La inscripción de 800.000 familias en menos de tres semanas en respuesta al anuncio del presidente de Perú, Alberto Fujimori, de donar terrenos a personas carentes de viviendas reabrió el debate de la planificación del crecimiento urbano.
"El problema no se refiere únicamente a la necesidad de planificar, también hay que establecer quienes tienen derecho y obligación de participar en el debate sobre cómo deben crecer las ciudades", comentó el arquitecto urbanista Mario Zolezzi.
"Fujimori prometió regalar terrenos para vivienda con el fin de conjurar un problema político, sin tomar en cuenta a los técnicos de planificación urbana ni a los municipios, que representan a la población civil", añadió.
La oferta presidencial fue formulada en febrero bajo una fuerte presión política y para detener la ola de invasiones a terrenos agrícolas de propiedad privada en los alrededores de Lima, protagonizada por decenas de miles de familias "sin casa".
"El problema con las invasiones es que el actual gobierno quitó al municipio metropolitano la función de planificación urbana, no creó ningún organismo responsable del tema y maneja con criterio político ese grave problema social", opinó Michel Azcueta, candidato al parlamento por la oposición.
La primera ocupación fue protagonizada a fines de enero por unas 25.000 personas en terrenos de Villa el Salvador, calculando que el gobierno de Fujimori, quien aspira a un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 9 de abril, no estaba en condiciones de ordenar su expulsión a la fuerza.
Los intentos por persuadir a los ocupantes fueron infructuosos y la imagen de debilidad del gobierno estimuló una ola de invasiones en distintos lugares de Lima y del resto del país.
Los partidos opositores estaban listos para denunciar los excesos de la represión, si las personas eran retiradas de manera violenta, o de acusar al gobierno de no hacer respetar la propiedad privada si no los sacaba, pero Fujimori optó por ofrecerles terrenos del Estado.
Los ocupantes de Villa el Salvador aceptaron la oferta y fueron trasladados con sus precarios muebles en camiones del ejército a la llamada Ciudadela Pachacutec, donde les entregaron terrenos de 90 metros cuadrados.
Posteriormente el gobierno se comprometió a construir calles, instalaciones sanitarias, escuelas y centros médicos.
Estas acciones promovieron de inmediato nuevas invasiones en varias partes de Perú, que las autoridades contuvieron abriendo una lista de inscripciones para todas las familias carentes de vivienda propia, "para otorgar después de las elecciones" terrenos similares a los de Ciudadela Pachacutec.
Antes del 4 de este mes, sólo tres semanas después del anuncio, se inscribieron 821.000 personas, más de la mitad de ellas con la esperanza de obtener parcelas de 90 metros cuadrados en los arenales y cerros que rodean a la capital peruana.
En caso de que el Estado peruano cumpla su promesa, Lima incrementará abruptamente su extensión en 20 por ciento de su superficie actual.
De esta manera "Fujimori evitó poner en riesgo sus expectativas electorales, pero ha creado un problema muy grave, que deberá afrontar el próximo gobierno", explicó el sociólogo Ricardo Llanos, de la organización no gubernamental Población y Desarrollo.
"Si el próximo presidente, sea Fujimori o cualquier otro, ignora la oferta tendrá problemas políticos y probable violencia social, pero si trata de cumplir lo prometido tendrá grandes gastos y agravará el caos y déficit de servicios urbanos que ya caracteriza a Lima", comentó Llanos.
Destacó, además, que el origen de la propiedad de casi la tercera parte de la capital peruana surgió de invasiones masivas u "ocupaciones hormiga" (por terreno) producidas en la segunda mitad del siglo XX.
Por lo general los gobiernos tratan de desalojar a la fuerza a los ocupantes, pero muchas veces los "sin casa" ganan la contienda y el Estado termina por reconocerles la propiedad de los terrenos y luego interviene para organizar el asentamiento, traza calles y, luego de largos años, les proporciona servicios.
Esa forma de acceder a la propiedad inmobiliaria ha generado en este país una muy difundida "cultura de la invasión", que acelera la inmigración masiva del campo a la capital. También el fenómeno se repite en la mayoría de las ciudades de la costa del océano Pacífico y en algunas de la sierra.
Los inmigrantes que se instalan en los barrios que rodean a las ciudades carecen de hábitos urbanos, viven en la pobreza y soportan una situación de déficit de servicios sanitarios, que el Estado, carente de recursos y de adecuadas políticas de vivienda, no puede resolver.
Lamentablemente, la expectativa generada por lo ocurrido con el asentamiento de Villa El Salvador "es casi un camino sin retorno, pues para que Fujimori no les saque ventaja electoral los demás candidatos han hecho suya la promesa", dijo el arquitecto Jorge Ruiz, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del gobierno de Lima.
Ruiz sostuvo que "será necesario ponerle el cascabel al gato más adelante y preparar una racional política de vivienda, que debe pasar por una efectiva descentralización, restituyendo a los municipios la competencia sobre los terrenos fiscales". (FIN/IPS/al/dm/pr dv/00
