ciudadanos que apoyen su programa para los primeros 100 días de gobierno y que le exijan responsabilidades por su cumplimiento.
La respuesta del PP fue recordar que cuando el PSOE dejó el gobierno en 1996 el sistema de seguridad social estaba en quiebra, con un fuerte déficit, y que tras cuatro años de gobierno de Aznar esa institución tiene superávit.
El partido gobernante también señaló que en 1985, cuando Almunia era ministro de Trabajo del gobierno del PSOE, dispuso rebajas en las pensiones de viudas y jubilados, y que ese hecho incluso provocó la ruptura con el gobierno de la central sindical Unión General de Trabajadores, de orientación socialista.
El programa de Almunia para los primeros 100 días de gobierno también incluye crear un impuesto extraordinario a las empresas privatizadas, frenar los abusos de las empresas que brindan empleo temporal e impulsar una modificación de la ley de impuesto a la renta para favorecer a los trabajadores de menores ingresos.
El candidato opositor prometió asimismo crear una delegación del gobierno contra la violencia de género, adelantar la fecha de la extinción del servicio militar obligatorio, reducir 4,5 por ciento las tarifas de energía eléctrica, anular el alza prevista de las tarifas telefónicas y cerrar dos centrales nucleares.
En el plano internacional, sus compromisos más claros son promover de inmediato la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional y condonar la deuda que tienen con España los 10 países más pobres del planeta. (FIN/IPS/td/mp/ip/00)
